Por Pedro
Zamora Briseño.
Luego de
que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito negó la protección de
la justicia federal al exgobernador Mario Anguiano Moreno, el Congreso local
solicitó al jefe del Ejecutivo estatal, José Ignacio Peralta Sánchez, iniciar
el procedimiento de ejecución de la sanción impuesta mediante el decreto
legislativo 613.
El pasado 27
de septiembre de 2018, la LVIII Legislatura aprobó la inhabilitación de
Anguiano para ocupar cargos públicos por un periodo de 14 años y la restitución
al erario de 515 millones 174 mil 928 pesos, tras determinar la responsabilidad
del exmandatario en el mal manejo de recursos públicos.
El pasado 28
de enero el Congreso recibió la notificación de la sentencia emitida días
antes, donde el tribunal confirmó lo resuelto por el Juzgado Segundo de
Distrito, que sobreseyó el juicio de amparo promovido por Mario Anguiano, por
lo que el Decreto 613 quedó firme y sin posibilidad de ser impugnado.
La
solicitud de iniciar la ejecución de la sanción fue enviada a Peralta por el
diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, presidente de la Mesa Directiva del
Poder Legislativo.
En ese
documento se le recordó al gobernador que desde 2016, mediante el Decreto
112, se ordenó el embargo precautorio en contra de Mario Anguiano Moreno, por
lo que el Instituto Para el Registro del Territorio del Estado de Colima, a
cargo del Ejecutivo, no puede realizar ningún movimiento en las propiedades a
nombre del exmandatario.
A través de
un comunicado, el Congreso informó que también se le solicitó al actual
gobernador que, en un término de 10 días hábiles, informe sobre las gestiones
por parte del titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega
García, para realizar el cobro de los 515 millones, así como el número de
control fiscal asignado para la cobranza de dicho monto y conocer si Anguiano
ha realizado de manera espontánea algún pago que se deba descontar al monto.
Además, la
Comisión de Responsabilidades del Congreso local, que encabeza el diputado
Arturo García Arias, acordó solicitar a la presidencia de la Mesa Directiva que
requiera a la Secretaría de Planeación y Finanzas ejecute la sanción pecuniaria
impuesta al exgobernador.
De igual
manera, acordó solicitar a la presidencia de la Mesa Directiva para que
ésta, a su vez, solicite a la Contraloría General del Estado la inscripción de
la sanción de inhabilitación para desempeñar cargos públicos, por 14 años, al
exmandatario, así como en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y
Particulares Sancionados.
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