A escasos
dos meses y medio de tomar posesión como presidente de la República, el escenario que le espera a Andrés
Manuel López Obrador en materia de seguridad es totalmente adverso: gobernará
con el 80 por ciento de las presidencias municipales controladas por el
narcotráfico, con una policía al servicio del crimen, quince cárteles en
expansión –con amplias ramificaciones violentas que trastocan la gobernabilidad
en varios estados– y luchas a sangre y fuego por el control territorial.
Según una radiografía sobre la
presencia del narcotráfico en los municipios del país, elaborado por el área de
Asuntos Municipales y Regionales del Senado de la República, el 80 por ciento
de los ayuntamientos están gobernados por autoridades que tienen un vínculo
directo e indirecto con alguna modalidad del crimen organizado. El estudio, de
esta forma, da cuenta del avance de los grupos criminales en el territorio
nacional y su infiltración en la vida política.
La radiografía sostiene, de igual
forma, que esta es la causa de que las policías resulten ineficaces en los
municipios, pues sus jefes –mandos altos y medios– tienen vínculos con los
grupos criminales en las demarcaciones donde operan.
No es todo: En los últimos diez años, la dinámica de
los cárteles de la droga ha cambiado y se han convertido en verdaderas empresas
del crimen con una veintena de actividades criminales –independientes del tráfico
de enervantes– y su estructura también presenta modificaciones: ahora los
cárteles se han fraccionado en células poderosas y violentas cuyos ramajes
están enlazados con otros grupos criminales activos en todo el continente.
Un ejemplo
es el cártel de Sinaloa –el más poderoso del mundo–: tras la captura de su
líder, Joaquín Guzmán Loera, sujeto a juicio en Estados Unidos, dicha
organización criminal se dividió en cuatro frentes; es más dinámica, menos
visible y ejerce un mayor control territorial en el país. De igual forma, su
poderío está mejor cimentado con las alianzas que ha tejido con los cárteles
del Golfo, La Familia Michoacana, entre otros grupos.
Del año 2000
a la fecha, la dinámica del narcotráfico ha variado en todo el país: un dato
que sobresale es que ahora los cárteles gobiernan a través de sus aliados buena
parte de los municipios del país, por lo que sus cotos de poder son amplios y
no menos poderosos.
De acuerdo
con informes de la Drug Enforcement Administration (DEA) y de la Procuraduría
General de la República (PGR), más de la
mitad del territorio nacional está controlado por catorce cárteles, en su
mayoría violentos, que están relacionados con altos mandos de las policías
estatales y municipales –las más contaminadas del país –y cuyos efectivos
fungen como sicarios, halcones o protectores de redes de secuestradores o
narcomenudistas.
Esos mismos informes establecen, además,
que el estado de Tamaulipas –donde dos exgobernadores (Tomás Yarrington y
Eugenio Hernández) están presos por brindar protección al narcotráfico durante
sus respectivos gobiernos –es la entidad con mayor número de grupos criminales
asociados.
Y enseguida se enumeran algunos de los más peligrosos
que operan en esa entidad: Grupo Operación Zeta, Fuerza Especial Zeta, Metros,
Rojos, Dragones, Ciclones, Fresitas, Pelones, Talibanes, entre otros, que han
arrebatado el monopolio de la violencia a los cárteles hegemónicos –Los Zetas y
al Cártel del Golfo– cuyas redes se extendieron por años en toda la entidad y
aún operan en el corredor Tamaulipas–Nuevo León–Coahuila, uno de los más
sangrientos.
Ya desde los tiempos de Tomás
Yarrington y Eugenio Hernández –dos de los exgobernadores priistas con
escandalosas historias de riqueza, poder, impunidad y ligas con el
narcotráfico– el crimen organizado tenía amplios dominios en la vida política,
social y empresarial, pero en la actualidad el crimen organizado es amo y señor
de las cárceles y controlan el tráfico de todo tipo de sustancias que cruzan a
Estados Unidos con el apoyo de la policía del estado.
En
Tamaulipas este escenario de total
control criminal minimizó la figura del Gobernador Francisco García Cabeza de
Vaca, cuyo gobierno ha resultado un fracaso por sus fallas y desatinos en el
combate al narcotráfico. Durante su mandato, las redes del delito se han
incrementado, imparable la violencia que azota a todo el territorio.
Tanto de día como de noche –y este es
un verdadero escenario de guerra– la metralla no cesa en diversos municipios,
los más sangrientos, los que se ubican en el límite fronterizo con Estados
Unidos: Miguel Alemán, Camargo, Ciudad Mier, entre otros, donde las balaceras
ya son parte de la realidad cotidiana.
GUERRERO:
TERRITORIO DE MUERTE.
Los informes
oficiales señalan también que después de
Tamaulipas en la lista de territorios incendiados por la criminalidad le siguen
Chihuahua y Guerrero, con seis bandas locales cada uno. Sin embargo, un informe
del Cisen titulado “Presencia de la Delincuencia Organizada en Guerrero”,
elaborado en 2011, señalaba entonces que en Guerrero operaban 300
organizaciones criminales y cuyas cabezas eran personajes que tenían [o tienen]
líneas de parentesco con autoridades estatales y municipales.
En sus partes medulares, el informe
sostiene que la crisis De inseguridad se agudizó por las disputas y
enfrentamientos armados entre los cárteles del Golfo, Pacífico, La Familia
Michoacana, Los Zetas y la Organización Beltrán Leyva.
Poco
después, los decibeles de la guerra
aumentaron cuando a la confrontación por el territorio se sumaron dos de los
cárteles más violentos: Guerreros Unidos y Los Rojos, los que convirtieron a
Guerrero en un territorio de muerte, el cementerio de la impunidad.
El informe incluye algunos datos
históricos que explican la imparable violencia en ese estado: sostiene, por
ejemplo, que en 2008 los Beltrán Leyva abrieron fuego por el control
territorial –uno de los más codiciados porque se ubica en la ruta del Pacífico–
al enfrentarse a los hombres del cártel del Golfo y de Los Zetas, por aquel
tiempo todavía aliados.
Tras la
muerte de Arturo Beltrán, en 2009, tras un enfrentamiento con marinos en su
condominio de Cuernavaca, Morelos, el grupo de sicarios conocido como Los
Pelones continuaron al servicio de Héctor Beltrán, El H, quien se enfrentó a
Édgar Valdez Villarreal, La Barbie –detenido en México debido a un percance de
tránsito– quien posteriormente fue extraditado a Estados Unidos. Desde el
pasado 11 de junio purga una condena de 49 años de prisión y debe pagar 192
millones de dólares.
Pero cuando
los hermanos Beltrán se vieron mermados en Guerrero sobrevino una avalancha de
células criminales. Surgieron Los Rojos y el Cártel de la Sierra, ambos ligados
a lo que resta del cártel de Los Beltrán, quienes están confrontados con La
Familia Michoacana, grupo criminal que sobrevive.
La caída y
extradición de La Barbie no dejó vacío el territorio. En su lugar se afincó el
grupo Cida, uno de los más violentos. Esta organización enfrentó una guerra
interna y se dividió. Así surgieron dos grupos: uno encabezado por Carlos
Antonio Barragán, El Melón, Benjamín Flores Reyes, llamado El Padrino
(capturado por agentes en 2010) y Moisés Montero, El Coreano, quien fue
identificado como expolicía ministerial tras su detención en 2011.
El segundo
grupo se le conoce como La Barredora y lo encabezan Cristán Tarín, El Cris y
Eder Yair Sosa, El Cremas. Estas dos células, de acuerdo con el informe
oficial, se aliaron al cártel de Sinaloa.
Dicha
alianza tiene razones de peso: El Cris, según los reportes policiacos, es hijo
de Arturo González Hernández, El Chaky, quien fuera lugarteniente de Amado y
Vicente Carrillo Fuentes. González Hernández operó por varios años en la
Comarca Lagunera, siempre al servicio de Vicente Carrillo; luego fue detenido y
recientemente fue puesto en libertad. Actualmente opera en la zona conurbada de
Torreón, Coahuila, y Gómez Palacio, Durango.
El diagnóstico del Cisen señala que
en la región centro de Guerrero, particularmente en los municipios de
Chilpancingo y Chilapa de Álvarez, opera el cártel de la Sierra y lo encabezan
José Nava Romero y Natividad Figueroa Ávila. Las autoridades los relacionan con
los hermanos Beltrán Leyva, quienes los habrían metido al negocio del
narcotráfico.
Y en la ciudad de Chilapa, de acuerdo
con el informe, opera Zenen Nava Sánchez, conocido en el mundo del hampa como
El Chaparro, quien tiene el control de buena parte del tráfico de drogas en esa
zona y vive al amparo del poder político. Tiene el monopolio de la violencia,
pues se le atribuyen las ejecuciones y desapariciones ocurridas en los últimos
cinco años.
No es todo: En el municipio de Quechualtenango están
afincados Los Ardillos, otro de los cárteles violentos del país. Este cártel lo
lideró hasta su muerte Celso Ortega. Después tomó el mando Bernardo Ortega, su
hijo, quien fue Diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
PERMANENCIA
Y EXPANSIÓN DE CÁRTELES.
Después de la guerra fallida de
Felipe Calderón y los desatinos en materia de seguridad evidentes en el
gobierno de Enrique Peña Nieto, los cárteles mexicanos se han fortalecido y
hasta han tenido tiempo de reorganizarse.
Es el caso
del cártel de Sinaloa: tras la caída de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, el
cártel entró en una disputa interna, al parecer ya zanjada. Y ahora el cártel
se dividió en cuatro frentes: sus hijos, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán
encabezan un bloque; otro lo lidera Aureliano Guzmán, hermano de El Chapo,
quien se enfrentó con sus sobrinos por el liderazgo de la organización hasta
que tomó su parte.
De acuerdo con el informe Evaluación
Nacional de Amenaza de Drogas, dado a conocer por la DEA, Rafael Caro Quintero
estaría al frente de otra pieza del cártel de Sinaloa y con ello, se dijo tras
su liberación hace cinco años, habría retomado el tráfico de drogas hacia
Estados Unidos. Y una cuarta posición –para muchos la más importante –es la que
mantiene Ismael El Mayo Zambada, quien se ha mantenido más de cinco décadas en
el negocio del narcotráfico sin ser detenido ni molestado.
Empleado de
una mueblería en Culiacán antes de engancharse en el narco, Zambada es tan
viejo en el negocio del narcotráfico como Juan José Esparragoza Moreno, El
Azul, el mejor negociador que ha tenido el crimen organizado. Se asegura que
Esparragoza murió hace tres años, presuntamente debido a un infarto, pero las
autoridades federales nunca confirmaron su muerte. Hábil en el arte de la
mentira, El Azul pasó a formar parte del misterio, igual que Amado Carrillo,
pues de ambos se afirma que no están muertos.
De acuerdo con los informes
oficiales, el cártel que más creció durante los dos últimos sexenios fue el de
Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera. Actualmente tiene
presencia en doce entidades federativas y su principal feudo es Jalisco.
La lista que organizaciones que se
mantienen de pie y que sobrevivieron a la guerra de Felipe Calderón es larga;
muchos de estos grupos han sobrevivido mediante la alianza y extendiendo sus
redes hacia Centro y Sudamérica. Es el caso del cártel de Tijuana, actualmente
encabezado por Enedina Arellano Félix, La Jefa, quien controla toda la
estructura financiera del cártel.
En 2014 se pensaba que Fernando
Sánchez Arellano –hijo de Enedina –sería el heredero del narco-imperio
construido por sus tíos Ramón y Benjamín Arellano, pero ese año fue detenido
mientras veía un partido de fútbol entre México y Brasil.
Tras el vacío que dejó su captura, el
cártel de Jalisco irrumpió con fuerza en Baja California. Lo hizo colocando
narco-mantas mediante las cuales anunció su aparición y también por medio de la
violencia.
Sin embargo, para la DEA la jefa del cártel de Tijuana
es Enedina Arellano, impune hasta la fecha. En el año 2002 fue sancionada por
el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al ser incluida en la lista de
líderes de organizaciones criminales y prohibir hacer negocios con ella. Por
ello, sus cuentas fueron congeladas y varias empresas suspendieron sus
actividades, al menos por un tiempo.
En julio de
2015, la revista Time se ocupó de su perfil. Al describir su forma de ser, la
prestigiada publicación indicó que “es
menos asidua a las fiestas, sin conducta de asesino sádico (a diferencia) de
sus hermanos” y en ella se destaca “un perfil de negocios que pudiera ser la
clave de su éxito”.
El texto de Time refiere una cita de
Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, quien al referirse
a Enedina Arellano dijo que ayudó a reducir la violencia al traer de vuelta el
esquema tradicional de traficar drogas de México hacia Estados Unidos.
Explicó: “Ella no está interesada en provocar
guerras, como sus hermanos lo hicieron en sus tiempos. (Ella) realiza alianzas
y genera dinero. Su belleza quizá la ayudó a realizar pactos con poderosos
narcotraficantes, como Joaquín El Chapo Guzmán”.
Tras su
arribo al poder, el próximo 1 de
diciembre, Andrés Manuel López Obrador encontrará quince cárteles bien
cimentados en todo el territorio.
De acuerdo con los informes tanto de
la DEA como de la PGR, dichas organizaciones criminales son las siguientes: los
cárteles del Golfo y Zetas; Tijuana, Juárez, Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva
Generación, Cártel de los Rojos, Guerreros Unidos, Los Ardillos y El Cártel de
la Sierra; organización Beltrán Leyva, familia Díaz Parada (traficantes de
marihuana en Oaxaca), Los hermanos Valencia, La Familia Michoacana, Los
Cabellos Templarios.
De todas estas organizaciones derivan
decenas de ramificaciones que, por separado, controlan amplias extensiones de
territorios y han establecido alianzas –políticas y criminales– con autoridades
municipales y estatales para mantenerse impunes y en constante expansión.
Estos cárteles ya no operan
únicamente el tráfico de drogas, pues han diversificado sus actividades y las
autoridades estadunidenses las describen como “más violentas y sanguinarias”,
lo que explica el alto nivel de asesinatos, desapariciones y descuartizamientos
que ocurren por todas partes. Su poder se extiende a todo el territorio
nacional, pero ahora tienen alianzas, al parecer bastante sólidas, con
organizaciones de Colombia, Panamá, Costa Rica y Guatemala.
En suma, el narco mexicano ya es internacional y por
ello difícil de erradicar. De ahí que a López Obrador parece no quedarle otra
salida más que la negociación con el crimen organizado, pues el Estado mexicano
carece de estrategia y no tiene instrumentos de combate.
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