A cuatro años de entrar en vigor, la
Reforma Educativa no ha cumplido con los preceptos prometidos. La calidad de la
educación no ha mejorado, según demuestran las evaluaciones a los alumnos; ni
siquiera existe un diagnóstico de la infraestructura de las escuelas que sirva
para subsanar las necesidades y los profesores no han sido profesionalizados
con nuevos estándares.
Así lo concluye la Auditoría Superior
de la Federación en
las revisiones de desempeño incluidas en el Informe del resultado de la
fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 presentada este lunes 20 de
febrero.
El
exsecretario de Educación, Aurelio Nuño,
fue el encargado de operar la Reforma Educativa, luego de su aprobación en
2013, pero abandonó el cargo en 2017 sin haber concretado las promesas de
elevar la calidad de la educación en el país.
En diversos
discursos reiteraba que la reforma permitiría que los estudiantes mexicanos
recibieran una educación de calidad, que tendrían infraestructura digna y que
los maestros serían profesionalizados. Incluso, como coordinador de campaña del
candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, ha descalificado la
intención del candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador, de echar atrás
la reforma.
Sin embargo,
la Auditoría concluye que la Reforma
Educativa no ha tenido resultados que mejoren la calidad educativa, ya que la
mayoría de los estudiantes de nivel básico se encuentra en el nivel más bajo de
logro educativo (56.7% en el área de matemáticas y el 48.1% en lectura), según
las evaluaciones más recientes.
Otra promesa
fue mejorar la infraestructura de las escuelas de educación básica, pero ni siquiera se realizó un diagnóstico
nacional sobre su estado físico y funcional y tampoco hubo planeación
financiera estratégica de corto y mediano plazos, que permitiera garantizar la
suficiencia y oportunidad de los recursos.
Por ello, la
Auditoría recomienda que el Instituto
Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) se consolide como la
figura rectora de la política, para “articular y coordinar, interinstitucional
e intergubernamentalmente, las estrategias de regulación, planeación,
supervisión y evaluación”.
Aunque se calculó una inversión de 54
mil millones de pesos para las escuelas, “la política de infraestructura y
equipamiento no ha logrado asegurar que las escuelas cumplan con las
condiciones físicas adecuadas para el proceso de enseñanza aprendizaje de los
alumnos”, concluye
la auditoría.
Respecto a la formación docente en
los niveles básico y medio superior, en 2016 únicamente se capacitó al 4.8% del
universo de un millón 45 figuras educativas del nivel básico y al 13.5% de las
417 mil figuras del medio superior, como parte del Programa para el Desarrollo
Profesional Docente.
Además, “la oferta académica no tomó en cuenta las
necesidades de formación del personal educativo”, advierte la ASF en la auditoría
de desempeño al Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación
Básica.
http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Auditorias/2016_0153_a.pdf
Aunque en
2016, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación elaboró la
versión preliminar del Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional de
Evaluación Educativa 2016-2020, “no se
dispuso de una metodología para articular y analizar, de forma integral, las
evaluaciones de los componentes del Sistema Educativo Nacional”.
Desde la
discusión de la reforma, la disidencia magisterial –en medio de protestas por
parte del magisterio disidente agrupado en la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE)– acusó
que se trataba de una reforma laboral y no educativa, toda vez que el cambio
fundamental se concentraba en las medidas “punitivas” contra los profesores.
Por primera vez los maestros que no aprobaran las evaluaciones perderían su
plaza y quien faltara en tres ocasiones consecutivas sin justificación podría
ser despedido.
El discurso oficial, en cambio,
afirmaba que dichas medidas repercutirían en mejorar la calidad educativa. Pero
sobre la currícula, los cambios ni siquiera fueron inmediatos. Hasta 2017 se
concretó la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria”, en
la que se establecieron las directrices para elaborar los programas de estudio
del nivel básico, pero entraron en vigor en el ciclo escolar 2017-2018 y su
efecto aún no se podría medir.
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