Por Juan
Omar Fierro.
El titular de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, giró instrucciones a todas las
dependencias públicas del gobierno federal para que suspendan de su cargo a
cualquier funcionario en activo que haya estado vinculado con el exsecretario
de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, actualmente detenido en
Estados Unidos bajo cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Mediante
un oficio al que Proceso digital tuvo acceso, Durazo Montaño explicó que por
instrucciones presidenciales cualquier funcionario ligado a García Luna debe
ser separado de su puesto para evitar “complicidades” con gobiernos anteriores.
“Me
permito transmitir a ustedes la instrucción presidencial girada en el Gabinete
de Seguridad –expresada también en la conferencia de prensa del titular del
Ejecutivo federal, el pasado martes 10–, en el sentido de suspender a las y los
servidores públicos vinculados a Genaro García Luna que aún permanecen en el actual
gobierno con tareas relevantes”, destaca el documento.
El oficio
destinado a los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado está fechado el 25 de
marzo de 2020 y en él se advierte que el objetivo “es evitar cualquier
relación de complicidad con los anteriores gobiernos, en particular con el
gobierno de Felipe Calderón”.
La orden,
de acuerdo con el escrito, es extensiva a todas las entidades y dependencias de
la Administración Pública Federal.
El oficio
está firmado por Alfonso Durazo en su calidad de secretario técnico del
Gabinete de Seguridad, y marca una copia directa al presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador.
Fuentes
consultadas por Proceso digital señalaron que este oficio llegó apenas este
jueves a todas las secretarías de Estado y también a organismos
descentralizados del gobierno federal.
El
exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, solicitó ayer que le sea
otorgada la libertad condicional, argumentando que tiene temor a contagiarse de
Covid-19, por lo que sus abogados ofrecieron el pago de una fianza de 2.2
millones de dólares.
La solicitud
deberá ser analizada por el juez Brian Cogan, encargado de la Corte Federal del
Distrito Este de Nueva York con sede en Brooklyn.
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