El secretario de Gobernación, Alfonso
Navarrete Prida, calificó como “honorables” los acuerdos alcanzados el sábado
pasado con el gobernador Javier Corral, para que la Federación le entregue
recursos a ese estado; la PGR solicite la extradición de César Duarte y se
cambie de penal al ex secretario adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez.
Sin embargo, desconoció que se haya
especificado la entrega de 900 millones de pesos por parte de Hacienda a la
administración chihuahuense:
“No negociamos entregar 900 millones
en la Federación, ni negociamos ir en una persecución política sobre un
exgobernador, el Gobierno de la República no utiliza sus instrumentos para
hacer campaña política”, aclaró.
Tras dar una
entrevista la dependencia emitió un
comunicado en el que asegura que dichos acuerdos eliminan y clarifican el
problema que había entre los dos niveles de gobierno.
Navarrete
Prida destacó que con este acuerdo se da
“carpetazo a un movimiento que ningún mexicano queríamos, se logró resolver con
un diálogo que nunca se rompió”.
“Eso se llama gobernabilidad y es una
responsabilidad de la política interior. Creo que la función de la Secretaría
de Gobernación es esta, y la estamos cumpliendo con toda claridad y de frente a
la sociedad”,
abundó.
“No queremos ver a un gobernador
marchando, lo queremos ver dialogando y llegando a acuerdos. Lo que finalmente
ocurrió”, anotó.
El también
responsable de la política interior del país dijo que para el Gobierno de la
República el conflicto con el gobierno de Chihuahua “nunca fue un tema de campañas políticas”; “desde un principio se
atendió con toda seriedad, con argumentos y de muy buena fe”.
Asimismo,
reiteró que la actitud del Gobierno Federal frente a dicho conflicto debe de
quedar muy en claro para la sociedad: “no
hay ninguna intención de Gobierno de la República por estar utilizando los
instrumentos que tiene a su alcance para hacer campaña política alguna”.
En
entrevista resaltó los cuatro puntos del acuerdo:
El primero,
apuntó, México ha firmado convenios y tratados internacionales en materia de
extradición, estas son obligaciones de carácter constitucional que no están
sujetas a negociación, por ello, en el
caso del ex gobernador chihuahuense, César Duarte, la Administración Federal
fungirá como coadyuvante.
El segundo
acuerdo, el gobierno estatal de
Chihuahua se comprometió a trasladar a un procesado a un penal federal, esto,
subrayó, permitirá que se investigue el delito de tortura y se castigue a
quienes resulten responsables. “Un organismo internacional identificará bajo el
protocolo correspondiente, si existe o no existe evidencia de dicha acusación”,
dijo.
En el tercer
punto, el gobierno de Chihuahua
entregará a una instancia ministerial federal las carpetas de investigación
solicitadas en relación a un supuesto desvío de recursos federales para un
partido político, informó el secretario Navarrete Prida.
Finalmente,
anunció que en el cuarto tema se logró
acordar que la Secretaría de Hacienda y el gobierno estatal formalicen la
entrega de recursos que había quedado pendiente el año anterior.
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