Alberto Anaya, líder del Partido del
Trabajo (PT) es, para la Procuraduría General de la República (PGR), presunto
responsable de lavar 100 millones de pesos del gobierno de Nuevo León.
De acuerdo
con un documento emitido por la Procuraduría el 10 de agosto, la denuncia de hechos es “en contra de la
persona física María Guadalupe Martínez (esposa del líder del PT) y/o en contra
de quienes resulten responsables, mencionando a la persona de nombre Alberto
Anaya Gutiérrez, Laura Elena Guerra Martínez, María Mayda Paredes Díaz, Héctor
Quiroz García y Carlos Hugo Castañeda, por el delito de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”.
Israel Lira
Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, dijo
que la dependencia aseguró cuentas bancarias (cuatro) ligadas a esa presunta
red criminal.
Señaló que el aseguramiento busca
evitar el ocultamiento o utilización de esos recursos con fines distintos a la
construcción y mantenimiento de Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), para
los que originalmente fueron entregados esos recursos por 100 millones de
pesos.
En la audiencia del sábado pasado
realizada ante el juez de Control de la Ciudad de México, los representantes de
la PGR explicaron que la red está conformada por cuatro personas.
Detallaron que Guadalupe Rodríguez,
esposa de Alberto Anaya, realizó las transacciones en las que participaron
también María Mayda Paredes, miembro del PT y regidora de Monterrey, María
Cristina Martínez y Héctor Quiroz, dirigente del partido en Aguascalientes.
Al detallar
parte de la investigación que realizaron, los representantes de la Procuraduría
explicaron que María Guadalupe Rodríguez fue quien recibió en enero pasado 100
millones de pesos del gobierno de Nuevo León.
Los recursos
eran para la construcción y mantenimiento de 17 Cendis que administraría el
Frente Popular Tierra y Libertad, organización social vinculada al PT.
Los 100
millones fueron trasferidos a un fondo de inversión y, después, depositados a
diferentes cuentas bancarias, entre el 2 febrero y el 13 de junio pasado.
A María Cristina
Martínez le fueron transferidos 6 millones de pesos y ella retiró 4.4 millones;
mientras que a María Mayda Paredes Díaz le depositaron 9 millones y sacó 3.5
millones de pesos.
En cuanto a
Héctor Quiroz, se le transfirieron 12 millones 899 mil 909 pesos, y él hizo más
de 50 retiros por 11 millones 8 mil 592 pesos. Este sujeto es el único
detenido, aunque enfrentará su proceso en libertad tras pagar fianza de 600 mil
pesos.
Al respecto, el titular de la SEIDO
aclaró que la Procuraduría no solicitó al juez la prisión preventiva
obligatoria contra Quiroz García, porque esta figura debe ser, con el nuevo
sistema de justicia, la excepción y no la regla.
“El MP ha
optado por ir a solicitar prisión preventiva sólo en casos que se considera de
mayor gravedad o que existe un riesgo para las víctimas o para la sociedad, que
no es el caso”, señaló. Además, dijo, mañana se llevará a cabo una nueva
audiencia en la que PGR solicitará la vinculación a proceso de Quiroz García,
con la finalidad de enjuiciarlo.
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