Ahora detenidos y procesados, Tomás
Yarrington (Tamaulipas, 1999-2005), Eugenio Hernández (Tamaulipas, 2005-2010),
Javier Duarte (Veracruz, 2010-2016) y Roberto Borge (Quintana Roo, 2011-2016)
constituyen una casta que utilizó el poder político y la confianza popular para
satisfacer los más descabellados caprichos, vivir con escandalosa opulencia y
cualquier tipo de excesos, y todo gracias a los recursos de cada entidad, a
costillas del pueblo al que dejaron en llamas.
La astucia, sin duda, es necesaria
para sostener el teatro que montaron por gobierno, pero una estratagema del
calibre de los que se encuentran en este libro requiere maldad. La
investigación exhaustiva que presenta el autor revela datos y declaraciones
sobre los momentos cruciales en los que las administraciones de estos
personajes se volcaron en un perfecto desastre. Una vez más, y de forma
lamentable, la realidad supera a la ficción.
La historia de sus mandatos es la
historia de nuestros gobiernos recientes, esa triste memoria nacional que
quedará. Helos aquí, consumados villanos de estados que han manoseado a
voluntad, Los incómodos, esa estirpe ingobernable.
Fragmento
del libro Los Incómodos (Temas de hoy), © 2017, Ricardo Ravelo. Cortesía
otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México
TOMÁS
YARRINGTON: EL CAPO FANTASMA.
Luego, Gamundi repitió la operación
en Colima, donde parecía que el PRI se hundía en su propio lodazal: en enero de
2016 apuntaló la campaña de Ignacio Nacho Peralta y ganó la gubernatura en una
operación en la que, de nueva cuenta, salió a relucir su magia electoral y
capacidad para ganar elecciones. Quizá por ello este esbirro de Tomás
Yarrington siga impune, no obstante, las acusaciones que carga a cuestas desde
2009.
LOS PACTOS.
El testigo
Puga Quintanilla, El Pitufo, refiere en su amplio testimonio que a la reunión
efectuada en la casa de Alí Rodolfo Nájera también
asistió Rodolfo Torre Cantú, candidato fallido al gobierno de Tamaulipas,
asesinado por el crimen organizado en junio de 2010, pocos días antes de las
elecciones, en una operación en la que, según las investigaciones de la PGR, se habrían confabulado Yarrington, Eugenio Hernández y el entonces jefe
del Cártel del Golfo, Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, aparentemente porque
el candidato del PRI se negó a pactar con el narcotráfico para mantener el
negocio de la llamada “empresa criminal” en Tamaulipas, construida tres
sexenios atrás.
El clan no estaría completo sin
Fernando Alejandro Cano Martínez, el principal testaferro de Tomás Yarrington y
enlace entre el crimen organizado y el gobierno estatal de 1999 a 2004, cuya
presencia también fue testificada por El Pitufo. Se dieron cita también el
propio testigo colaborador, entonces miembro del Cártel del Golfo, así como
Heriberto Lazcano Lazcano, desertor militar, fundador de Los Zetas en 1997 junto
con Arturo Guzmán Decenas y que, según una versión oficial, fue abatido por
efectivos de la Marina en 2012 en Coahuila, hecho que desató confusiones, dudas
y sospechas después de que un grupo armado se robó el cuerpo del exmilitar del
sitio donde se efectuaba la autopsia.
La reunión
comenzó. Eugenio Hernández, según el
testigo declarante, abrió el diálogo con el planteamiento sobre quién o quiénes
se encargarían de realizar los pagos y movimientos que se requirieran luego de
que asumiera el cargo de gobernador, y ahí se acordó que serían Los Zetas, a
través de sus principales operadores en la plaza de Ciudad Victoria y cuyos
nombres eran Alberto González Xalate, El Paisa, Rogelio Díaz Cuéllar, El Rojo,
“y el de la voz”.
En su amplio
testimonio, en poder de la DEA y de la SEIDO, El Pitufo declaró que en esa
reunión se acordó que ese día a él le tocaría transportar del municipio de
Valle Hermoso a Ciudad Victoria 25 millones de dólares ocultos en 10 maletas,
las cuales subió a una camioneta Avalanche negra. El dinero lo tenía que entregar en un rancho donde, según declaró,
bajó las maletas y las puso a la vista de Eugenio Hernández.
“Ante el entonces mandatario
—prosigue— manifesté que contenían 25 millones de dólares y que el dinero se lo
entregaba Heriberto Lazcano Lazcano, lo que agradeció, y le ordenó a Ricardo
Gamundi Rosas, Eduardo Rodríguez Berlanga, La Conga, y Fernando Cano Martínez
que subieran las maletas a una camioneta Suburban blanca, lo que de inmediato
hicieron”.
LAS INVESTIGACIONES CONTRA TOMÁS
YARRINGTON EMPEZARON FORMALMENTE EN MÉXICO EN 2004, AUNQUE EXTRAÑAMENTE DESPUÉS
SE DETUVIERON, no así en Estados Unidos, donde se integraron voluminosos
expedientes que lo inculpan no solo como protector del Cártel del Golfo, sino
como capo de la droga; por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y uso de
una red de prestanombres para ocultar su cuantiosa fortuna.
En abril de
2004, con base en reportes registrados por el Buró Federal de Investigaciones
(FBI) y la DEA, y a raíz del desgobierno
en Tamaulipas que propició la infiltración del crimen organizado, la red de
complicidades entre políticos y narcos, el lavado de dinero, el financiamiento
de campañas, la ola de crímenes y la impunidad con la que se cobijó al narco,
la PGR comenzó a investigar al entonces gobernador Yarrington Ruvalcaba por sus
vínculos con el tráfico de drogas.
En aquel momento, el responsable de
la indagatoria era José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la desaparecida
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO), muerto en noviembre de 2008 en un avionazo en el que también falleció
el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en circunstancias
todavía no aclaradas por el gobierno federal. Cuando la investigación se encontraba a la mitad de
su fase, Vasconcelos le confirmó al que esto escribe (entonces reportero de
Proceso) los pormenores de la indagatoria, que fueran publicados en la edición
1433 bajo el siguiente encabezado: “Narcogobierno en Tamaulipas”.
En su detallada explicación,
Vasconcelos dijo que la investigación había empezado por las estructuras
policiacas estatales y ministeriales, contaminadas en su mayoría por el
narcotráfico, y que en estas pesquisas se incluía a los mandos medios y altos
ligados al crimen organizado a través de la red de protección o incorporados
directamente a las tareas de trasiego de droga, secuestros y a la base de
sicarios del Cártel del Golfo, entonces bajo las órdenes de Osiel Cárdenas.
La investigación tenía como punto de
partida el reporte 92c-ho-26953 (0-21), que ya relacionaba a Tomás Yarrington
con Osiel Cárdenas, aunque hasta esa fecha el exgobernador tamaulipeco no tenía
el carácter de indiciado, si bien no se descartaba que alcanzara tal condición, según dijo Vasconcelos:
La ruta que seguimos en esta
investigación es ascendente: empieza por la policía y los altos jefes. Esto nos
llevaría a los directores, al procurador, como ya ocurrió en Chihuahua, hasta
llegar a la cabeza, es decir, al gobernador. En el caso de Tamaulipas, el
gobernador aún no tiene [2004] el carácter de indiciado, pero la investigación
que realizamos tiene amplios alcances: es muy parecida a la que hicimos en
Quintana Roo con el caso de Mario Villanueva, quien resultó ser una pieza
central en el engranaje del Cártel de Juárez en el Caribe mexicano.
Al ampliar
los detalles del inicio de la investigación, Vasconcelos expuso:
Las investigaciones de este tipo
siempre se realizan de abajo hacia arriba: se empieza por la red de protección
que integran los organismos de la procuración de justicia y se va escalando,
porque si empezamos de arriba hacia abajo ¿sabe qué agarramos? Nada.
Incluso con
la anuencia del entonces presidente Vicente Fox —el que sacó al PRI de Los
Pinos tras permanecer 70 años en el poder, y que prometió cambios en el combate
a la corrupción y a la delincuencia organizada sin cumplir sus promesas
fehacientemente— la investigación de la
PGR tuvo serios obstáculos: varios agentes federales desaparecieron en
Tamaulipas durante la realización de su trabajo. Un caso escandaloso fue la
desaparición de cuatro agentes de la PGR que presuntamente fueron secuestrados
por el Cártel del Golfo y después arrojados al río Bravo atados a pedazos de
concreto o hierro. Nunca los encontraron.
Conforme
avanzó la investigación, la PGR fue
acreditando con datos y evidencias que durante la administración de Tomás
Yarrington el Cártel del Golfo disponía de una amplia estructura política y
criminal que hacía las veces de escudo, de blindaje, pues todos los operativos
implementados para desarticular al cártel terminaban estrellándose en el cerco
protector conformado no solo por Los Zetas sino por policías y funcionarios que
cuando no alertaban a los narcotraficantes mediante llamadas telefónicas, se
enfrentaban a las fuerzas armadas con una amplia y poderosa capacidad de fuego.
El radio de la investigación federal
contra Yarrington y el Cártel del Golfo se fue ampliando y pudieron abrirse
mayores espacios tras la captura del jefe del Cártel del Golfo, el 15 de marzo
de 2003, en Matamoros. La tarea no fue sencilla ni con ello se pudo exterminar
a la organización —pronto hubo un relevo en la jefatura— pero sí marcó un
parteaguas en la lucha criminal en Tamaulipas, ya que se pudo conocer con
mayores detalles y elementos de prueba la participación directa de buena parte
de la clase política y empresarial de Tamaulipas en el crimen organizado y el
lavado de dinero. La captura de Osiel dirigió aún más los reflectores
nacionales e internacionales hacia Tomás Yarrington y su clan.
El plan de
trabajo para capturar a Osiel Cárdenas duró seis meses, y un hombre central en esta tarea fue Alberto Vázquez Guzmán —el testigo
protegido Rufino—, conocido dentro de la organización como Paquito, el hombre
de confianza de Osiel Cárdenas, su personero, centinela de 24 horas, vigía
incansable y quien antes de ser detenido por la PGR se libró de varios
atentados y amenazas de muerte que, según supo después, fueron ordenados por
Osiel. De ahí que Paquito ya no pudo dudar de que su jefe en realidad era un
verdadero “mata amigos”.
Durante su
etapa como testigo protegido de la PGR y de la DEA, Paquito y/o Rufino detalló
la forma de operar de Osiel Cárdenas: expuso
que el jefe del Cártel del Golfo utilizaba entre 30 y 31 teléfonos celulares
—según los días de cada mes—, uno por día, a fin de que sus conversaciones no
fueran intervenidas.
De lunes a
domingo, el hombre de confianza de Osiel sacaba de un cajón especial el número
telefónico que le tocaba usar. Sin embargo, el capo no pudo evadirse de las
escuchas por mucho tiempo: un día la inteligencia mexicana grabó una
conversación entre él y su hija. Ambos hablaban de la fiesta de 15 años que se
aproximaba y para la que ya se organizaban los preparativos. El festejo sería
en Matamoros.
En la SIEDO
alertaron a la Policía Federal, coadyuvante en esta investigación, para que
realizara un amplio operativo. La instrucción era precisa: “Ahí donde huela a
carne asada está la fiesta”. Y es que, según los testigos que lo conocieron,
Osiel era un sibarita que solía degustar carne asada, su comida preferida.
Y el día de
la fiesta esta no podía faltar en el banquete. El operativo se llevó a cabo y Osiel Cárdenas fue localizado en una de
sus casas de Matamoros. En realidad, tenía más de 20 escondites en varios
puntos del estado. La cuadra fue rodeada y ese día —15 de marzo de 2003— nada
pasó. Al día siguiente las fuerzas federales irrumpieron en la residencia.
Osiel, quien siempre dormía vestido por si había que salir huyendo, esa noche
cayó rendido a pesar de que las más de las veces no conciliaba el sueño por
temor a ser capturado o asesinado. Tampoco dormía, según el testigo, porque
pasaba horas encerrado con mujeres consumiendo cocaína, su adicción y su
locura.
Al percatarse de la presencia de
marinos y militares, salió huyendo solo con un pantalón puesto. Con el torso
desnudo saltó bardas y brincó por las azoteas de sus vecinos con la intención
de evadirse, pero toda la zona estaba acordonada y no pudo escapar: fue
detenido en la calle, cerrado el paso por convoyes militares para evitar su
fuga o algún intento de rescate por parte de su equipo de sicarios: Los Zetas.
Cárdenas Guillén fue llevado al penal
del Altiplano, en el Estado de México. Pero la cárcel no fue impedimento para
seguir operando el tráfico de drogas y su empresa criminal. En la prisión
disponía de teléfonos celulares, cómplices y de todo tipo de apoyos para
continuar con la buena marcha de su negocio. Desde su celda ordenaba
asesinatos, secuestros, torturas, desapariciones y todo lo que podía maquinar
para mantenerse en pie de guerra frente a otros cárteles que estaban al acecho
de su territorio.
Debido a su reclusión física, Osiel
tuvo que nombrar a un sustituto en la jefatura del Cártel del Golfo. Y esa
responsabilidad cayó en Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, uno de sus hombres
de mayor confianza. Criminal desde que era policía de Matamoros, Costilla se
erigió como el nuevo capo en Tamaulipas, pero se mantuvo bajo las órdenes de
Osiel Cárdenas, algo inusual en el crimen organizado. Lo que explica este
hecho, según el testigo Rufino, es que ambos eran muy buenos amigos, aunque la
amistad en ese ambiente resulta ser una farsa.
La recolección de dinero del
narcotráfico para financiar la campaña de Tomás Yarrington a la gubernatura
funcionó como una maquinaria perfecta en todo Tamaulipas. Pero conforme avanzó
el sexenio, las ambiciones personales de Yarrington fueron creciendo y no
tuvieron límites: a la mitad de su gobierno se trazó el objetivo de ser
candidato presidencial para la contienda de 2006, y desde 2004, el último año
de su gobierno, apretó el acelerador para conseguir más fondos de la mafia y
así poder enfrentar a Roberto Madrazo Pintado, exgobernador de Tabasco, quien
resultó candidato a la presidencia en ese año, no sin soportar una guerra sucia
orquestada por el entonces gobernador de Tamaulipas.
En 2004 salió a flote la participación de Francisco
Cayuela Villarreal, procurador durante el sexenio de Yarrington, en la
recaudación de dinero del crimen organizado en Tamaulipas. El hecho confirma lo
que declaró el testigo Rufino ante la PGR y la DEA: que el narcotráfico seguía
operando sin problemas, pese a la caída de Osiel, y a que el Cártel del Golfo
tenía el control de las policías y las autoridades responsables de la
procuración de justicia.
El
señalamiento en contra de Cayuela lo hizo Rubén Hernández López, un ex agente del
policía ministerial apresado por haber participado en el secuestro y muerte, en
diciembre de 2003, de José Antonio Cervantes Espeleta, un empresario
regiomontano presuntamente relacionado con el lavado de dinero.
Este hecho desató un fuerte escándalo
que confrontó a los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas. El entonces
gobernador de la primera entidad, José Natividad González Parás, dijo que el
empresario había sido secuestrado y asesinado en Tamaulipas y que su cuerpo
había sido arrojado en un municipio de Nuevo León. Lo incineraron con llantas
para borrar su identidad.
El director de la policía ministerial
de Tamaulipas, Óscar Mario Hinojosa Ramírez —ligado en 2004 con el narcotráfico
e involucrado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/483/2004 integrada en
contra de Tomás Yarrington y cómplices— dijo entonces que el día de su secuestro
y muerte Cervantes Espeleta iba acompañado de una dama y un amigo, este último
identificado como Rubén Hernández López.
Tras la aparición del cuerpo, el
procurador Francisco Cayuela dijo que la dependencia a su cargo carecía de
elementos para acreditar que Cervantes Espeleta hubiera sido secuestrado, con
lo cual pretendía lavarse las manos y zafarse del escándalo.
Este caso cobró mayor relevancia y
encendió los focos rojos en el gobierno de Tomás Yarrington cuando la PGR
atrajo la investigación y dio a conocer que detrás del plagio del empresario
había una organización criminal conformada por policías ministeriales. Por su
participación en los hechos se giraron órdenes de aprehensión en contra de Juan
Manuel Ayala, El Metro, quien fungía como policía ministerial en Reynosa;
Vicente Guillén Espinoza, El Cholula, ex policía ministerial, y Rubén Hernández
López, ex agente del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI).
El caso
Cervantes Espeleta tuvo varios efectos estruendosos: provocó el cese del director de la policía ministerial —Óscar Mario
Hinojosa— y destapó la colusión de Cayuela Villarreal y agentes ministeriales
en la recaudación de dinero del narcotráfico para apuntalar el financiamiento
de la campaña presidencial de Tomás Yarrington.
EL TESTIGO
SILENCIADO.
En una carta
que le envió a Karen Tandy, entonces directora de la DEA, Hernández López negó haber cometido el secuestro y asesinato de
Cervantes Espeleta; dijo además que Óscar Mario Hinojosa le pidió que aceptara
su responsabilidad en esos hechos y luego lo presionó secuestrando al hijo de
su compañera sentimental. Después lo amenazó con que lo torturaría si no se
echaba la culpa. “Por eso estoy aquí”, dijo.
Pero
Hernández López era víctima y al mismo tiempo protagonista de dos historias. La segunda tenía que ver con su jefe,
Francisco Cayuela, de quien fue chofer, luego se incorporó al GERI y trabajó
muy cerca de Cayuela, según dijo entonces, en la búsqueda y detención de unas
personas vinculadas con el narcotráfico. También entrenaba perros rottwailler y
pastor belga para guardia, protección y detección de drogas. Cuando Cayuela fue
ascendido como procurador se convirtió en su hombre de confianza. Después se
fue separando, dijo, porque…
Ricardo
Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas
relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio
nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el
semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En
2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Gijón, España,
por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los
Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia
criminal y En manos del narco.
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