Gustavo De
la Rosa.
Montesquieu y Rousseau pensaban que
el poder absoluto del rey debía sustituirse por el poder del pueblo expresado
en leyes y que debía ser ejercido por tres funciones independientes para
establecer un equilibrio en las decisiones del Gobierno; sin embargo, cuando
este proyecto ideológico se convierte en realidad, algunas veces más bien
parece que el monarca fue sustituido por el poder Ejecutivo y que el Legislador
sólo sirve para legitimar lo que el primero decide.
Pocas veces se dan las circunstancias
electorales para que efectivamente el Congreso del Estado pueda convertirse en
el poder que equilibre las decisiones del Ejecutivo. Éstas se están dando en
Chihuahua.
El Congreso consta de 33 diputados
divididos en bloques según los partidos y alianzas que los propusieron, la
mayoría necesaria para acordar asuntos es de 17 votos, pero ninguna de las dos
grandes fuerzas los logra por sí solas: el Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) en coalición con el Partido Encuentro Social (PES) tiene 12 votos, y
el Partido Acción Nacional (PAN) junto con Movimiento Ciudadano completa 13.
Todos los días ambos tienen que batallar para conquistar los votos faltantes y
llegar a los 17.
Aunque a los 12 de Morena y el PES se
agregan cuatro votos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la
mayoría de las votaciones, el PAN no ha logrado consolidar ningún bloque y los
votos de los partidos minoritarios se ejercen con mucha independencia; los
diputados ahora deben tomar acuerdos por consenso para evitar la confrontación
electiva. En estas primeras tres semanas de trabajo apenas se presentó la
primera votación por confrontación, referente a la elección del Auditor General
del Estado y a la elección de la Fiscal Anticorrupción, y la perdió el PAN.
Inicialmente
estas elecciones fueron aceleradas por
la anterior Legislatura dominada por el blanquiazul, buscando designar a uno de
sus funcionarios para manejar los recursos públicos, pero los diputados de
Morena se opusieron pues implicaban una serie de cambios anticonstitucionales;
se le pidió entonces al presidente del Congreso que votara un acuerdo general
para interponer una controversia constitucional contra la normatividad
mencionada y la nulidad de los nombramientos.
El PAN reaccionó ruidosamente y
exigió que se desechara el punto, aunque sólo obtuvo 13 sufragios contra 20.
Esto llevó a una reunión de los coordinadores de bancada y a un acuerdo por
consenso para que dicha controversia se presentara sin confrontar al Congreso en
su conjunto; ahora ya sólo esperaremos que la Suprema Corte emita una
resolución aplicando estrictamente el sentido de la ley conforme a la
Constitución y a los convenios internacionales.
La discusión en torno a este
nombramiento es relevante debido a que en la revisión de las cuentas públicas
es donde se han fraguado las alianzas y la negociación de votos para la
tolerancia de la corrupción, y la aprobación de las cuentas públicas de
municipios y estados encubre la mala administración de los recursos de
Gobierno. La independencia de la Auditoría Superior del Estado es fundamental
para controlar la corrupción y creo que, al menos el jueves, el Congreso del
Estado sí hizo honor a Rousseau en su prefacio al discurso sobre la desigualdad
de los hombres: nadie debe estar por encima de la ley.
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