Raymundo
Riva Palacio.
Por nota.
Así ha jugado Emilio Lozoya de la mano de su defensor, Javier Coello Trejo, un
largo proceso judicial, litigado en medios, sobre presuntos actos de
corrupción. No sorprendió que antes que la Fiscalía General pudiera detenerlo,
se amparara y se suspendiera, por ahora, cualquier posibilidad de captura. Para
Coello Trejo debió haber sido como un juego de niños. Si Santiago Nieto, jefe
de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, anunció
que sus cuentas serían congeladas, junto con las de familiares, empresas y el
dueño de una empresa a la cual compró una planta fertilizadora cuando era
director de Pemex, ¿no es como si el gobierno se pusiera una etiqueta en la
frente que dijera: “¿Voy por ti, te vas a ir a la cárcel?”
Lozoya ha
recibido consejo legal de mantener un bajo perfil. Tapadito, le ha sugerido su
defensa, lo que no significa pasivo ni paralizado. Desde que comenzaron sus
tribulaciones legales hace más de dos años, ha ido cubriendo sus espaldas con
amagos a quienes fueron sus jefes y con quienes trabajó en la campaña
presidencial de 2012. Su abogado Javier Coello Trejo dice que si va a juicio,
quizás pediría la comparecencia del expresidente Enrique Peña Nieto y de los
exsecretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de Energía, Pedro Joaquín
Coldwell, para que expliquen su papel en las decisiones de Pemex, porque como
afirma la defensa, nada importante se movía en la empresa sin autorización
presidencial, y los exsecretarios eran miembros del Consejo de Administración.
El exdirector
de Pemex ha sido el primero del entorno cercano peñista en ser llamado a
cuentas por el gobierno del presidente López Obrador. También es el único,
hasta este momento, al que la Fiscalía brasileña acusa de haber tomado cuando
menos 10 millones de dólares en sobornos de Odebrecht para la campaña
presidencial de Peña Nieto. Lozoya lo ha negado y lo más que han llegado las
autoridades en la Función Pública es a sancionar a la empresa, inhabilitarla
para obtener contratos y proceder contra funcionarios menores.
Los dos
casos corren de manera independiente, pero los une Lozoya. La nueva acusación
de corrupción contra él está indirectamente relacionada con Odebrecht, porque
el presunto pago que recibió en 2012, aparentemente conectado a una compra de
una plata de fertilizantes que no funcionaba, a sobreprecio y tres años
después, se trianguló a través de una institución financiera que fue utilizada
para transferencias ilegales del conglomerado brasileño. Es pequeño vínculo
puede convertirse en el tribunal en una inmensa puerta a lo desconocido.
Si Peña
Nieto, Videgaray y Joaquín Coldwell rinden testimonio para aclarar cómo se
tomaban las decisiones estratégicas en Pemex, ese vínculo con Odebrecht
permitirá entrar un tema donde es incierto que el presidente Andrés Manuel
López Obrador quiera avanzar. Si les preguntan sobre privilegios de Odebrecht a
cambio de dinero para la campaña, ¿llegará hasta el fondo el gobierno si
hacerlo signifique que Lozoya hable todo lo que sabe? Quien escucha hoy al
abogado Coello Trejo o conversó con Lozoya sobre estos temas, tuvo que haberse
quedado con la impresión que el exdirector de Pemex guarda en su baúl muchos
secretos que pueden llevar a que funcionarios del anterior gobierno, empresas y
quizás hasta personeros de la cuarta transformación, puedan ser colocados en
una situación incómoda, por decir lo menos, o devastadora, no sólo para ellos,
sino para un ecosistema político tan cruzado por la sospecha y la ilegalidad.
La acusación
de los ex ejecutivos de Odebrecht contra Lozoya es muy sólida, y el exdirector
de Pemex, responsable de relaciones internacionales de la campaña peñista
cuando presuntamente recibió los pagos de los brasileños, sostiene en la
actualidad que él no se quedó con nada del dinero al que se refieren en la Fiscalía
suramericana. Los nombres que mencionó el abogado Coello Trejo tienen
vinculaciones con el caso de la planta fertilizadora y Odebrecht. Peña era
candidato, Videgaray era el coordinador de la campaña y Joaquín Coldwell era
presidente del PRI. Los tres estaban en el cuarto de guerra de la campaña y
tenían los detalles de cómo se inyectaban y distribuían los recursos durante la
contienda, mayoritariamente, como acostumbran todos los partidos, en efectivo.
En la
campaña, la relación de Lozoya con Videgaray era estupenda, pero se deterioró
en el gobierno porque el exdirector de Pemex lo comenzó a ignorar y a
relacionarse directamente con Peña Nieto, cuando aceptó usar recursos de la
empresa para cubrir gastos de la familia presidencial. Dos veces le pidió
Videgaray al presidente que lo cesara por su pésima gestión en Pemex, y la
segunda vez Peña Nieto le respondió que no le volviera a tratar el asunto. ¿Qué
tanto tiene Lozoya sobre el expresidente?
Una línea de
investigación permitiría establecer si recursos presuntamente adquiridos por
corrupción, fueron para él o, como era una intención al arrancar el anterior
sexenio, para crear un fondo secreto para campañas electorales. Se trataría de
dinero político y una reedición, 20 años después, del famoso Pemexgate, donde
otro director de Pemex, Rogelio Montemayor, se fue a la cárcel por desviar
recursos para la campaña presidencial del PRI en 2000. Mucho de esto debe
haber, al nunca haber querido el gobierno de Peña Nieto llevar a los
responsables de la corrupción de Odebrecht ante la justicia. Esto mostraría qué
tanto está comprometido el presidente López Obrador con limpiar la casa de
corrupción, o si el pacto de impunidad acordado a través de canales secretos
dos meses antes de la elección presidencial, se sostiene.
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