Por Adela
Navarro Bello.
A Emilio Lozoya Austin no lo
persiguió el Gobierno. De hecho, fue protegido en distintas ocasiones por lo
que fue la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial durante el
sexenio pasado del cual formó parte.
A Lozoya, a saber,
íntimo amigo de Luis Videgaray Caso y
Enrique Peña Nieto, ex Secretario de Hacienda y ex Presidente de México,
respectivamente, lo persiguieron los actos de corrupción que fueron
evidenciados a través del periodismo de investigación en México, y en cortes
brasileñas en el juicio del que resultarían presos y sentenciados altos
ejecutivos de la compañía Odebrecht.
Eso sucedió hasta que finalmente y
como lo anunció hace unas semanas el Fiscal General de la República, Alejandro
Gertz Manero, la justicia mexicana pudo alcanzarle.
Liberada una
orden de aprehensión en su contra por delitos como lavado de dinero, luego que
le fueron congeladas sus cuentas, así como las de su hermana y su secretario
particular en Pemex -entre otros-, se emitió la orden de captura contra la que,
por supuesto, ya presentó un amparo, según informó su abogado Jesús Coello
Trejo.
Quien no alcanzó a solicitar la
protección de la justicia fue el director de Altos Hornos de México, Sociedad
Anónima, Alonso Ancira Elizondo, quien desde años atrás vivía en el exilio y
fue aprehendido el martes 28 de mayo en Palma de Mallorca, por la misma causa
por la que se busca al ex director de Pemex.
La investigación en torno a Lozoya se
da en un momento en que México atraviesa por una transformación en la
procuración de justicia al eliminarse la Procuraduría General de la República e
instaurarse la Fiscalía General de la República, que aún sin todas las
características de autonomía e independencia que se esperaban la integraran, es
una entidad ya no en el ala de la Presidencia de la República.
Así,
mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador parece haberse reconciliado
con quienes antes tachó como la mafia del poder, o con quienes acusó de
corruptos, dado que los primeros forman parte de su consejo de asesores y a los
segundos los desapareció del discurso en el debate nacional, es evidente que si
hay un sector que conocía de las tropelías de Lozoya y fue ignorado en el
pasado, y hoy es vapuleado por el mandatario nacional, es el periodístico.
Las investigaciones realizadas por el
conglomerado de periodistas Quinto Lab sobre los casos de corrupción entre
funcionarios mexicanos y la brasileña Odebrecht, o las transacciones
irregulares entre Pemex y Altos Hornos de México SA, fueron efectivamente dadas
a conocer a partir de amplios reportajes cuyos elementos aun cuando podrían
haber sido parte de un proceso formal de investigación, fueron ignorados en el
sexenio anterior.
En fechas
recientes el Presidente de la República emprendió una batalla abierta contra
periodistas y medios de comunicación. Aunque después del discurso polarizador
va su aclaración que no se trata de todos, los ha llamado el hampa
periodística, y los acusa de orquestarle campañas para evidenciar las
irregularidades, omisiones o acciones de su gobierno que terminan perjudicando
a muchos, por ejemplo, en el sector salud y en el sector educativo.
El Presidente no ha sabido ni ha
podido diferenciar entre aquellos que en los medios de comunicación venden la
línea editorial al mejor postor, sea del PAN, del PRI o ahora de Morena, y
aquellos que ejercen la libre expresión haciendo un oficio de investigación y
que venden espacios de publicidad sin comprometer la línea editorial.
Los primeros
se quedan callados, los segundos son
quienes desde las salas de redacción evidenciaron en el pasado los casos de
Odebrecht, la Estafa Maestra, la Casa Blanca, y el número de ejecutados en el
país como parámetro para medir no solo la violencia que todavía en estos días
hiere a México, sino la impunidad que es el verdadero origen del crimen.
La evidente intolerancia a la crítica
por parte de quienes encabezan el Gobierno federal -no es exclusiva esta
actitud del presidente de la República- contrasta con la investigación que
ahora desde la Fiscalía General se lleva a cabo para confirmar lo que fue
denunciado en la prensa: que en PEMEX y en el Gobierno del Presidente Enrique
Peña Nieto se presume que hubo actos de corrupción que hicieron ganar a muy
pocos en detrimento de muchos.
Útil sería que desde la presidencia
se emparejara el discurso hacia la preponderancia de la aplicación de la
justicia por encima de la descalificación mediática. Incluso en el caso de los
periodistas y medios, si no hay convenios, testigos, referencias, de que hayan
cumplido con lo pactado a cambio de recibir pagos millonarios, que se denuncie
el caso, que se investiguen los hechos particulares antes de pronunciar una
desacreditación generalizada.
Sin el
compromiso del Gobierno de la República, aun cuando con una participación
activa de una dependencia de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público como
lo es la Unidad de Inteligencia Financiera que titula Santiago Nieto, el caso Odebrecht denunciado por
periodistas, terminó en los juzgados y fueron liberadas órdenes de aprehensión
que incluyen a los dos influyentes hombres, Lozoya y Ancira, de quienes un
reportaje de Ignacio Reyna de Quinto Lab, dio cuenta de su liga al adquirir el
de Pemex al de Altos Hornos la empresa Agro Industriales SA, y de las
transacciones millonarias de estas firmas a las cuentas desde las cuales
Odebrecht, de acuerdo a las declaraciones de los ejecutivos de la misma, había
depositado millones de dólares al ex funcionario mexicano.
Hoy México procesa un caso de
impunidad que puede llegar a su fin, cuando se tiene por primera ocasión la
oportunidad de hacer justicia ante quien ha sido en sobradas ocasiones,
denunciado por la prensa por actos de corrupción y fue protegido del Gobierno.
El momento también es oportuno para
que el presidente de la República retome el discurso contra los corruptos, y
aclare a quiénes se refiere con el hampa periodística, que de antemano se sabe
no son quienes han realizado durante los últimos sexenios, periodismo de
investigación, que no han comprometido su línea editorial, distanciada de los
convenios de publicidad porque esa es su naturaleza periodística.
La justicia
puede avizorarse en México, pero ojalá se concrete. En todos los casos que
siguen pendientes. Después de todo a eso se comprometió el presidente Andrés
Manuel López Obrador durante su campaña.
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