El Senado odia a Chiapas.

Salvador Camarena.

Les manejo lo que vienen siendo números de la gestión –nunca podríamos usar la palabra gobierno– de Manuel Velasco en Chiapas.

Bueno, yo no, sino Valeria Moy, Ana Berta Gutiérrez y Valeria Mendoza, que desde México, ¿cómo vamos? publicaron en abril este lapidario balance del paso del huracán Manuel sobre territorio chiapaneco:

“Chiapas ha sido uno de los tres estados que han decrecido en promedio en los últimos cinco años, a un ritmo de -0.2% promedio anual. Durante 14 de los 19 trimestres analizados se dio una caída en la actividad económica.

“México, ¿cómo vamos? estima que deberían generarse 45 mil 100 empleos formales cada año en Chiapas para darle cabida en el sector formal a la población que se incorpora al mercado laboral. Las cifras indican que únicamente se registraron 8 mil 061 plazas formales en los primeros cinco años de gobierno, equivalentes al 4% de la meta (225 mil 500 en 5 años).

“Cuando la actual administración entró en funciones, Chiapas era la 7ª entidad con la tasa de informalidad más alta, 63.7%. Cinco años después, dicha proporción se incrementó en 4.5 puntos porcentuales y el estado se convirtió en el 4° con mayor informalidad. El incremento de trabajadores que laboran sin prestaciones de ley se incrementó en 89 mil personas.

“A finales de 2017, 7 de cada 10 chiapanecos no podían adquirir la canasta alimentaria con el ingreso proveniente del trabajo de su hogar. La proporción es 3.5 puntos porcentuales superior a la cifra que se observaba en 2012, equivalente a 412 mil personas adicionales en pobreza laboral.

“Únicamente en 2016 –el último año para el que se tienen datos–, mientras se había aprobado un gasto por 12.4 millones de pesos en comunicación social, el ejercido fue superior en 3,141%; se destinaron casi 400.5 millones de pesos a publicidad oficial. Por el contrario, a pesar de que se esperaban destinar 4 mil 315 millones de pesos a inversión pública, el monto efectivamente destinado a este rubro fue 70% menor, de apenas mil 286 millones. Esto a pesar de que el actual gobernador también aseguró en su discurso de toma de protesta que se trataría del ‘sexenio de la infraestructura’”.

¿Más datos? No importa el rubro que se revise, por doquier hay denuncias sobre la catástrofe del paso de Manolo I de Chiapas: adeudos de mil millones de pesos a proveedores, observaciones en la Auditoría Superior de la Federación por 5 mil 770 millones de pesos, el aumento en la incidencia delictiva más alto en una década, y todo con el telón de fondo de una administración incapaz de dar gobernabilidad a esa entidad.

Nada de lo anterior vale para el Senado de la República, órgano del Estado mexicano que puede sancionar la desaparición de poderes en una entidad.

Este Senado, dominado por Morena, odia a Chiapas. No quiere el bien de los chiapanecos. Dijo este martes Ricardo Monreal, senador en jefe de los morenos, que es derecho de Velasco irse del Senado cuando quiera. Claro que sí, hay derechos, pero también hay obligaciones.

Uno hubiera esperado (iluso que es uno) que los senadores cumplieran con su obligación de velar por el bien de la población de un estado amolado históricamente, pero más amolado desde que Velasco no cumplió la obligación de gobernar bien.

Pero no, el Senado está para los derechos de los senadores, no para las obligaciones con México. Esas solo recaen en los ciudadanos. Y la obligación de los chiapanecos es aguantar tres meses más a Velasco. Pobre Chiapas. Nunca mejor dicho.