Por Noé
Zavaleta.
El
secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, presentó una denuncia ante la Fiscalía
General de la República (FGR) por el presunto daño patrimonial por más de 670
millones de pesos en el área de Espacios Educativos durante la gestión del
anterior gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.
En las
inmediaciones de la FGR en Veracruz, Escobar
García explicó que estos desvíos de recursos estatales y federales corresponden
a la pasada administración estatal, en programas como Escuelas al Cien,
Fonregion, y Fonden, entre otros.
Aunque llevaban la denuncia, el
funcionario no quiso mencionar a los ex servidores públicos involucrados y dijo
que la querella se presentó en contra de quien resulte responsable.
“Al final quien tiene que avocarse a
la investigación es el fiscal. Esta misma denuncia se presentó en la Fiscalía
General del Estado, pero está detenida… no hay ningún avance, no se ha mandado
a llamar a nadie, está en la congeladora y, como hay fondos federales, es por
ello que hoy nos encontramos aquí (en la Fiscalía General de la República)”.
Acompañado
del actual director de Espacios Educativos, Ricardo García Jiménez, Zenyasen Escobar insistió en que no se
comprobó ni se dio una explicación clara del destino de ese dinero.
“Son dos montos, suman en total 670
millones de pesos (…) el periodo abarca del 2012 al 2018. Definitivamente
estamos hablando de infraestructura educativa, obras que no se llevaron a cabo,
obras que no se pagaron, que inexplicablemente no le dieron respuesta a
empresas que estaban ejecutando obra que quedó inconclusa porque ya no se les
quiso pagar, pero tampoco explicaron en dónde quedó ese dinero”.
Se explicó
que, tras un cotejo de información sobre
500 obras por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
(SIOP), la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y la propia
Secretaría de Educación, se dieron cuenta que éstas quedaron inconclusas por
falta de pago a las empresas desarrolladoras.
Ambos funcionarios acusaron que la
pasada administración ejerció en octubre, sin tener ya jurisdicción, contratos
con recursos federales por 400 millones de pesos con diferentes empresas de
Veracruz, mismas que tienen detenidas obras por 240 millones de pesos, y que
los restantes 160 millones van avanzando, pero de manera lenta.
“Queremos reiterar que aquellas
empresas que no respondan, y ahorita que se van a denunciar van a salir
boletinadas y tendrán que ver legalmente su situación civil, incluso en esa
investigación que se dio de esas empresas, porque también se ha estado
buscando, por ejemplo, el domicilio de la empresa y no se encuentra. Se han
buscado los domicilios fiscales que ellos plantean y no están ahí”, agregó.
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