Por Arnoldo
Cuellar.
Al igual que
le ocurrió al investigador y analista Sergio Aguayo; o al periodista
guanajuatense Humberto Padgett; incluso al conductor Pedro Ferriz de Con, el abogado Roberto Saucedo y quien esto
escribe estamos en el selecto club de los opinadores denunciados bajo la figura
de daño moral en reclamo de cifras millonarias.
El doctor
Aguayo ya superó, tras un largo y tortuoso periplo legal, la demanda de Humberto Moreira, el ex
Gobernador de Coahuila que se ofendió cuando el investigador del Colegio de
México le demostró sus vinculaciones con agrupaciones delictivos de esa entidad.
Sin embargo, con todo y lo delicado de los señalamientos, Moreira apenas le
reclamaba a Sergio Aguayo la friolera de 10 millones de pesos.
No es el caso de Guanajuato, donde el
empresario televisivo (que no periodista), Jorge Rodríguez Medrano, nos ha
demandado a Saucedo y a mí por la nada despreciable cantidad de 84 millones de
pesos, debido al señalamiento realizado, con base en investigaciones del
activista en transparencia y publicadas en varios medios, entre otros el portal
Zona Franca que dirigí, que la cablera que hospeda el canal del empresario
adeudaba esa cantidad al municipio de Guanajuato.
Además, las denuncias periodísticas que
presuntamente dañaron el honor del demandante, también incluían los
señalamientos de que sus vástagos trabajaban en el municipio y el Sistema de
Agua Potable en condiciones por demás favorables y sin contar con los perfiles
para las labores asignadas; además de que recibían contratos y pagos de
servicios extras a su salario.
Todo eso ha quedado debidamente
confirmado por una revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de
Guanajuato que ha detectado que el faltante por el impago de la cablera
asciende ya a 115 millones de pesos, lo que aproximadamente equivale a una
quinta parte del total del presupuesto anual del municipio. Además, por el
resto de las irregularidades se detectaron daños al erario por otros 5.5
millones de pesos.
Parecería lógico que, si las
revelaciones periodísticas que dieron lugar al juicio por daño moral quedan
debidamente sustentadas, como ocurre con la auditoría de la ASEG, casi en
automático la demanda del empresario debería quedar desechada, pues resulta
evidente que se causó un beneficio público al detectar y poner en evidencia
conductas que violentaron la ley y provocaron un daño al recurso público.
Sin embargo,
probablemente no ocurra así. Estamos en
el país de las puertas giratorias y de las formalidades, donde alguien que
violenta la ley de forma premeditada tiene recursos a su alcance para
defenderse, a menudo superiores a aquellos de los que gozan los ofendidos.
Resulta evidente que con lo lucrativa
que ha sido la carrera de empresario de los medios, Rodríguez Medrano tiene
recursos para tener en la nómina a abogados y hasta políticos. Por ejemplo, en
Guanajuato se conoce ampliamente su red de WhatsApp denominada “amiguitos” de
la que forman parte personajes como el Alcalde Alejandro Navarro, el líder
moral perredista Miguel Alonso Raya, el ex Senador priista Francisco Arroyo
Vieyra y el ex vocero marquista Enrique Avilés Pérez.
Sin embargo,
también queda claro que la demanda por
daño moral, con la estratosférica y fumadísima cifra que imaginó este
personaje, no tiene otra intención que la de buscar amedrentar y silenciar a
quienes indagan en los entresijos de los negocios entre personajes públicos y
empresarios sin escrúpulos.
Veremos cómo se comporta en este
escenario el Poder Judicial de Guanajuato que quiso verse salomónico y juzgar
el caso con toda frialdad, ahora que se sabe que las acusaciones de Medrano
contra un periodista y un activista están confirmadas por una investigación del
máximo órgano revisor del estado.
Cuando este
caso inicio, un grupo de defensores de
la libertad de expresión le hizo saber a la presidenta del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, la Magistrada Claudia Barrera, la preocupación de que se
tratara de un burdo intento de censura. Ella aseguró que, dentro de la
autonomía del juzgador, estaría atenta a que se respetaran todos los derechos
en juego.
Veremos qué
ocurre.
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