Por Efrén
Flores.
La
administración de Gerardo Ruiz Esparza hizo más que “mover a México”: durante
seis años movió el presupuesto de una súper Secretaría de Estado, pero lo hizo
entre irregularidades y probables casos de corrupción que actualmente son
investigados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Ruiz Esparza
tuvo la responsabilidad de mover al país a través de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) durante el sexenio (2012-2018) del
Presidente Enrique Peña Nieto. Su tarea implicó el reto de impulsar el
desarrollo de la infraestructura nacional con inversiones estratégicas en todo
tipo de medios y vías de transporte, además de la administración de las
telecomunicaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana.
Para ello, año
con año, ejerció un promedio de 109.4 mil millones de pesos del Gobierno
federal que, cada año, presentaron “irregularidades” en la contratación de obra
pública por insuficiencias de planeación, ejecución y rendición de cuentas en
los proyectos gubernamentales, de acuerdo con las cuentas públicas de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Durante
cinco años (2014-2018) de gestión de Ruiz Esparza como Secretario de
Comunicaciones y Transportes, la ASF encontró que 9 de cada 100 pesos
ejercidos por la SCT implicaron irregularidades no solventadas. De esos nueve
pesos, cinco supusieron probables daños a la Hacienda Pública Federal, por la
posible comisión de un delito y/o negligencia administrativa.
En total, la
SCT acumuló 16 mil 543 millones 019 mil 737.15 pesos en irregularidades que
equivalen al 2.52 por ciento del gasto total pagado (656.4 mil mdp) por la
dependencia federal, entre 2014 y 2018. De esta millonaria cantidad, la ASF
determinó que hubo 9.2 mil millones de pesos –el 56 por ciento de los “montos
por aclarar”– en transacciones que ameritaron la “Promoción de
Responsabilidades Administrativas Sancionatorias” (PRAS).
GERARDO-RUIZ-ESPARZA-SCT
De acuerdo
con el marco metodológico para la fiscalización superior de la ASF, todas
las irregularidades no solventadas que la Auditoría encuentra están incluidas
bajo el apartado de “recuperaciones probables”, o bien, el cúmulo de dinero
pendiente de restitución, aclaración o justificación ante las autoridades
fiscales.
Sin embargo,
cuando el órgano fiscalizador “presume la existencia de hechos o conductas”
que violan la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, determina la comisión de ilícitos que ameritan una PRAS y
por ende, la comisión de “un daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal o
al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales
federales”.
Aunque
algunas de las irregularidades detectadas por la ASF pudieron haber sido
solventadas en el transcurso de los años, existe una investigación en proceso
de la gestión de Ruiz Esparza como titular de la SCT.
El 12 de
septiembre de este año, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) de la SHCP aseguró que las autoridades están analizando los “casos de
corrupción relacionados con el sector [de Comunicaciones y Transportes] durante
la administración pasada”. No obstante, Santiago Nieto Castillo advirtió
complicaciones en las indagaciones, ya que la administración pasada “no dejó
piedra sin labrar”.
POSIBLE
CORRUPCIÓN.
Enrique
Peña Nieto nunca dejó de confiar en Gerardo Ruiz Esparza. El 21 de noviembre de
2018, nueve días antes de concluir su periodo presidencial, el priista de
Atlacomulco externó su “mayor reconocimiento” para el hombre que lo acompañó
durante 13 años de carrera política: Desde su periodo (2005-2011) como
Gobernador del Estado de México, hasta el cierre de su sexenio el año pasado.
A pesar
de las acusaciones de corrupción y las cinco denuncias penales que ya pesaban
sobre Ruiz Esparza, Peña Nieto lo enarboló como alguien “de valor y coraje”,
que actuó con decisión frente a la crítica y que nunca cejó “en asegurar que
los compromisos asumidos se cumplieran a cabalidad”.
Empero, un
análisis de la Unidad de Datos de SinEmbargo arrojó que el nivel de
cumplimiento de la administración pasada en proyectos de infraestructura
pública no alcanzó el 97 por ciento anunciado por Peña Nieto, sino que rondó el
59 por ciento de cumplimiento, equivalente a 97 de 156 compromisos cumplidos en
materia de obra pública federal.
Los datos
de este medio digital coincidieron con las cifras estimadas por el Centro de
Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), según las cuales,
al finalizar 2018, el nivel de cumplimiento del Programa Nacional de
Infraestructura 2014-2018 tendría un avance máximo de 73 por ciento.
En este
contexto de incumplimiento cabal, también hubo multiplicidad de casos –como
el del Tren Interurbano México-Toluca– que develaron la “ineficiencia y los
riesgos de corrupción en obra pública en México”, de acuerdo con el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO). Prueba de ello son las irregularidades
no solventadas que detectó la ASF entre 2014 y 2018.
Durante
esos cinco años, la Auditoría encontró anomalías por pagos excesivos, indebidos
y/o injustificados que sumaron un monto total de casi 11.8 mil millones de
pesos.
Asimismo, la
ASF encontró 2.7 mil millones de pesos utilizados para la compra de bienes y
servicios que no fueron “efectuados” o “encontrados” al momento de las
auditorías. Entre ellos destacan dos casos: El de la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL) –señalada de operar con esquemas similares a los de la
llamada “Estafa Maestra”– y el de la adquisición de televisores para el
Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT).
En 2014, la
UANL fue contratada por la SCT para dar asesorías relativas a proyectos de
conectividad e inclusión digital, así como en materia de contenidos y sistemas
del “Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento”.
De acuerdo
con la ASF, la UANL no sólo hizo subcontrataciones que excedieron el límite
(49 por ciento de los servicios) permitido por Ley, sino que además no
proporcionó evidencia que documentara las subcontrataciones.
Por los
actos u omisiones de la UANL y de los servidores públicos de la SCT, no pudo
ser verificado el 37 por ciento de los recursos pagados a la universidad
neoleonense, por lo que la ASF presumió (pliego de observaciones número
14-0-09100-14-0417-06-001) “un probable daño o perjuicio o ambos por un monto
de 4 millones 161 mil 657.78 pesos”. Asimismo, el ente fiscalizador solicitó
(requerimiento 14-4-99A6N-14-0417-12-001) una multa en contra de la UANL, por
incumplimientos de contrato.
En cuanto al
Programa de Transición de la TDN, la ASF halló irregularidades no
solventadas por 545 millones 430 mil 800 pesos.
Entre 2014 y
2016, la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión
de la SCT fue responsable de probables daños al erario público federal por la
compra de 213 mil 349 televisores disfuncionales, la falta de 411 mil 129
televisiones que desaparecieron del inventario físico, además de negligencias
cometidas en procesos de indemnización de 6 mil 492 televisores “siniestrados”,
refieren las auditorías de cumplimiento 14-0-09100-02-0418 DE-031,
15-0-09100-02-0352 352-DE y 16-0-09100-02-0321 321-DE.
Además de
las pérdidas mencionadas, la SCT quedó a deber 841 millones 653 mil 111.21
pesos en irregularidades no solventadas entre 2014 y 2018, por incumplimientos
de contrato, falta de cobro de “medidas resarcitorias” y omitir la entrega de
amortizaciones y reintegros financieros a la Tesorería de la Federación.
EL TRUCO DEL
CONCRETO.
Si México
fuera un edificio en construcción y el Gobierno federal fuera la empresa
constructora, Gerardo Ruiz Esparza habría sido el jefe de obras de México, y
como tal, el responsable de la ejecución técnica y económica del proyecto
“Mover a México”. Esto implica que, en su calidad de garante del gasto público,
Ruiz Esparza podrá ser juzgado si las autoridades fiscalizadoras llegaren a
comprobar que tuvo conocimiento de la comisión de irregularidades como titular
de la SCT.
La Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (ordinal cuarto fracción
VII, numeral 117 y los artículos 13, 17 y 61) señala que las dependencias de
gobierno tienen la obligación de rendir cuentas y efectuar medidas para
contribuir al equilibrio presupuestario y racionalizar el gasto, además de
informar a las autoridades acerca de cualquier infracción que implique
conductas sancionadas por la ley penal.
También
refiere (artículo 115) que las responsabilidades por actos u omisiones serán
fincadas a los ejecutores directos y “subsidiariamente”, a todos aquellos que
por la naturaleza de sus funciones “hayan omitido la revisión o autorizado
tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los
mismos”.
En ese orden
de ideas, Ruiz Esparza podría ser juzgado y tener que rendir cuentas por la
comisión de ilícitos u omisiones; máxime si consideramos que todo el ciclo de
inversión de los proyectos de obra pública “contempla una serie de etapas, con
diferentes actores y órganos de gobierno responsables de los diferentes
procesos”, en que “la SCT y las diferentes direcciones generales están
presentes en prácticamente todas las etapas”, se lee en un análisis (2018) del
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y de la empresa IDOM
Ingeniería.
Como jefe de
obras de México, Gerardo Ruiz Esparza no sólo es responsable de los 15 mil
286 millones 120 mil 530.43 pesos por las irregularidades anteriormente
mencionadas. También es responsable de un probable daño a la Hacienda Pública
Federal por 1 mil 256 millones 899 mil 206.72 pesos adicionales, por desfalcos
causados en razón de la “diferencia entre el volumen de obra pagado y
cualificado” en diversos proyectos de la SCT, durante 2014-2018.
Dentro de
esta millonada destacan al menos 136 millones 769 mil 670.72 pesos en daños
relacionados con la compra y uso de concretos asfálticos, hidráulicos y otros.
El modus operandi fue simple: La SCT contrató empresas para construir, ampliar
y/o modernizar puentes, carreteras, libramientos y demás obras de
infraestructura pública. Para ello, pagó cotizaciones infladas de insumos –como
en el caso del concreto– que no fueron, o no pudieron ser realmente utilizados.
SOCAVON-MORELOS.
En julio de
2017, dos personas murieron al caer en un socavón en el Paso Express de
Cuernavaca, Morelos. La falla se debió a presuntos actos de corrupción que
implicaron la entrega de infraestructura defectuosa. Foto: Especial.
En muchos
de los casos, la ASF advirtió que la SCT realizó “pagos indebidos” por un
determinado volumen de concreto que excedía la cantidad necesaria para la obra
contratada, ya que los cálculos para determinar la cantidad de insumos
necesarios para la construcción fueron realizados sin descontar “el volumen que
ocupa el acero”.
Asimismo, hubo
casos –como el de la Carretera Tecate-El Sauzal (BC)– en que la ASF detectó que
en lugar de rellenar un hoyo con cemento, cubrían la parte superficial y
cobraban el volumen de concreto requerido para su rellenado.
La
Auditoría Superior constató obras de “suministro e instalación de defensas
metálicas” en tramos carreteros, cuyos “postes colocados solamente quedaron
ahogados en la excavación sin que ésta se rellenara con concreto hidráulico”,
lo que generó “pagos improcedentes” de millones de pesos.
Al igual que
con el concreto, materiales como el alambre de tensión fueron una mina de
oro pagada, pero no ejecutada. En la PRAS número 14-9-09112-04-0361-08-004, la
ASF determinó que hubo pagos por cercados con cuatro líneas de alambre, no
obstante que los postes fueron colocados “sin que estos contengan las cuatro
líneas de alambre, además de no encontrarse ahogados con concreto” (que también
fue cobrado).
El daño
al erario público federal (1.3 mil mdp) por inconsistencias en la compra de
cemento alcanzaría para cubrir 29 veces la Plaza de la Constitución de la
Ciudad de México, con una capa de concreto hidráulico de 15 centímetros de grosor,
considerando un área de 47 mil metros cuadrados y un costo de 928 pesos por
metro cuadrado de concreto hidráulico, según los “Costos paramétricos de
pavimentación” del Gobierno federal.
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