Darío Celis.
El T-MEC ya
es manzana de discordia entre la 4T y empresarios, académicos y agricultores
por la letra chiquita, pero más porque se negoció una adenda a espaldas de casi
todos.
El
subsecretario Jesús Seade jura y perjura que consultó en su momento a varios
secretarios de la 4T, al Poder Judicial y a los dirigentes de Morena en las
cámaras de diputados y senadores.
Pero la
realidad está mostrando exactamente todo lo contrario: se fue por la libre,
acusan en la iniciativa privada, legisladores y sector social.
En la
versión en español del T-MEC que circuló el miércoles por la noche se sabe
que Hacienda, de Arturo Herrera, y Banco de México, de Alejandro Díaz de León,
no podrán manosear el tipo de cambio con propósitos de aumentar las
exportaciones.
Asimismo, que
Donald Trump tiene mano libre para imponer sanciones arancelarias cuando
quiera, que Estados Unidos puede cerrar la frontera a productos y empresas que
violen el acuerdo y que desde Washington también se vigilará la protección al
medio ambiente en México.
En el
caso de la manipulación de divisas, el apéndice del T-MEC indica que los países
deben garantizar un régimen de tipo de cambio determinado por el mercado y
deberán de informar sobre sus intervenciones en los mercados de divisas después
del final de cada mes.
Con esta
disposición, el inquilino de la Casa Blanca podría extender la investigación
sobre manipulación de divisas de los socios comerciales, sobre todo México,
China y otros países.
En el
capítulo laboral, Estados Unidos puede suspender el tratamiento arancelario
preferencial a mercancías y servicios determinados de México e incluso imponer
sanciones sobre las mismas.
Además, un
panel de expertos puede verificar el cumplimiento de las obligaciones del
acuerdo referentes a libre asociación y negociación colectiva de sindicatos en
fábricas del país.
Similar a
las exigencias del capítulo laboral, el acuerdo contiene una cláusula que
establece que una violación al medio ambiente afecta el comercio y la inversión
entre las partes.
En ese
contexto, México está de acuerdo en incrementar su monitoreo para detener la
pesca ilegal marina y detener el subsidio a la pesca de especies
sobreexplotadas.
Esto
último aplica para las tres naciones. Así, si un gobierno denuncia daños
ambientales, el país acusado tendrá que demostrar lo contario.
El sector
automotor establece una cuota de 40 por ciento de la fabricación de vehículos
ligeros y pesados en las regiones que paguen a sus obreros 16 dólares la hora,
esto es tres veces más de lo que el trabajador de la rama automotriz promedio
gana en México.
Del 100
por ciento de los vehículos fabricados, el 75 por ciento deben de
manufacturarse en la región.
Las
modificaciones al T-MEC requerirán que el 70 por ciento del acero utilizado
en automóviles y camiones construidos en América del Norte se produzca por
completo en México, Canadá y Estados Unidos, impidiendo el acceso al acero
semiacabado proveniente de China y otros países.
México y
Canadá acordaron una incorporación gradual de siete años de la nueva norma para
el acero. Se eliminó la exigencia estadounidense de un estándar similar para el
aluminio, pero con la advertencia de que se reconsideraría en el tratado en 10
años.
LA COMPRA
DEL Banco Popular de España a manos de Santander podría revertirse. En Madrid
avanzan las comparecencias ante la Audiencia Nacional y esta semana tocó el
turno al auditor de PwC que tenía a su cargo dicha institución que presidió
Emilio Saracho. Pedro Barrio ratificó que dicho banco era solvente y viable y
que no se justificó la intervención de la Junta Única de Resolución ni mucho
menos la venta simbólica en un euro al grupo de Ana Botín. Si el juez de la
causa da por bueno el argumento otro afectado sería Antonio del Valle Ruiz,
quien no hace mucho negoció con al banco que lleva aquí Héctor Grisi la
recompra de un paquete accionario de Bx+ que Santander tenía en la panza.
EL
MIÉRCOLES SE dio por desahogada la junta de aclaraciones para la compra
consolidada de medicinas 2020. Están corriendo ya seis días para la
presentación de las ofertas técnicas y económicas y apertura de propuestas, lo
que deberá ser hacia el 18 de diciembre. Los fallos de la Oficialía Mayor de la
Secretaría de Hacienda, que maneja Raquel Buenrostro, los está fijando para el
23 de diciembre. En paralelo va a correr la licitación de los servicios de
distribución. Aquí la dependencia al mando de Arturo Herrera dispuso de un
contrato marco. Hasta ahora solo cuatro empresas se registraron. Apunte a
Estafeta que dirige Ingo Babrikowski, RedPack de Bernardo Lijtszain, Dibiter de
Ernesto Arvizu y Vantage Servicios Integrales de Salud de Aristides Torres.
EL JUZGADO
12 de Distrito de Amparo en Materia Penal de la CDMX dio un revés a Le Blanc,
uno de los contratistas del desarrollador inmobiliario Be Grand. Resulta que a
Héctor Pérez Villers y Héctor Pérez Montaño les negaron un amparo y les
decretaron auto de vinculación a proceso en una denuncia de fraude por parte de
la firma de Nicolás Carrancedo. Tiene que ver con la construcción del complejo
Alto Polanco, donde se habían comprometido a desarrollar tres torres de
departamentos. Le Blanc recibió por adelantado un pago de 47 millones de pesos
para la compra de material y 14 toneladas de acero, pero no cumplieron el
contrato.
INTERJET
SIGUE EN incumplimiento. El 9 se le venció el plazo para pagarle al Customs
& Border Proteccion, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos,
derechos de aterrizaje en aeropuertos de aquel país. Por lo que se sabe, la
aerolínea que dirige William Shaw solo habría alcanzado a pagar 5.5 millones.
El resto, las huestes de Miguel Alemán Magnani, se habrían comprometido a pagar
más adelante. Según esto, con el organismo que encabeza Tom Ridge se habría
pactado un plan de pagos. Interjet llega a Nueva York, Los Angeles, Houston,
Las Vegas, Orlando, San Diego, Dallas, Chicago y San Francisco.
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