El número de asesinatos de
comunicadores en México –más de 110 desde el 2000, entre ellos 20 en Veracruz–
rebasa por mucho la cifra de periodistas que, “se podría asumir, murieran en
las principales zonas de guerra en muchos años”, alertó hoy la Unidad de Inteligencia
de la prestigiosa revista británica The Economist.
La revista
señaló que México cayó en los criterios
del Índice Democrático desde 2013, el primer año de gobierno de Enrique Peña
Nieto: de 6.91 pasó a 6.41, una calificación inferior a la de El Salvador, Perú
o República Dominicana, entre otros.
En su
informe anual, la revista colocó a
México entre las 57 “democracias deficientes” debido a su débil nivel de
cultura política, a las limitadas libertades civiles, así como a su mal
desempeño en materia de actuación gubernamental y en pluralismo electoral.
De acuerdo con el grupo, la creciente
violencia ejercida contra los reporteros que cubren abusos policiacos, tráfico
de drogas y corrupción gubernamental convierte a la prensa en México en un
oficio “ampliamente no libre”, ya que sólo Afganistán y Siria reportan un mayor número de
asesinatos de profesionales de la información.
La Unidad de
Inteligencia observó que, de manera general, la democracia se deterioró en
todas las partes del globo en 2017, lo que queda exhibido ante el hecho de que
89 países sufrieron una caída de su Índice Democrático en comparación con el
año anterior, “la peor dinámica desde 2010-2011, cuando se dieron los impactos
de la crisis financiera y económica”.
Según la
revista, existe un creciente descontento en el mundo respecto del estado actual
de la democracia, que se traduce en altas tasas de abstención en las
elecciones, una confianza hacia las instituciones en picada, una brecha cada
vez mayor entre élites políticas y los votantes, así como un declive en libertades
civiles, entre ellas de la información y de la libre expresión.
Ello, según
académicos mencionados en el reporte, sería una de las consecuencias de la
tendencia mundial que consiste en quitar las decisiones públicas de los
ciudadanos para ponerlas en las manos de “expertos” o tecnócratas.
En América Latina, a este descontento
se suma la frustración ciudadana causada por los sonados casos de corrupción
–entre ellos de la empresa brasileña Odebrecht–, las maniobras autoritarias de
algunos gobiernos para acaparar el poder o la influencia del crimen organizado.
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