Autoridades no han ejecutado tres órdenes de aprehensión contra Javier Duarte.

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se encuentra preso y bajo proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, sin embargo, en su contra hay tres órdenes de aprehensión más por delitos electorales, peculado, abuso de autoridad, entre otros, que hasta el día de hoy no han sido ejecutadas por las autoridades.

Cumplimentar dichas órdenes de aprehensión, aunque se trate de un trámite pues Duarte está localizado y preso en el Reclusorio Norte, es un paso inicial obligatorio para que se puedan iniciar nuevos procesos penales en contra del exgobernador de Veracruz.

Animal Político pudo confirmar que hasta ahora ninguna de las tres órdenes se ha cumplimentado ni por la Fiscalía para Delitos Electorales (FEPADE) de PGR, ni por la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz, que son las instancias que las obtuvieron.

Esto sin olvidar que a nivel federal hay más de 70 carpetas de investigación por otras irregularidades en la administración de Duarte que no han llegado siquiera a una consignación.

A continuación, se detallan las órdenes de aprehensión pendientes, así como los argumentos de las autoridades correspondientes sobre los motivos por los que no se han cumplimentado hasta ahora.

La orden por delitos electorales.

En marzo del año pasado el entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto, dio a conocer que había obtenido de parte de un juez federal una orden de aprehensión por delitos electorales en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

De acuerdo con la investigación de la FEPADE, la administración de Duarte no transfirió recursos económicos que estaban destinados al órgano electoral de la entidad en 2015 lo que se considera como una “obstaculización” del proceso, delito contemplado en el artículo 7, fracción IV de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Sin embargo y aun cuando dicha orden estaba vigente desde antes de que Javier Duarte fuera detenido en Guatemala, la misma no fue incluida en la solicitud de extradición presentada

ante aquel país.

La FEPADE explicó en su momento a Animal Político que la decisión de no incluirla obedecía a que el delito que se le imputaba no estaba homologado con las leyes de Guatemala –requisito indispensable de acuerdo con el tratado firmado por ambos países – lo que impedía presentarla en la solicitud de extradición.

No obstante, en la Fiscalía aseguraron que eso no cancelaba la referida orden de aprehensión, y que, por el contrario, se buscarían los mecanismos jurídicos para cumplimentarla aquí en México, lo que sin embargo no ha ocurrido.

Cabe señalar que la FEPADE tiene otras dos carpetas de investigación relacionadas con posibles delitos electorales en la administración del exgobernador de Veracruz que hasta el día de hoy no han sido cerradas.

Las dos órdenes de Veracruz.

A principios de 2017 la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz obtuvo de parte de jueces locales dos órdenes de aprehensión contra Javier Duarte por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición.

Uno de los casos correspondiente a la causa penal 38/2017 está vinculado con el presunto desvío de más de 220 millones de pesos que estaban destinados a la Comisión Estatal del Agua pero que la administración de Javier Duarte nunca transfirió a dicho órgano, sino que se enviaron a cuentas bancarias ajenas.

El otro caso asentado en el expediente 56/2017 es a presunta utilización ilegal de un helicóptero de la Fiscalía del estado con el cual Javier Duarte se escapó de Veracruz con dirección al sur del país, luego de que fue advertido (ilegalmente) que existía una orden de aprehensión en su contra.

Esto ocurrió dos días después de que ya había pedido licencia al cargo de gobernador.

En ambas denuncias los jueces de control locales estimaron que había indicios suficientes para otorgar las órdenes de aprehensión correspondientes, las cuales sí fueron incluidas en la solicitud de extradición presentada por México ante el gobierno de Guatemala. El poder judicial del país centroamericano estimó que dichas órdenes eran legítimas y concedió la extradición por estos casos.

Luego de llegar a México, los abogados de Javier Duarte consiguieron frenar temporalmente la ejecución de estas órdenes interponiendo demandas de amparo (que a la postre ganaron) para que el exgobernador no fuera trasladado a Veracruz, como era la pretensión inicial de la Fiscalía de aquel estado.

En noviembre pasado se determinó finalmente que Duarte no sería traslado y que las órdenes de aprehensión, y los eventuales procesos que dieran lugar las mismas, se desarrollen en Ciudad de México.

Actualmente no existen obstáculos para que se cumplimenten dichas órdenes en contra de Duarte, pero hasta ahora no ha ocurrido.

En este contexto autoridades con pleno conocimiento del caso indicaron a Animal Político que la Fiscalía de Veracruz no ha ejecutado las órdenes ya que se trabaja en un mecanismo de coordinación con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que por un tema de jurisdicción es la que tendrá que llevar el procedimiento.

Lo anterior significa que aun cuando la Fiscalía de Veracruz es la que investigó y consignó los casos, tendrán que ser agentes del Ministerio Público de la Procuraduría capitalina los que presenten a Duarte ante el juez, soliciten que se le impongan medidas cautelares y desarrollen el planteamiento inicial del caso para obtener la vinculación a proceso en ambos expedientes.

Hasta ahora no existe una fecha precisa en la que se vayan a ejecutar las referidas órdenes, aunque, según lo informado por la Fiscalía de Veracruz a este medio, se hará lo más rápido posible.

Cabe señalar que el pasado 31 de enero el abogado Marco del Toro, quien encabeza la defensa de Duarte sostuvo que las órdenes de aprehensión de Veracruz no podrían avanzar pues aún hay demandas de amparo que no se han resuelto. Pero en la Fiscalía de Veracruz indicaron que eso no impide la ejecución de las órdenes de aprehensión.