Rosario Robles Berlanga negó una vez
más que se haya enriquecido a partir de los presuntos desvíos multimillonarios
que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las dependencias
que dirigió en la administración actual, y denunció la “personalización que
hacen algunos medios de las observaciones de la ASF”.
En los
últimos cuatro años, la ASF detectó que,
durante las gestiones de Robles, las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol)
y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) participaron en
presuntos esquemas de desvío multimillonario de dinero a través de convenios
celebrados con organismos estatales que, a su vez, subcontrataron redes de
empresas fantasmas.
“Desmiento el hecho de que a mí se me
acredite, a mí, Rosario Robles, un esquema de triangulación de recursos que es
absolutamente falso”, soltó la funcionaria al salir de la delegación capitalina
de la Procuraduría General de la República (PGR), donde “esperó 20 minutos” a
los abogados del periódico Reforma, quienes no acudieron al llamado que Robles
les extendió ayer.
Ante los
reporteros que se amasaron frente al edificio de la PGR, la titular de la
Sedatu leyó un texto en el que rechazó
la existencia de “ninguna prueba que a mí en lo personal me vincule en un
esquema de triangulación”, y aseveró que pidió a distintas autoridades que
investigaran su situación bancaria y patrimonial.
Afirmó que las auditorías forenses
que Reforma mencionó en su portada –encabezada “Detectan mega desvío a Robles”–
no se hicieron a la Sedesol ni a la Sedatu, SINO A LOS ORGANISMOS QUE FUERON
CONTRATADOS POR ESTAS DEPENDENCIAS.
Después de
leer su documento y entregar a los reporteros un paquete de hojas, que
contenían entre otras algunas fotografías de su casa en la colonia Pueblo de
Los Reyes, en Coyoacán, la funcionaria cedió el espacio de los micrófonos a
Emilio Zebadúa González, su oficial mayor desde el arranque de la
administración de Enrique Peña Nieto.
Mientras la funcionaria se retiraba
en su camioneta, Zebadúa trató de exonerar la Sedesol y la Sedatu de las
reiteradas observaciones de la ASF.
Su argumento resultó simple, y poco
convincente: repitió que la responsabilidad de subcontratar a empresas
fantasmas la tuvieron los organismos estatales con las que la Sedesol y la
Sedatu –es decir, él mismo como Oficial Mayor–, firmó los convenios.
Apro señaló al funcionario que, según la ASF,
ambas dependencias pagaron sobrecostos aberrantes –cientos de millones de
pesos– a los organismos públicos a cambio de servicios no prestados, duplicados
o de pésima calidad, y que aun así dieron por cumplidos los convenios.
“Unas
(observaciones), en efecto, señalan que los entregables que se les mostraron (a
los auditores) durante este primer periodo de solventación, o no son
suficientes, o no son los correctos, o faltan, etc. (…). Y claro que tendremos la obligación, las distintas áreas de la Sedatu,
como de las demás dependencias, de mostrar que lo que se pagó se recibió”, respondió.
Y añadió: “A la fecha, después de cinco años de
gestión de la secretaria Robles en Sedesol y en Sedatu, no ha habido una sola
sanción de ningún carácter administrativo o de otro tipo contra un funcionario
público de ambas secretarías”.
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