Por José
Raúl Linares.
Un juez
de control, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), otorgó la
vinculación a proceso a dos ex colaboradores de Rosario Robles en la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol), así como a un ex directivo de la Universidad
Politécnica de Chiapas (UPCH), quienes estarían involucrados en el desvío de
recursos conocidos como la Estafa Maestra.
Se trata de
Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Recursos Financieros de la
Sedesol; José Israel Torres Gutiérrez, director general de Desarrollo
Comunitario de la misma institución, así como José Roberto Aguilar
Fuentes, abogado general de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH).
La
determinación estuvo a cargo del juez de control del Centro de Justicia Penal
Federal del Reclusorio Oriente, Beatriz Moguel Ancheyta, tras la audiencia
inicial para imputarles el delito de uso indebido del servicio público, en las
modalidades de pago ilegal, contratación indebida y ser parte de la operación.
“Yo
estimo que los datos de prueba son aptos y suficientes para vincular a
proceso”, señaló la juez Moguel Ancheyta, quien como medida cautelar solicitó
su presentación quincenal ante las autoridades de control, la restricción para
salir del país y el pago de una garantía de 70 mil pesos.
A decir de
la FGR tanto Montoya Santos y Torres Gutiérrez autorizaron pagar ilegalmente
400 millones de pesos para la supervisión y mejora de los comedores
comunitarios en el Estado de México, en el que se contrató a la Upch y del que
se acusa la pérdida de entregables que acreditaran la ejecución de las obras.
Dichos
pagos fueron adjudicados mediante contrato, entre el 14 de abril y 6 de mayo
del 2015, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, sin que la
Sedesol verificara si Upch tenía la capacidad técnica, material y humana para
llevar a cabo la mejora de los comedores comunitarios.
Desde abril
pasado, la FGR inició las indagatorias sobre el papel que jugaron Montoya
Santos y Torres Gutiérrez, junto a otros funcionarios de la Sedesol y la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Entre ellos,
Enrique González Tiburcio, ex subsecretario, y Armando Saldaña Flores, ex
director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo,
ambos de la Sedatu; Juan de Dios Nochebuena, ex rector de la Universidad
Politécnica Francisco I. Madero, y Gerardo Ávila García, ex secretario de la
rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
La FGR
los acusa de triangulación de recursos federales a empresas fantasma por medio
de instituciones educativas, una de las cuales sería la Politécnica de Chiapas.
Por último, Moguel
Ancheyta fijó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria que
deberá de determinar si a los inculpados, Montoya Santos, Torres Gutiérrez y
Aguilar Fuentes, se le suman nuevos elementos que deriven en una causa penal,
se les imponen nuevas medidas cautelares o se les declara absueltos.
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