El 30 por ciento del territorio de
Sinaloa se encuentra concesionado a la minería, una de las industrias más
intensivas en el uso de agua.
Si bien la
vigencia de una concesión no siempre es igual a una mina activa, la mayoría cuenta con permiso para operar
hasta por medio siglo y explotar los mantos acuíferos con regulaciones muy
laxas, que no protegen a las poblaciones de posibles derrames contaminantes,
advierte Conselva, Costas y Comunidades en voz de su directora ejecutiva, Sandra
Guido.
Esto es especialmente riesgoso en una
geografía como la sinaloense, caracterizada por sus once ríos, y su riqueza en
afluentes y grandes represas, de los que depende la economía y la salud humana.
Es algo en
lo que ha enfatizado esta asociación civil de la mano del colectivo Voces
Unidas por el Agua, que amalgama a una serie de organizaciones, empresarios y
activistas en el sur de Sinaloa en favor de la conservación de los recursos
hídricos.
“Extraen agua de los mantos freáticos
y la devuelven contaminada; las concesiones son enormes, pero cuando tú vas a
las minas activas se encuentran ubicadas junto a arroyos o ríos, y esto se debe
a los grandes volúmenes de agua que requiere la operación minera”, explicó la activista.
De acuerdo
con el Panorama Minero del Estado de Sinaloa, publicado por el Servicio
Geológico Mexicano (SGM) en agosto, en
Sinaloa se han cedido a la minería 1 millón 750 mil hectáreas de los 5 millones
809 mil 200 que conforman la totalidad del territorio, es decir, casi una tercera
parte (30.13 por ciento).
Al ubicar en
el mapa los puntos para la explotación de oro, plata, cobre, plomo y zinc, se puede ver copada la franja de la
Sierra Madre Occidental colindante con Chihuahua y Durango, donde nacen la
mayoría de los ríos que atraviesan la entidad antes de desembocar en el Océano
Pacífico.
En total, son 1, 951 concesiones otorgadas a empresas
nacionales y extranjeras hasta 2015 en trece regiones: Choix, El Fuerte, San
Blas, Sinaloa, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, El Salado, Cosalá, San Ignacio,
Mazatlán, Concordia y Rosario.
Aun cuando el
documento no aporta información más reciente, la política del Gobierno del Estado ha sido de puertas abiertas a la
industria extractiva, a la cual se ha incluido en las actividades económicas
estratégicas. Incluso goza de estímulos y facilidades para la inversión.
En marzo, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel instaló
el Comité para la Competitividad del Sector Minero por el cual, se informó,
había llegado a Sinaloa una inversión de 2 mil millones de pesos a través de
distintos proyectos.
Un mes
después en el IV Seminario de Inversión y Promoción Minera, el secretario de
Desarrollo Económico, Javier Lizárraga Mercado, expuso que la minería tiene amplio potencial en el estado por aportar
desarrollo en zonas marginadas y atraer inversión extranjera directa. Sin
embargo, hasta el último año este sector no rebasaba el 1% del PIB.
MINAS ACABAN
CON EL AGUA.
Según un
estudio de la iniciativa Cartocrítica, la
industria minera extrajo casi 437 millones de metros cúbicos de agua durante
2014.
“Esto es agua suficiente como para
cubrir las necesidades humanas de toda la población de Baja California Sur,
Colima, Campeche y Nayarit durante el mismo periodo”, ejemplifica el informe.
Los grupos mineros más voraces fueron
Grupo México, Goldcorp Inc, Arcelor Mitlal México, Primero Mining Corporation y
Pondercel, de acuerdo con la revisión realizada al Registro Público de Derechos
de Agua (Redpa).
En Sinaloa se expidieron ocho títulos de concesión de
aguas nacionales a compañías mineras. Y en ese año extrajeron 1 millón 483 mil
613.70 metros cúbicos, en un estado donde las actividades económicas compiten
fuertemente por el agua, recurso que en mayor proporción es acaparado por el
sector agrícola.
Los títulos se hallaban a nombre de:
Minerales y Minas Mexicanas SA de CV, First Majestic Silver Corporation, Minera
Río Tinto SA de CV, Cementos Sinaloa SA de CV, Minas San Luis SA de CV, Minera
Humaya SA de CV y Grupo Calidra SA de CV, que operan en el centro, norte y sur
del estado.
En una
consulta de Noroeste a las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), se hallaron
autorizaciones adicionales, expedidas de 2015 a la fecha.
Entre ellas aparecen Met Sin
Industriales SA de CV (547,500 m3); Oro Gold México SA de CV con dos
concesiones donde no se especifica el volumen autorizado para su captación.
También se encontró una de 2010 que no había sido contemplada en el primer
estudio, otorgado a Minera La Rastra (209,920 m3).
Para
Conselva, es preocupante debido a que ya
hay mantos freáticos sobreexplotados, mientras el Servicio Geológico Mexicano
no considera variables como la localización de cuerpos de agua o poblaciones
para seguir autorizando permisos a la minería.
LAS CONCESIONES.
Si bien la
minería se ha desarrollado en Sinaloa desde la Colonia, la apertura de las autoridades locales se ha visto reflejada en un
nuevo auge. Desde 2002, se ha mantenido la tendencia creciente tanto en el
número de permisos como en el territorio concesionado. Ese año, se habían
expedido 894 permisos sumando los de explotación y exploración en un total de
385 mil hectáreas.
Tres años después, por cambios en la
Ley Minera, se expide la concesión única, lo que ha facilitado la tramitología
a los consorcios mineros, a tal grado que para 2006 ya iban más de 676 mil
hectáreas, distribuidas en mil 138 permisos.
Ni los
enfrentamientos entre grupos armados en la zona serrana, durante la guerra
contra el narcotráfico del ex Presidente Felipe Calderón, detuvieron la
liberación de permisos para la explotación de minerales, ya que el crecimiento
se potenció a partir de 2009. Ese año el valor de la producción minera subió de
976.19 millones de pesos, a mil 944.46 millones, con la explotación de oro, plata,
cobre, plomo, zinc y fierro.
Y así
continuó hasta llegar a un pico, en 2014, de 7 mil 248 millones de pesos. A
partir de ahí vino un descenso motivado, en parte, por la baja de los metales
en el mercado internacional.
Sin embargo,
son varios factores por los cuales la
minería no genera los beneficios esperados para los municipios donde se
establece ni para sus habitantes. Así lo explica Juan Manuel Mendoza Guerrero,
líder del Cuerpo Académico Movimiento Migratorio y Desarrollo Regional de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UAS.
En primer
lugar señala los costos ambientales,
sobre todo la contaminación de mantos freáticos, a las que describió como externalidades
que no se valoran en el corto plazo por los promotores del desarrollo
económico, pero luego resultan costosos para las comunidades locales.
Y en
segunda, que los impuestos no se quedan
en los municipios debido a que los domicilios fiscales de las empresas se
ubican en otras regiones o países.
“El debate de fondo está entre
quienes le apuestan al progreso a corto plazo y quienes ven las consecuencias
para el medio ambiente, donde muchos de los impactos no los vemos, como el de
la contaminación de los mantos freáticos, hasta que se empiezan a ver daños en
la salud de animales o de personas”, reflexionó.
Autor de un
estudio del Producto Interno Bruto en los municipios de Sinaloa, auspiciado por
el Codesin, el académico comentó que los
municipios mineros fueron los que arrojaron menores aportaciones al PIB, por lo
menos de 2006 a 2012 en que se hizo la investigación.
Si bien se
creó el Fondo Minero con la Reforma Fiscal de 2014 para impulsar obras de
impacto social en zonas de extracción minera, con la recaudación del 3 por
ciento del valor promedio de producción, en
Sinaloa no se han evaluado aún los impactos de esta política pública.
De otro
lado, Mendoza apuntó que gran parte de
las compañías son extranjeras que evaden una normativa más estricta en sus
países, y al trabajar en condiciones relajadas les permiten ampliar operaciones
y su margen de utilidad.
¿QUIÉN
PROTEGE EL AGUA?
La propuesta de Conselva es revisar
la legislación estatal y regular la ubicación de plantas mineras para impedir
contaminación en ríos y embalses.
Además de crear un padrón real de
quienes se dedican la minería y evitar derrames de jales mineros, como el
ocurrido en Pánuco en 2014, y el de este año en Urique, Chihuahua, cuyos
residuos habrían llegado al río Fuerte en Sinaloa.
Y es que a pesar de que el marco
legal que regula la extracción de minerales es del ámbito federal, los
gobiernos estatales pueden recurrir a instrumentos jurídicos para proteger al
agua y a sus ciudadanos, señaló Sandra Guido.
Aclaró que el tema no compete sólo a
las leyes en materia ambiental, sino a otras que tienen que ver con el
desarrollo económico y urbano.
“Aunque hay una legislación federal,
es importante que el estado regule la ubicación de las minas, porque es el que
a final de cuentas se queda con los residuos y los impactos”, resaltó.
Algo que
agrava los riesgos, dijo, es que hay un
número indeterminado de gambusinos que trabajan con mercurio, una sustancia
altamente tóxica, que no entran en el marco de las leyes federales.
“Son irregulares, pero tampoco se les
puede llamar ilegales”.
Aunque por otro lado, también se desarrolla la
minería ilegal con empresas que no presentan manifestaciones de impacto
ambiental, acusó la investigadora, quien es bióloga y maestra en ecología
marina.
La problemática es extensa y compleja
en todo el estado, pero en el sur de Sinaloa, Conselva ve puntos críticos en
los embalses del río Baluarte, donde opera una gran cantidad de minas, y en el
ya señalado río Pánuco del municipio de Concordia.
El llamado
es a actuar a tiempo.
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