Por Pedro
Zamora Briseño.
El partido Movimiento
Ciudadano (MC) anunció el impulso de una iniciativa de ley para regular el
uso de recursos públicos en la publicidad oficial en Colima, así como un
protocolo estatal para la seguridad de periodistas en situaciones de riesgo.
La
coordinadora estatal de MC, María Elena Abaroa López, dio a conocer en rueda
de prensa que ambos temas serán promovidos a través de la representante de su
partido en el Congreso local, la diputada Remedios Olivera Orozco.
Señaló
que al igual que en el resto del país, en los presupuestos publicitarios de
Colima subsiste una falta normativa que favorece la discrecionalidad en la
distribución de los recursos públicos para influir en los contenidos de los
medios de comunicación.
“Por este
vacío legal, se afirma que la asignación de la publicidad oficial es la
herramienta más común para comprar complacencias y ejercer la censura
indirecta, pues la falta de reglas claras y precisas, permite influir o
chantajear a los dueños de los medios y a los periodistas, para dar forma a su
línea editorial”,
expuso.
La
asignación selectiva, arbitraria y opaca de la publicidad oficial, indicó
Abaroa, restringe el pluralismo y la diversidad de voces, por lo que “la
concesión o supresión de publicidad oficial no debe aplicarse discrecionalmente
para premiar o privilegiar, presionar o castigar a medios o periodistas, porque
se atenta contra la libertad de expresión y genera discriminación; ambas
discrecionalidad y discriminación deben estar expresamente prohibidas por la
ley”.
Advirtió
que el peso económico de la publicidad estatal es tan importante que puede
representar el cierre o la sobrevivencia de las empresas, al grado de que en
Colima, en el gobierno de Mario Anguiano Moreno, tres medios impresos locales
que mantenían una línea editorial crítica, cerraron sus puertas, ahogados por
el retiro de la publicidad gubernamental y el boicot de anunciantes: Milenio
Colima, en mayo de 2010; así como la versión impresa del diario Avanzada, en
agosto de 2011, y la revista del mismo nombre, en julio de 2012.
En la
actualidad, dijo María Elena Abaroa, se requiere la promulgación de una ley
para la asignación de la publicidad oficial en Colima, que establezca criterios
transparentes y objetivos que incluyan a los tres poderes, a los ayuntamientos
y a organismos autónomos y descentralizados, con el propósito de que todas las
instituciones y organismos públicos se sujeten a esas disposiciones.
Así también,
informó que MC impulsará un protocolo de seguridad para quienes ejercen el
periodismo en el estado, en situaciones de riesgo, toda vez que la Ley para la
Protección Integral del Ejercicio Periodístico, (publicada en Suplemento No. 1
del Periódico Oficial del Estado de Colima, el sábado 28 de julio de 2012) en
su capítulo VI Del Derecho a la Seguridad, no lo contempla.
Abaroa recordó
que, desde el 19 de agosto de 2009, la CNDH emitió la Recomendación General
número 17, en la que abordó los casos de agresiones a periodistas y la
impunidad prevaleciente, en la cual se analizan violaciones de derechos de quienes
ejercen el periodismo y la tendencia al alza manifiesta en el aumento de casos
llegados cada año a la institución.
Esa
recomendación fue dirigida a los gobernadores, al entonces jefe de Gobierno del
Distrito Federal; al entonces procurador general de la República y al
procurador general de Justicia Militar a fin de que emprendan acciones para
garantizar las condiciones de seguridad y prevención suficientes para que el
desempeño de los periodistas no se vea coartado ni amenazado por ninguna
circunstancia.
Para efectos
de lo anterior, la CNDH recomendó que se implementaran políticas públicas
para garantizar la seguridad de los periodistas, especialmente para quienes
cubren situaciones de riesgo.
“Con la
elaboración del Protocolo de Seguridad para Situaciones de Riesgo en el
ejercicio del Periodismo, habremos de atender con celeridad esta recomendación
tan pertinente en estos tiempos”, mencionó la coordinadora estatal de MC.
Añadió que,
para llevar a cabo estas acciones, se realizarán previamente consultas entre
los propios periodistas y representantes de diversos sectores de la sociedad.
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