Darío Celis.
En medio
de la contingencia sanitaria originada por el Covid-19, el gobierno de la 4T
anunció un plan de emergencia estructurado por parte del gabinete económico.
Como se
esperaba, Andrés Manuel López Obrador se dirigió únicamente a su público, su
base electoral, unas dos mil 200 comunidades en las que habita la población más
vulnerable del país.
La
secretaria de Economía, Graciela Márquez, anunció que el abasto de los
productos de la canasta básica estará garantizado para los próximos 100 días en
las 25 mil tiendas Segalmex-Diconsa.
Habrá
unos tres mil 600 puntos de venta Segalmex-Liconsa, entiéndase las lecherías,
en las que estará asegurada también la llegada de los productos de primera
necesidad.
Para lo
anterior, el organismo que dirige Ignacio Ovalle destinó 250 millones de
pesos para una compra emergente de 20 productos considerados 'superbásicos'.
Apunte
ahí café, azúcar, atún, galletas, jabón, pasta para sopa, aceite, pañales y, no
podía faltar según marcan las tendencias de los últimos días, el papel
higiénico.
Asimismo,
tienen la consigna de que el maíz, frijol y acopio de leche UHT (ultra
pasteurizada y envasada) esté para finales de esta semana en los 300 almacenes
rurales del país, mismos que se encargan de surtir las respectivas tiendas de
su zona quincenalmente.
Lo anterior
permitiría que, en medio de la crisis sanitaria que está paralizando a
proveedores, se mantengan condiciones para atender la demanda incluso
extraordinaria de las comunidades.
Estadísticamente
los 20 productos contemplados en la compra extraordinaria de Segalmex
representan regularmente hasta 85 por ciento de las ventas de las tiendas del
sistema Diconsa.
El resto
corresponde a insumos regionales que se adquieren a los productores locales
para evitar el denominado 'turisteo' de mercancías que se realizaba en pasadas
administraciones.
Se
asegura que la leche del programa de abasto social, distribuida a través de los
puntos Liconsa, estará también garantizada para los próximos tres meses.
Lo anterior
se va a lograr mediante el despliegue de recursos que contempla diversas
medidas sanitarias.
Anote
usted entre las más básicas la adquisición y repartición a granel de productos
que hoy escasean al menudeo, como son el gel antibacterial y los cubrebocas.
LA PANDEMIA
DEL Covid-19 podría provocar la desaparición de 25 millones de puestos de
trabajo en todo el mundo y generar pérdidas de 3.4 billones de dólares de
ingresos de los trabajadores en 2020, según la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). El organismo que dirige Guy Ryder propuso a los gobiernos hacer
lo posible por asegurar los puestos de trabajo a través de medidas como
extensión de la protección social, el apoyo a un mantenimiento del empleo
mediante trabajos a media jornada o la implantación de bajas remuneradas, así
como una rebaja fiscal que impacte también a las Pymes. En el mejor de los
casos se perderían 5.3 millones, pero en el peor, llegarían hasta los 24.7
millones de empleos. En México analistas de Barclays, del Instituto para el
Desarrollo Industrial y el Crecimiento (IDIC) y Banco Base, estimaron que el
coronavirus y su golpe en la economía podrían ocasionar la pérdida de entre 110
y 150 mil empleos formales al cierre de 2020, mientras que la tasa de desempleo
subiría a un 4 por ciento.
EL CASO
DE la caja de ahorro de los trabajadores de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores seguirá dando de qué hablar, pues en un expediente que dejó
prácticamente listo su expresidente, Adalberto Palma, se registra que los
recursos que manejó desde que se constituyó legalmente hace 19 años, superan
los 500 millones de pesos. Corresponderá a Juan Pablo Graf darle cauce judicial
a esa investigación en la que en la propia comisión que regula la actividad
financiera del país se permitió irregularmente la captación de recursos a
través de una asociación civil y en la que los préstamos de cartera vencida más
onerosos se otorgaron precisamente a quien fuera director general de
Administración de Finanzas de 2001 a 2014, Fernando Chavero, y a su director de
Finanzas, Gustavo Ramírez. En la tablita hay mil 250 trabajadores.
LA ÚLTIMA
CELEBRACIÓN de la Expropiación Petrolera fue un claro indicio de los objetivos
que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene para la operación futura
de Pemex, en la que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana, que dirige interinamente Manuel Limón, ya no puede estar frente a los
reflectores. Más aún, en la Torre de Pemex se ha analizado la posibilidad de
desaparecer al organismo de trabajadores que dirigió durante casi tres décadas
Carlos Romero Deschamps y de transferir los derechos laborales a uno de los
sindicatos alternos que han obtenido la toma de nota recientemente. No
obstante, el principal obstáculo al que se enfrenta la 4T para consumar su proyecto
consiste en que el monto de liquidación del organismo, por 82 años de
existencia y calculado en unos 70 mil millones de pesos, sería devastador para
la petrolera.
FÍJESE QUE
CAABSA, el grupo de los hermanos Mauricio y Luis Amodío, es otro que lanzó una
oferta no solicitada al Fonatur, que comanda Rogelio Jiménez Pons, y al
gobierno de Quintana Roo, que encabeza Carlos Joaquín González. Es para
desarrollar un sistema de movilidad en Cancún que alimente al Tren Maya, cuya
última estación en la ruta desde Tulúm acaba en ese destino turístico. El plan
es construir un tren elevado que haría un recorrido de unos 47 kilómetros por
la ciudad y toda la zona hotelera. La inversión estimada es de unos 32 mil
millones de pesos.
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