La Auditoría Superior de la
Federación (ASF) detectó decenas de irregularidades en la construcción del
segundo piso de la autopista México-Puebla, que costó 10 mil 500 millones de
pesos.
El órgano
fiscalizador descubrió que los
materiales de la magna obra, edificada por los gobiernos de Enrique Peña Nieto
y Rafael Moreno Valle, son deficientes, que hubo un retraso en su construcción,
que las concesionarias OHL y Pinfra incrementaron cuotas sin permiso de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y, además, se les otorgó un
mes de libre disposición de los ingresos obtenidos por flujo vehicular.
De acuerdo
con la tercera entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública 2016, la ASF determinó 27 observaciones, de esa cantidad 9
fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este
informe, sin embargo, de las 18 restantes se generaron 2 recomendaciones, 9
solicitudes de aclaración y 8 promociones de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria.
El 18 de
octubre de 2016, el segundo piso de la México-Puebla fue inaugurado por Peña
Nieto y el aún Gobernador Moreno Valle sin que se definiera el costo del peaje
del viaducto elevado. El proyecto
estrella de los gobiernos federal y estatal fue entregado por OHL y Pinfra con
sobrecosto de 500 millones de pesos y un retraso de tres meses.
La ASF detectó una trampa que implementó la
Secretaría de Infraestructura y Transportes, colocando señalamientos viales que
prohibían a los transportistas de carga circular por el bajo puente de la
México-Puebla, con el objetivo de obligarlos a pasar por el paso elevado y por
ende pagar cuota, lo cual viola el derecho de los ciudadanos al libre tránsito.
Una de las observaciones más
relevantes de la ASF es que el gobierno morenovallista autorizó a OHL y Pinfra
la aplicación de cuotas no diferenciadas y el incremento de las mismas sin
consultar previamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). La dependencia federal indicó que no se aplica una tarifa
diferenciada para los usuarios que descienden en las salidas ubicadas en el
Bulevar Hermanos Serdán y el Distribuidor Santa Ana, por lo que deben de pagar
la misma tarifa, de 55 pesos, que se cobra para el viaje completo de 15.3
kilómetros.
También
observó que el gobierno morenovallista,
le regaló a las concesionarias, OHL y Pinfra un mes de libre disposición de los
ingresos obtenidos por el flujo vehicular bajo el concepto de incentivos, a
pesar de que la operación del viaducto comenzó dos meses después a la fecha de
conclusión de los trabajos de construcción. Dicha acción no fue reportada a la
SCT ni a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Entre los meses de junio y
septiembre, la ASF observó que existían filtraciones de aguas pluviales “al
interior de las trabes prefabricadas; presencia de manchas y humedades en
cabezales, trabes, losas y prelosas; la desconexión de ramales de tuberías de
PVC, carencia de marcos y tapas en los registros, filtración de agua y humedad
en los registros hidráulicos ubicados al interior de las trabes; lo que podría
causar corrosión en los elementos de concreto armado”. En el recorrido que hizo la ASF,
encontraron que se estaban llevando a cabo los trabajos para reparar los registros
y rejillas pluviales.
En el mismo periodo de tiempo,
personal de la ASF detectó que el gobierno de Puebla autorizó a la
concesionaria la puesta en operación y explotación del segundo piso sin que se
hubieran concluido los trabajos de construcción; además constató que aún no había
implementado el Sistema Inteligente de Transporte que refiere a un conjunto de
aplicaciones tecnológicas. Además, la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes detectó que el
proyecto no se ajustó a las especificaciones técnicas y normativas
correspondientes.
Otra de las
irregularidades es que la administración
morenovallista otorgó un anticipo de 2 millones 762 mil 600 pesos a la
concesionaria, sin que en el contrato se estableciera que tuviera darse una
cantidad de dinero para iniciar las obras.
En las especificaciones del proyecto,
se tuvieron que haber construido bordillos, cunetas y guarniciones, sin embargo,
se cobraron por la cantidad de 798 mil 447 pesos sin que haya registro de su
existencia.
El órgano
fiscalizador solicitó al organismo descentralizado Carreteras de Cuota Puebla
(CCP) que justifique 2 millones 390 mil
491 pesos, pues pagó en duplicidad 65 mil 560 toneladas de acero de refuerzo,
pese a que el volumen de ese material ya estaba liquidado.
Por si fuera
poco, entre las irregularidades destaca
el pago por parte del gobierno morenovallista al suministro y colocación de
loza en la vialidad por 311 millones 267 mil 285 pesos, toda vez que la mano de
obra, herramienta, insumo y equipó fue solventado con sobrecosto.
La Auditoría
Superior de la Federación determinó que
se pagaron costos extraordinarios sin que existiera un soporte documental, por
lo que se solicitaron recuperaciones por 2 millones 391 mil 300 pesos.
Para desviar
recursos, el Gobierno del estado no
utilizó de manera exclusiva una cuenta bancaria destinada para recibir y
ejercer el subsidio federal y en cambio usó dos cuentas de inversión con los
fideicomisos CIB/2148 y CIB/ 2453, los cuales registraron gastos y cargos
diversos no justificados. Hasta el momento el gobierno de Puebla no ha
explicado las razones para el uso de dos cuentas no registradas.
El gobierno poblano recibió por parte
de OHL y Pinfra una contraprestación del .5 por ciento sobre los ingresos
totales mensuales del Segundo piso, esto sin la autorización de la SHCP. Asimismo, se reveló que no se cumplió a cabalidad la Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA) para la puesta en marcha del segundo piso, pues no se
implementaron en tiempo y forma las medidas de mitigación y compensación del
Plan de Manejo Ambiental ni se informó a la Semarnat de la construcción,
operación y ampliación de obras no incluidas en el primer proyecto del viaducto
elevado
Ante estas
anomalías, la ASF solicitó a la
Secretaría de la Contraloría del gobierno del estado a que realice las
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que durante la ejecución de la obra autorizaron la puesta en operación
y explotación del segundo piso sin que los trabajos estuvieran concluidos.
En 2017, durante la revisión de la
Cuenta Pública de 2015, la ASF detectó las primeras irregularidades del segundo
piso, al revelar que es 340 % más caro de lo que debería ser, pues mientras el
peaje de esta vialidad es de 94 centavos el kilómetro, en ese tramo construido
por el gobierno de Puebla es de 4.14 pesos el kilómetro. El monto fiscalizado es de 500
millones de pesos, pues de los 5 mil
millones de pesos que la SCT debía entregar, solo dio 500 millones.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.