Salvador
Camarena.
Ha comenzado
a hacer ruido el anuncio de que, desde ya, el próximo gobierno realizará un
censo sobre las necesidades de la población: el Censo del Bienestar.
Ya se sabe
que la Secretaría de Desarrollo Social pasará a llamarse del Bienestar. Lo que
no se sabe es por qué razón Morena se ha auto adjudicado la autoridad y la
capacidad para realizar un censo, qué metodología seguirá para ello, qué
legalidad tendrán sus productos, de dónde saldrá el presupuesto para el mismo y
qué uso se podrá dar a esa información (dicho de otra manera: qué garantías hay
de que ni se vulnerarán los datos personales de los censados, ni se utilizará
tal información para fines electorales), etcétera.
Parte de lo
anterior lo señalaba ayer en el diario Crónica Saúl Arellano, de México Social:
“Se ha dicho
que, en el caso del primer censo, serían los subdelegados regionales los
responsables de ir casa por casa a levantar la información; sin embargo, por lo
que se sabe en medios de comunicación, habría 264 o 270 de éstos subdelegados. El
problema es que el país tiene alrededor de 33 millones de viviendas habitadas
en un territorio de alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados.
“Lo anterior
significa que cada subdelegado tendría que censar alrededor de 122,222
viviendas; y eso exigiría que cada subdelegado invirtiera algo así como 5 mil
días (13.5 años) para cumplir con la tarea encomendada.
“Así las
cosas, surgen numerosas dudas: ¿quién realmente diseñará –cuestionarios,
operativo de campo, procesamiento y análisis de la información–, esos censos?”
De hecho, el
censo fue uno de los primeros anuncios en la llamada gira de agradecimiento de
Andrés Manuel López Obrador iniciada el lunes desde Nayarit, donde dijo: “En
unos días más empieza a llevarse a cabo un censo en todo Nayarit, un censo para
bienestar. Se va a ir casa por casa y, así como se va a iniciar aquí en
Nayarit, se va a iniciar en todo el país, se va ir seleccionando, se va ir
sacando a todos los beneficiarios de los programas”, dijo el tabasqueño según
nota de Reforma. El colega Alberto Aguirre aportó ayer también un dato
relevante para el tema que estamos tratando, sobre todo en lo relativo a cómo
funcionarán las super-delegaciones estatales: “Cada uno de los subcoordinadores
(o subdelegados) deberá reclutar a 50 colaboradores que, mientras ocurren las
adecuaciones legales, cumplirán con un trabajo voluntario”.
Como
recuerda Aguirre, esta estructura estará comandada por Gabriel García
Hernández, encargado de organización de Morena y futuro coordinador general de
Programas Integrales de Desarrollo, para más señas, jefe de los super-delegados.
El proyecto
del censo ha ocupado semanas a García Hernández y está contenido en un
documento llamado Estrategia para el censo. Según fuentes consultadas, para el
censo el país será dividido en la retícula que ya definen las secciones
electorales (sí, electorales) y un ejército de hasta 20 mil voluntarios
saldrían a encuestar de aquí a noviembre (ese grupo de colaboradores
provendrían de la estructura electoral que ya armó García Hernández para la
elección pasada).
Con tablets
en mano (20 mil) y un cuestionario propio, pues desdeñarán el CUIS
(Cuestionario único de información socioeconómica, que tiene 95 preguntas y
lleva años haciéndose), Morena pretende “innovar”, pasar por encima del INEGI y
obtener información que estará anidada ni más ni menos que en la Presidencia de
la República, que será desde donde despache García Hernández. Los tres
objetivos principales del censo, se dice, son: establecer sus propios padrones
correspondientes a adultos mayores, personas con alguna discapacidad y jóvenes.
Ya que andan
tan entrones, ojalá en el Congreso de la Unión los de Morena y los de la
oposición (porque sí hay oposición, ¿verdad?), discutan sobre la legalidad, y
la pertinencia, de este censo. Y ojalá el INEGI también diga esta boca, o al
menos los censos, solían ser míos.
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