Dolores
Padierna.
Sin
brújula y sin liderazgos creíbles, la derecha busca desesperadamente un asidero,
una causa, y al parecer no importa si real o inventada. Sin rumbo, pretende
encontrar esa causa en las leyes reglamentarias de la reforma educativa
La
oposición de derecha repite en todos los tonos la mentira de que el Estado
pierde la rectoría de la educación y que “la CNTE se apoderará de las plazas”.
Eso es totalmente falso.
Por tratarse
de un tema muy extenso, en este espacio abordaré solamente lo relativo a la Ley
General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros.
El
Transitorio Decimosexto establece sin ambigüedades que en el proceso de
admisión, promoción y reconocimiento prevalecerá siempre la rectoría del
Estado, pues tal es el mandato constitucional.
Las
fuerzas de derecha olvidan, muy a su conveniencia, que habrá un Sistema Abierto
y Transparente de asignación de plazas, lo que supone un gran avance contra la
opacidad existente.
Las
nuevas leyes norman los procesos de selección y promoción de los docentes. A
diferencia de la reforma peñista, que terminó anclada sólo en un examen, porque
ni siquiera hubo una evaluación integral, la nueva ley parte de revalorizar a
las maestras y maestros con pleno respeto a sus derechos laborales.
Esta ley también
crea la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, un órgano
desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gestión, que se encargará
de hacer realidad las atribuciones que la propia ley concede a la SEP.
Una gran
aportación, que contradice las versiones malintencionadas que hablan de un
“regreso al pasado” es la creación del Sistema Abierto y Transparente de
Asignación de Plazas para el registro y la ocupación de las vacantes de
personal con funciones docentes, de apoyo y dirección. Se trata de un sistema
“que permita apreciar los conocimientos y las aptitudes necesarios del
aspirante”.
El
proceso será público y contará con la participación de la SEP, las autoridades
estatales y las representaciones sindicales, lo que, en términos llanos,
significa recuperar la bilateralidad, en congruencia con el respeto a los
derechos humanos laborales, y terminar con el régimen de excepción laboral de
la anterior reforma.
Para
garantizar la transparencia en la asignación de las plazas vacantes, las
autoridades educativas de las entidades federativas darán a conocer los
resultados de manera pública, de conformidad con los lineamientos que determine
la SEP y se invitará como observador al sistema anticorrupción local.
Los
procesos anuales de selección habrán de ser públicos, transparentes,
equitativos e imparciales (artículo 39).
Los
egresados de instituciones públicas tendrán prioridad para ocupar las plazas
vacantes en el sistema. Esto es así porque se examinaron para estudiar y ser
maestros y porque a lo largo de sus estudios profesionales serán
permanentemente evaluados. La SEP regulará la matrícula de las instituciones
formadoras de docentes, a fin de hacerla compatible con las necesidades de
nuevos docentes.
¿Qué los
docentes no serán evaluados? No a la manera de la reforma de Aurelio Nuño,
que concedía poderes mágicos a un examen. Habrá, en cambio, un proceso de
admisión que considerará múltiples factores: un sistema que permita apreciar
los conocimientos y aptitudes del aspirante; la formación docente pedagógica;
estudios mínimos de licenciatura; promedio de la carrera; cursos
extracurriculares con validez oficial; programas de movilidad académica;
dominio de una lengua distinta a la propia, y experiencia docente.
Una
lectura objetiva de los principales cambios le mostrará a cualquier interesado
que los dichos de estos días son mentiras y falsedades.
De esa
lectura se puede derivar la principal aportación de las nuevas leyes: se trata
de cambiar y mejorar la educación con las maestras y los maestros, no contra
ellos.
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