Una política de intervención.

Raymundo Riva Palacio.

Como jefe de Morena y candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador fue ligero al hablar sobre la seguridad, el fenómeno más lacerante en la sociedad, y ofreció soluciones milagrosas para resolver problemas estructurales en corto plazo. Pecó de ingenuo e incluso ignorante sobre este tema, y llegó a plantear como modelo a seguir algunos que, se puede afirmar, no entiende. El punto de partida de su argumentación y el llamado a la reconciliación a través de una convocatoria pública nacional puede rastrearse a un mitin en Chihuahua, el 1 de octubre del año pasado, donde dibujó su propuesta que, dijo, replicaría el modelo que llevó la paz a Colombia.

A lo que se refirió someramente López Obrador fue al Plan Colombia, creado por los presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton, en 1999, que buscaba atender las causas sociales y económicas del fenómeno, iniciar un diálogo con las guerrillas de las FARC y el ELN para otorgar amnistías y lograr su reinserción social y política, y desarrollar una estrategia para combatir al narcotráfico con batallones militares antinarcóticos.

Esta última parte no se manejó en Bogotá, sino desde Washington, dirigida por el general Barry McCaffrey, el zar de las drogas de la Casa Blanca. Los críticos al Plan dijeron que se institucionalizó la intervención estadounidense en Colombia, lo que, conociendo la animadversión de López Obrador hacia Estados Unidos, sólo se puede entender el uso de ese ejemplo a su desconocimiento del mismo, que también se aprecia en su falta de información actual sobre el incremento de la violencia y del narcotráfico en esa nación.

Pero las palabras electoreras siempre buscan tocar música para los votantes. De manera regular, López Obrador aseguraba en campaña que la guerra contra el narcotráfico se acabaría a la mitad de su sexenio, pero que “en muy poco” tiempo se reduciría la violencia, atendiendo las causas económicas del fenómeno y “haciendo el bien”, sin “apagar el fuego con el fuego, (ni) enfrentar la violencia con la violencia”, porque “si así fuese, nos quedaríamos tuertos y chimuelos”.

Consecuente con sus dichos, ordenó foros de consulta para la reconciliación del país y regresar la seguridad, de donde saldría la estrategia de seguridad del próximo gobierno. Los foros sirven políticamente, porque la seguridad ha sido debatida y diagnosticada en México durante varios lustros, y envolverán lo que el nuevo gobierno está preparando para el arranque del sexenio.

Los colaboradores de López Obrador saben que las declaraciones del presidente electo fueron sólo palabras, que para tener los resultados que reviertan los índices de criminalidad y restablezcan la seguridad colectiva, no bastarán los 36 meses de plazo prometido. Pero, al mismo tiempo, necesitan que la ciudadanía empiece a ver acciones concretas que apunten en ese sentido y les permitan ganar espacio de maniobra política. Para ello, existe un plan sobre el que están trabajando los detalles, que divide al país en tres campos de acción: las tres grandes capitales, la Ciudad de México y sus municipios conurbados, Guadalajara y Monterrey; los destinos turísticos de la Riviera Maya, Los Cabos y Puerto Vallarta, y 254 zonas en el país de alta criminalidad.

Este plan implica el desplazamiento de lo que le denominan “células” que integrarán mil elementos de seguridad, compuesta cada una por soldados, marinos y policías federales, a los cuales se les añadirá una nueva figura de policías ministeriales, pero adscritos a la nueva Secretaría de Seguridad, y no a la PGR donde actualmente están, además de policías estatales. Soldados y marinos no formarán parte de una misma “célula”, sino que encabezarán las suyas, donde el militar de más alto rango será el responsable, y reportará al secretario general de Gobierno de cada entidad, quien informará al gobernador para que éste haga lo mismo directamente con el secretario de Seguridad federal y éste, a su vez, lo haga con el presidente.

Esta arquitectura requiere de un funciograma nuevo al que existe en la actualidad, donde no hay unidades que sólo atiendan una zona en específico, como pretende este nuevo modelo de aplicación inmediata en las 254 zonas de alta peligrosidad, que son los polígonos que se han identificado en el país, a partir de insumos como el historial de incidencia delictiva, los censos de población, los indicadores sobre gobernanza y las encuestas ciudadanas sobre la seguridad.

También requerirá de la creación de una policía ministerial dentro de la Policía Federal, que se asemeja en sus posibilidades judiciales al FBI en Estados Unidos, pero no sería lo mismo, pues, a diferencia de ese organismo que trabaja en apoyo a las policías locales –salvo cuando atrae los casos al convertirse en casos de índole federal–, estas células estarían por encima de las autoridades locales, cuyas fuerzas de seguridad están subordinadas al mando militar.

Este modelo que se pondrá en operación en el arranque del nuevo gobierno no puede considerarse una política pública, sino una estrategia de intervención rápida y eficaz contra la delincuencia. Se espera genere acciones de alto impacto ante la sociedad, con lo cual se cumplen dos objetivos: mostrar que el nuevo gobierno comenzó a dar los resultados prometidos –aunque en realidad sean de poco alcance para el objetivo final de López Obrador–, y le dará el espacio para que las acciones de fondo puedan ser instrumentadas y tengan su periodo de madurez para que rindan frutos. Si se hace bien, no será una acción cosmética ni demagógica. Y con algo concreto y eficiente, habrá iniciado el nuevo gobierno.