Por Neldy
San Martín.
En el
auditorio de la escuela primaria Pedro Rodríguez Vargas en Zumpango, Estado de
México, a 9 kilómetros de Santa Lucía, ingenieros de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) intentaron convencer durante más de cinco horas a
habitantes de los pueblos aledaños que el proyecto del Aeropuerto en Santa
Lucía no los va a dejar sin agua.
—¿Cómo nos van a garantizar el suministro?
—, preguntaron una y
otra vez los asistentes a la audiencia pública convocada por la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre la Manifestación de
Impacto Ambiental (MIA) que entregaron la Sedena y el Instituto de Ingeniería
de la UNAM, en abril.
“Se contempla la construcción de una
planta de tratamiento de aguas residuales que permita la revitalización del
vital líquido y que disminuya en gran medida el consumo del agua potable de la
zona”, respondió el
Teniente Coronel Luis Enrique Calderón.
A la
insistencia de que el proyecto se encuentra sobre un acuífero sobreexplotado,
el Cuautitlán-Pachuca, y que la propia MIA reconoce que Santa Lucía requerirá
de 6 millones de litros de agua al día, los
militares explicaron que el suministro de agua para el aeropuerto se realizará
con pozos que se encuentran dentro de la base militar.
“Sabemos que Santa Lucía cuenta con
pozos, pero el acuífero es el mismo”, opinó Lizbeth Laguna, habitante de San Sebastián Zumpango,
presente en la audiencia.
La consulta
inició a las 10 de la mañana. A esa hora el
auditorio de la escuela primaria se llenó de trabajadores del Ayuntamiento de
Zumpango, pero se fue vaciando a medio día, cuando tuvieron que regresar a
trabajar.
“Se vaciaron las sillas, que ya les
dieron corte”, dijo una mujer con gafete del municipio Zumpango y una lista de
asistencia en la mano.
En la
audiencia se quedaron habitantes de San
Lucas Xolox, Tecámac, que se quejaron de que a pesar de ser pueblos originarios
y vivir a espaldas de la base de Santa Lucía no fueron contemplados en la MIA y
tampoco fueron consultados sobre el proyecto, según el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
También
habitantes de Temascalapa. El presidente
municipal Héctor Quezada Quezada reclamó que su municipio tampoco ha sido
tomado en cuenta pese a que ahí se encuentra el cerro de Paula, cuya elevación
máxima es de 2,625 metros sobre el nivel del mar y que provocó la modificación
en el diseño de una de las nuevas pistas por encontrarse a sólo 10 kilómetros
de distancia.
“Estamos preocupados por la falta de
comunicación entre las autoridades federales y nuestro municipio, a pesar de
que el proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía solo a 6
kilómetros, no hemos sido considerados en las mesas de trabajo de la región,
aun cuando por todas las vías lo hemos solicitado”, protestó.
El alcalde
panista dijo que no van a permitir que
“Temascalapa sea únicamente visto como exportador de materiales para la
construcción del aeropuerto” y denunció la destrucción de cerros en el municipio
para la obtención de materiales pétreos.
Durante las
ponencias, algunos activistas mostraron
letreros y lonas con las leyendas: “No al proyecto de aeropuerto en Texcoco en
Santa Lucía” y “El AISL no es necesario, solo es para complacer a inversionistas
extranjeros. Basta de proyectos en la ignorancia”.
Los académicos que participaron en
las mesas pidieron a la Semarnat rechazar la Manifestación de Impacto Ambiental
por no cumplir con la ley, como los impactos regionales. Argumentaron que
todavía no hay un proyecto ejecutivo ni un plan maestro.
“Con el ánimo de que la Semarnat
revise eso, la integralidad de las afectaciones, el metabolismo social de la
obra, se recomienda a la Semarnat, con fundamento en el artículo 35, fracción 3
de la ley general de equilibrio ecológico, negar la autorización solicitada,
por constituir un proyecto carente de los estudios previos necesarios”, dijo el investigador Hernán Correa
Ortiz de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
“¿Qué sucede con una MIA cuando se
incumple con lo que dice la ley? Semarnat tiene la palabra, la pelota está en
su cancha”,
sentenció el biólogo Juan Ricardo Juárez Palacios.
A la
audiencia no acudió el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, exhibió
el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, que consideró que sólo
enrarece el diálogo con los integrantes de pueblos originarios.
Y fue
crítico con el evento: careció de difusión federal y le faltó espíritu de
consultar a cada pueblo de la región, mediante mecanismos de usos y costumbres.
El Centro no
pasó por alto el tema de la MIA, e hizo un llamado enérgico para que sea
denegada debido a la falta de apego al marco jurídico nacional e internacional.
La Sedena espera obtener la
autorización de la MIA antes del 11 de julio y, cuando lo haga, aseguró el
teniente Calderón, podrá expropiar los terrenos que no estén constituidos como
ejidos, en el caso de que los dueños rechacen vender sus tierras para el área
de amortiguamiento acústico y de seguridad, de mil 284 hectáreas, que requiere
el aeropuerto.
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