Por
Redacción / Sin Embargo.
En el escritorio de la oficina de la
titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, hay
otro expediente de un polémico ex funcionario público que al parecer está
siendo investigado: Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública en
el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, revela el semanario Contralínea.
Miguel
Badillo, periodista y director de Contralínea, detalla en su columna que “la titular de la Función Pública, Irma
Eréndira Sandoval, ha descubierto variaciones importantes en la evolución
patrimonial del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del
ex director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin”.
Esta misma
semana, un juez federal giró una orden de aprehensión contra el ex director de
Pemex en el sexenio de Enrique Peña nieto y la Fiscalía General de la República
(FG) pidió a la Interpol que emita una ficha roja para buscarlo.
Lozoya se
encuentra relacionado al escándalo Odebrecht por supuestamente haber recibido
sobornos por 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña para la
campaña presidencial de Peña Nieto, en la que trabajaba como coordinador de
vinculación internacional.
GARCÍA LUNA:
40 MILLONES INEXPLICABLES.
Sin embargo,
de acuerdo con lo publicado por Contralínea, Lozoya no sería el único caso en la mira de la titular de la SFP. Al
parecer, en lo que va en los casi seis meses de Gobierno del Presidente Andrés
Manuel López Obrador, esa dependencia tiene ya varios expedientes abierto y ha
encontrado diferencias sustanciales en la evolución patrimonial de estos dos
funcionarios polémicos de los dos anteriores sexenios.
“Por ahora en el escritorio de Irma
Eréndira Sandoval están dos expedientes, entre algunos otros, que involucran a
dos siniestros exfuncionarios de sexenios anteriores: el de Genaro García Luna,
quien después de desempeñarse en cargos directivos en el Cisen (Centro de
Inteligencia y Seguridad Nacional) y en la PGR (Procuraduría General de la
República), llegó a ocupar la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno
panista de Calderón”,
dice el periodista. El segundo expediente es el de Lozoya.
“A ambos les han encontrado
significativas diferencias de bienes y dinero en sus declaraciones
patrimoniales que presentaron anualmente cuando fungieron como servidores
públicos”, agrega.
En el caso de Genaro García Luna se
le encontraron diferencias inexplicables en su evolución patrimonial por un
monto de 40 millones de pesos. Sin embargo, para el
ex Secretario de Seguridad Pública ya no podría haber sanción, pues han
transcurrido casi 10 años de haber dejado su puesto y cualquier irregularidad
ya prescribió.
El punto es
que su expediente sigue ahí.
ACUSACIONES
DE SOBORNOS.
Genaro García Luna, quien ocupó la
Secretaría de Seguridad Pública de 2006 a 2012, llevó la estrategia frontal
contra el crimen organizado y en cuanto concluyó el sexenio de Calderón, se fue
de México. Reapareció en abril de 2018 cuando presentó su libro Seguridad y
Bienestar.
En noviembre
del año pasado, durante el juicio en
Estados Unidos contra el capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, el nombre de García
Luna salió a relucir como uno de los funcionarios sobornados por el Cártel de
Sinaloa.
Jesús
Zambada, hermano de Ismael “El Mayo”
Zambada, dijo, durante su testimonio en Nueva York, que el Cártel de Sinaloa
reunió un fondo de 50 millones de dólares para sobornar al entonces súper
Secretario de Seguridad Pública. Incluso aseguró que él mismo le entregó al ex
funcionario 3 millones de dólares en un maletín. Con ello, precisó, el cártel
quería asegurarse de que un comandante que simpatizaba con su hermano, ‘El
Mayo’ Zambada, estuviera a cargo de la policía en Culiacán. García Luna negó de
inmediato las acusaciones: “Es mentira, difamación y perjurio a mi persona”.
En marzo
pasado, una investigación de la cadena
Univisión, reveló que el domingo 15 de noviembre de 2015, Genaro García fue
multado por pasarse una señal de alto en una calle de Miami cuando conducía una
camioneta plateada Mazda tipo SUV. En el formulario de la multa, el oficial de
la policía registró como dirección de García Luna una mansión de cuatro baños,
cuatro cuartos y embarcadero propio en Golden Beach, Florida, valuada en 3.3
millones de dólares.
La multa contiene una prueba clave de
una relación de la que García Luna no ha querido hablar por años: su nexo con
un corporativo de inteligencia que gozó de cuestionados privilegios en México
cuando él estaba cargo de la Secretaría de Seguridad. La corporación fue además
favorecida con un contrato de adquisición de un programa para rastrear
información e interceptar comunicaciones.
Los registros de residencia consultados prueban que García Luna se mudó allí en
febrero de 2013, tres meses después de haber dejado su puesto como funcionario.
Otros registros muestran a García Luna y su esposa como residentes de otro
pent-house de lujo valuado en 2.3 millones de dólares, en Aventura, Florida,
entre 2016 y 2018.
Ambas propiedades pertenecían en ese
momento a un grupo empresarial propiedad de la familia Weinberg. El grupo, con
presencia en Israel, Panamá, México y Estados Unidos, es uno de los principales
proveedores de equipos y tecnología de seguridad israelí en Latinoamérica.
Los Weinberg son propietarios de una compañía llamada
Icit, que tiene presencia en Panamá, México y Estados Unidos. La filial
mexicana utilizó el trabajo de funcionarios e información privilegiada de la
Secretaría de Seguridad Pública al mando de García Luna para distribuir
reportes de seguridad o ganar clientes para otras áreas de su compañía, según
lo hallado por Univisión.
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