El cártel alimentario.

Javier Risco.

En más de una ocasión hemos usado este espacio para hablar del cártel inmobiliario que tanto daño le hace a la ciudad, pero esta vez quiero hacer referencia a otro, a uno que no construye torres de departamentos y oficinas, sino que lleva más de una década contribuyendo a apilar mexicanos enfermos de diabetes y obesidad: el cártel alimentario.

Entre el mar de información del que hemos estado avasallados estas últimas semanas, es probable que la historia que le cuento le suene poco conocida: se trata de la discusión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que estaban en juego tres derechos importantísimos: el derecho a la información, a la salud y el derecho superior del bienestar de la niñez.

¿Con qué frecuencia revisa usted el etiquetado de los alimentos que consume? ¿Es de los que compara porciones y cantidad de azúcar? Más allá: si lee el etiquetado, ¿entiende y confía en lo que dice la marca de su preferencia? Quizá ahora pase por su cabeza la idea de que obsesionarse con las porciones de azúcar, grasa o sal que tienen las bebidas o alimentos que compra en el súper, suena a una exageración. No lo es. Y le tengo una noticia: aun cuando sea de quienes se fijan, quizá esa información sea imprecisa o falsa.

La semana pasada, la SCJN resolvió un amparo en que la Cofepris buscaba que no se cambiara el etiquetado de los alimentos que actualmente consumimos. ¿Por qué quien se encarga de evitar riesgos sanitarios estaría en contra de que las etiquetas de nuestros alimentos y bebidas fueran claros, con parámetros homologados y basados en criterios científicos, recomendaciones de salud internacionales y opiniones de expertos? Esto es algo que debemos exigir como respuesta de esta dependencia.

En 2015, El Poder del Consumidor y un comité de expertos nutricionales interpusieron un amparo para que el engañoso etiquetado nutrimental actual se cambiara. Ganaron en 2016, pero Cofepris, como aval de ConMéxico, este último representante de la industria de alimentos y bebidas, metieron un recurso de revisión que impidiera el cambio en las etiquetas, aun cuando médicos, científicos, expertos, defensores de derechos de salud y de información alertaron de la importancia. Su recurso fue resuelto por la SCJN como favorable para los cabilderos de la industria de alimentos y el derecho de todos a saber lo que consumimos y en qué cantidad, se vio aplastado con uno que en México siempre termina pesando más: el de los grupos económicamente poderosos.

“El objetivo, desde el principio del amparo, fue que se reconociera que las deficiencias del etiquetado nutrimental realmente no sólo son deficiencias, sino violaciones a derechos humanos; o sea, el etiquetado no informa a los consumidores, no les permite hacer elecciones de acuerdo con la salud”, le dijo Javier Zúñiga, del área legal del Poder del Consumidor, a los medios tras la resolución de la SCJN.

¿Cuáles son las alertas del comité de expertos que buscaban generar más conciencia en las personas, como una de las formas de abatir el segundo lugar mundial de obesidad que padecemos los mexicanos?

1. Los estudios disponibles indican que el etiquetado que se utiliza en México, que está basado en las Guías Diarias de Alimentación (GDA), no funciona y debe ser reemplazado por un sistema efectivo, de fácil comprensión y con criterios correctos.

2. El sistema de etiquetado frontal debe basarse en recomendaciones internacionales y nacionales de salud, como las de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Academia Nacional de Medicina y las recomendaciones nutrimentales mexicanas que preparó el sector salud bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

3. Un grupo libre de conflictos de intereses deberá diseñar el sistema de etiquetado frontal en México, con criterios de transparencia.

Si en México aún no somos capaces de explicar por qué pesan más los intereses económicos de un grupo poderoso que la opinión de 31 expertos de institutos nacionales, universidades públicas y privadas, del IMSS y el ISSSTE, es que aún no tenemos claro que la corrupción mata y, a veces, tan lento como una diabetes que acaba con la vida de quien la padece.