Por Jesusa
Cervantes.
Con el
apoyo de Morena y aliados, la Cámara de Diputados dio luz verde para que la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenga respaldo legal para congelar
cuentas de usuarios en procesos judiciales que se inicien en México y no
únicamente por procedimientos emprendidos desde el extranjero.
La
reforma fue planteada con la intención de subsanar cualquier acción de
inconstitucionalidad, tomando en cuenta que en 2017 la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) concedió el amparo a una empresa contra el bloqueo
de cuentas por parte de la UIF, por considerarla inconstitucional. El ponente
fue el magistrado con licencia Eduardo Medina Mora.
Con 308
votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones, los legisladores avalaron la
minuta que llegó del Senado de la República y que reforma la Ley de
Instituciones de Crédito, la cual contempla que cuando haya indicios de posible
lavado de dinero o financiamiento de terrorismo se pueda actuar. Con ello, la
UIF que encabeza Santiago Nieto se fortalece.
Hace un mes,
cuando estuvo en San Lázaro, Nieto solicitó el apoyo de los legisladores
para poder emprender acciones contra el lavado de dinero y, en ese sentido,
pidió darle todas las facultades.
Las
fracciones de oposición –PAN, PRI, MC y PRD– calificaron de inconstitucional la
modificación y señalaron que viola la presunción de inocencia, lo que vulnera
los derechos humanos. Ese papel, subrayaron, le corresponde al Ministerio
Público, quien tiene que investigar la presunción del delito.
La
reforma plantea el establecimiento de un proceso de audiencia para que quienes
se vean afectados presenten pruebas de que sus cuentas provienen de acciones
lícitas y eviten así el congelamiento.
Al
argumentar en contra de la reforma, la panista María de los Ángeles
Gutiérrez pidió a Morena y aliados rectificar porque, sostuvo, se trata de una
violación de derechos humanos.
“Estamos
obligados a votar en contra, ya que no podemos convalidar las prácticas
inconstitucionales de la Unidad de Inteligencia Financiera. Si bien puede ser
saludable el que se aclare el procedimiento de aclaración de la situación
jurídica de las personas que se encuentran en la lista de personas bloqueadas,
no podemos incurrir en el despropósito de normalizar los abusos que se están
realizando hoy en día”, soltó.
Por su
parte, la priista Mariana Rodríguez manifestó que con la modificación se
pretende convalidar un procedimiento de facultades para la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) que la SCJN consideró inconstitucional,
porque está excediendo facultades, está invadiendo la esfera del Ministerio
Público y, además, vulnera varios principios constitucionales, como la
presunción de inocencia –columna vertebral del sistema acusatorio y oral– y el
debido proceso.
“Esto es
dotar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de facultades que la
Constitución no le ha dado, para poder continuar controlando a las personas que
tengan un dicho diferente a través del procedimiento penal y que estén en
contra de lo que se haya estado planteando por el gobierno”, señaló.
En defensa
del dictamen, el morenista Benjamín Huerta dijo que el objetivo es unificar
los criterios de los órganos judiciales con el sistema jurídico mexicano, lo
que ayudará a implementar las políticas públicas del presidente de la
República.
“Se
facultará a la Secretaría de Hacienda para introducir a una persona a la lista
de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que está
relacionada con los delitos de la materia, sin vulnerar derechos fundamentales,
ya que se seguirá siempre un procedimiento que respeta la garantía de audiencia
de las personas bloqueadas, así como sus demás derechos procesales de defensa.
Además de impedir la comisión de actos ilícitos, evitaremos la interposición de
juicios de amparo, en tanto que la medida cautelar será completamente
constitucional”.
Al discutir
las reservas planteadas por la diputada de Morena Lidia García para eliminar
la aplicación de extinción de dominio sobre las cuentas congeladas, algunos de
sus compañeros se sumaron y lograron 225 votos a favor contra 223 en contra.
Las dudas sobre el tiempo estimado para votar generaron reclamos por parte del
coordinador de Morena, Mario Delgado.
El morenista
subió hasta la mesa directiva que encabeza la panista Laura Rojas para
reclamarle que diera tres minutos y no cinco para la votación. Ahí empezaron
los jaloneos entre diputados de Morena y de la oposición.
Ante el
desorden, la presidenta llamó a un receso.
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