Montserrat
Antúnez Estrada.
Puebla, con apenas 6 millones de habitantes,
atraviesa una crisis de desaparición de mujeres y niñas. Pero el desinterés de la Secretaría de Gobernación (Segob) por investigar a
fondo este fenómeno y su relación con delitos el feminicidio puede derivar en
que, por segunda ocasión, se rechace la declaratoria de la Alerta de Violencia
de Género contra las Mujeres (AVGM) en la entidad, alertan organizaciones
civiles.
El temor de
las activistas no es menor, pues la
entidad acumula dos solicitudes de Alerta de Género: la primera impulsada por
la organización “Todos para Todos”, que fue rechazada y se encuentra en
tribunales; y otra que actualmente está en trámite, en la que se agruparon las
peticiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la organización
Protección Popular y la agrupación civil Academia, Litigio Estratégico e
Incidencia en Derechos Humanos (ALEIDHAC), y cuyo proceso ya fue impugnado.
La última petición realizada, en
noviembre del año pasado, enfatiza en que se investiguen las desapariciones de
mujeres en la entidad, además de los casos de violencia feminicida.
Datos de la
Fiscalía General del Estado –obtenidos vía transparencia por el Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)– señalan
que entre 2015 y 2016 desaparecieron 820 mujeres, a seis de ellas las
encontraron muertas y 300 no fueron localizadas. Para el año 2017 se
registraron 276 casos y sólo de 27 se supo el paradero.
La cifra de feminicidios reconocidos
por la Fiscalía de Puebla fue de 12 en el año 2016, para el siguiente año
aumentó a 27 y hasta julio de este año se investigan 13.
Los datos reflejan sólo las
investigaciones que son tipificadas bajo ese delito por las autoridades
locales, aunque detrás podría haber más y que se califican sólo como homicidios
dolosos ante una falta de investigación adecuada de las autoridades, según han
alertado diferentes organizaciones sociales.
El Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
reporta que en Puebla hubo 91 homicidios de mujeres en 2015, la misma cifra en
2016, para 2017 se reportaron 140. Mientras que la prensa local ha contabilizado
al menos 64 muertes violentas en lo que va de 2018.
EL TORTUOSO
CAMINO.
La implementación de la AVG en Puebla
se solicitó por primera vez desde 2016. En marzo de ese año –con Rafael Moreno
Valle como Gobernador de la entidad– la organización “Todos para Todos”
solicitó la medida de emergencia y el 7 de julio –ya con Antonio Gali Fayad al
frente de la administración estatal– se notificó la no procedencia.
“Todos para
Todos” obtuvo un amparo contra la
resolución de la Segob, con el que el Juzgado Cuarto en Materia Civil
Administrativa del Trabajo y Juicios Federal del Sexto Circuito presionó a la
instancia para reconsiderar la implementación de la AVGM o renovar las
recomendaciones que hizo al Gobierno poblano en esa ocasión para erradicar la
violencia de género contra las mujeres de la entidad.
La primera solicitud fue denegada por
la Segob porque concluyó que el Gobierno estatal había cumplido con las
recomendaciones que le dio, sin embargo, este año la Comisión
Nacional de Víctimas (Conavim) –que se encarga de coordinar el grupo de trabajo
de evaluación– volvió a solicitar las mismas medidas, como la capacitación de
funcionarios públicos, además de tres diagnósticos: sobre educación en temas de
género, trata de personas y atención a víctimas de violencia y la creación de
una fiscalía especializada en atender delitos de género.
“Eso evidencia que el Gobierno de
Puebla simuló que cumplió las recomendaciones de 2016, y la Conavim lo aprobó.
[Con esa simulación] Sólo ponen en riesgo la vida de niñas y mujeres”, reclama
Mariel Guzmán Cortés, coordinadora del programa de igualdad y justicia del
Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, AC (Odesyr), que
da seguimiento a la alerta.
La activista
resalta que lo más preocupante es que la
Conavim sólo apuesta a las acciones estructurales a largo plazo e “ignora” que
la AVGM se creó para actuar de manera inmediata ante contextos de violencia de
género extrema que ponen en riesgo la vida de mujeres y niñas.
En 2017 –dos meses después de que la Segob negó la
AVGM en Puebla– el feminicidio de la estudiante Mara Castilla en San Andrés
Cholula consternó a la ciudadanía. Ella abordó un taxi Cabify, fue reportada
como desaparecida y posteriormente la encontraron asesinada y con signos de
violencia sexual. Ante este contexto la Comisión Nacional de Derechos Humanos
solicitó una segunda alerta en octubre de 2017 por violencia feminicida, misma
que la Conavim agrupó con la petición que las organizaciones Protección Popular
Nacional y Sumando por Guerrero hicieron ese mismo mes, así como con la de la
Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C.; la
petición se admitió a trámite en noviembre de 2017.
El grupo de trabajo coordinado por la
Conavim realizó el informe sobre el contexto en la entidad y lo presentó hasta
mediados de julio de 2018, aun cuando el reglamento de operación de la Alerta
de Género establece un plazo de dos meses para hacerlo. “[La Conavim] no
respeta ni su reglamento”, resalta Guzmán Cortés.
El Gobierno de Gali Fayad tiene un
plazo de seis meses para cumplir las 15 recomendaciones realizadas por el grupo
de trabajo, de no hacerlo la AVGM tendría que decretarse.
Ante las irregularidades y omisiones
el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Academia, Litigio
Estratégico impugnaron el proceso de la elaboración del diagnóstico y los
resultados de la Conavim.
La
coordinadora del OCNF), María de la Luz Estrada, pone como ejemplo que el diagnóstico sobre desaparición es “superficial”:
incluye datos que no están actualizados –contiene cifras del 2015– y se
pretende relacionar todos lo casos con la trata de personas, cuando
organizaciones civiles ya han identificado otros patrones.
“Hay mujeres que son constantemente
violentadas en sus relaciones y tiempo después desaparecen, este tipo de
factores no los contempló la Conavim. Queremos que se investiguen todas las
posibilidades para garantizar a las víctimas y sus familias el derecho a la
justicia”, demanda
Luz Estrada.
El amparo
ante un juzgado federal pretende obligar
a la instancia a investigar de nuevo todos los factores que influyen en las
desapariciones de mujeres, así como en la violencia de género en Puebla y con ello
emitir nuevas recomendaciones para enfrentar el problema.
En la
demanda, en manos de SinEmbargo, la
organización argumenta que la Conavim violentó el debido proceso e incumplió su
reglamento, “pues no garantiza la debida diligencia y perspectiva de género”,
además de entregar un informe basado en una investigación inefectiva.
Muestra de esto, señala la solicitud
de amparo, es que aunque en el informe se reconoce el incremento del crimen
organizado en algunas regiones del estado y el “entorno geográfico que rodea la
trata y la explotación sexual de las mujeres en el llamado corredor
Puebla-Tlaxcala”, el grupo de trabajo de la Conavim redujo las recomendaciones
a acciones que ya son obligatorias y están establecidas en la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley General de
Igualdad, así como en sus homólogas estatales.
“Ejemplo de ello es la recomendación
de un ‘Programa único de capacitación sobre violencia feminicida, violencia
sexual y trata de personas con fines de explotación sexual, así como búsqueda y
desaparición’ cuando -dado el carácter emergente de la AVG- las acciones tienen
que ser principalmente estructurales y a corto plazo”, argumentan el Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio y la Academia, Litigio Estratégico en su solicitud de
amparo.
El recurso
interpuesto tiene un mayor alcance y de ganarse, la Conavim estaría doblemente obligada a cambiar su diagnóstico sobre
la violencia de género en el estado, pues lo tendría que hacer también para la
primera solicitud que fue rechazada.
La
coordinadora del OCNF lamenta que sea
necesario recurrir a recursos penales para obligar a la Segob a atender la
violencia contra las mujeres y señala que “no es que la AVGM no funcione, lo
que no funciona son los malos informes que no están atacando el problema, que
no están haciendo una investigación seria que permita recomendar a partir de un
contexto que está poniendo en riesgo a las mujeres”.
La defensora
de derechos humanos Mariel Guzmán también
identifica una serie de irregularidades en el proceso para solicitar la alerta
en la entidad. La primera es que la Conavim agrupó tres solicitudes que hacen
énfasis en temas distintos: la violencia feminicida, sexual y las
desapariciones, pero ninguno de ellos se analizó a fondo, lo que se constata en
el informe final de evaluación, donde, al contexto de delitos sexuales se le
dedican dos párrafos y la desaparición de mujeres y niñas sólo un apartado de
menos una cuartilla de extensión.
La
coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio explica que los funcionarios federales usan
la coyuntura política para obstaculizar la medida de emergencia. “En la Segob
ponen de pretexto que ya se van y nadie se hace responsable de nada, con dolo
ignoran actuar ante situaciones que vulneran la vida de las mujeres”,
denuncia.
En días
pasados, el OCNF y las más de 80 asociaciones que conforman la Red Nacional de
Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (Red TDT) reclamaron al Gobierno de Enrique Peña
Nieto y al titular de la Segob, Alfonso Navarrete Prida, su inacción para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y
recalcaron que aún queda un centenar para que su mandato concluya.
Y al
Gobierno Federal electo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, lo
llamaron a evitar retrocesos en la política de combate a la violencia hacia las
mujeres, de manera específica se dirigieron a la nueva Secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien solicitaron fortalecer la Conavim.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.