Jaloneos en Palacio.

Raymundo Riva Palacio.

El acuerdo del Consejo de Salubridad General que se difundió anoche, debió haberse dado a conocer el lunes temprano. El Consejo iba a sesionar en Palacio Nacional a las seis de la mañana y durante la comparecencia pública del presidente Andrés Manuel López Obrador, sería él quien detallara lo acordado.

Incluso, un borrador del acuerdo comenzó a circular desde el domingo por la tarde, pero las cosas no pudieron alinearse entre lo que piensan los doctores y los científicos, y lo que piensa el Presidente. La gran diferencia es que en el acuerdo original no estaba planteada específicamente la emergencia sanitaria por razones de fuerza mayor, como se proclamó anoche.

Optó López Obrador por patear el acuerdo, desvincularse del anuncio, y que fuera un segundón, con credibilidad maltratada, quien lo anunciara. No es el mismo nivel. La palabra del Presidente tiene densidad; la del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vocero y pieza de sacrificio, viene en picada.

El paso que dio para atrás el Presidente se puede interpretar como una acción que busca evitar que las consecuencias de las medidas se le transfieran a él, y que recaigan en sus subalternos. Pero al mismo tiempo, lo desnuda como un líder político bueno para lo electoral y poco valiente para enfrentar, como ha sucedido en todo el mundo, los costos políticos que medidas antipopulares provocan. Su liderazgo sólo lo muestra en aguas mansas. Si hay tormentas, que asuma la responsabilidad el de abajo.

Las medidas anunciadas el lunes por la noche tienen que verse en dos tiempos. El primero fue el acuerdo en sí mismo, donde las medidas que se proclamaron parecían más limitadas que las que originalmente aparecían en el borrador del acuerdo que circuló el domingo.

Si este parecía laxo, muy general y carente de instrumentos específicos para forzar la acción de aislamiento a posibles portadores del Covid-19, o de inspección, el acuerdo final es todavía más débil. Pero en el segundo tiempo del anuncio, que es lo fundamental, se encuentra la declaratoria de emergencia sanitaria por razones de fuerza mayor, que apenas hace dos semanas López-Gatell decía que no era necesario.

La declaración de emergencia eleva el nivel de alarma a un estadio que no se había visto, y refleja la urgencia que mostraban algunos colaboradores de López Obrador que estaban pidiendo ser más contundentes, por el enorme miedo que proyectaban algunos la semana pasada sobre lo que se les venía. Las discusiones intramuros con la información que se venía procesando, prendieron las alertas en varios sectores, incluido el militar.

Llegó a plantearse una especie de toque de queda limitado para obligar al confinamiento, pero López Obrador se opuso. La racional del Presidente es que afectaría los derechos humanos, lo que es cierto, al reducir y limitar las garantías individuales, aunque no se atrevieron a plantear el bien mayor. La desesperación de López-Gatell para que lo escuchen y la gente permanezca en sus casas, no recibió gran alivio.

El subsecretario y su equipo ya saben lo que se viene, aunque han tratado de mitigarlo ante la opinión pública con una serie de mediciones con metodologías diferentes a las gráficas que presentan para comparar la evolución del virus con otros países, que ya han sido detectadas por algunos especialistas en estadística.

No habrá toque de queda ni estado de sitio, como reforzó López-Gatell lo que ha venido diciendo el Presidente. Pero la emergencia sanitaria establece una serie de medidas que tocan a todos los ámbitos, público y privado, y otorga facultades extraordinarias a la Secretaría de Salud. En el acuerdo original disfrazaban las medidas sin la declaratoria de emergencia sanitaria.

El punto V daba autoridad a la Secretaría de Salud para “disponer de los medios del servicio público, de los diferentes modos de transporte concesionados por las autoridades correspondientes”. El VII permitía “la utilización libre y prioritaria de los servicios telefónicos, telegráficos y de correos, así como las transmisiones de radio y televisión estableciendo las directrices informativas necesarias a fin de transmitir clara y oportunamente las medidas que se adopten para afrontar la contingencia”. El I establecía “el aislamiento de personas que puedan padecer la enfermedad y de los portadores de gérmenes de la misma, por el tiempo que resulte estrictamente necesario”.

No se pudo sacar adelante el primer acuerdo, concluido al comenzar la tarde del domingo, que establecía acciones por decreto, sin darle el marco jurídico que provee la Ley General de Salud. La manera como lo presentaron el lunes por la noche, incluye otras acciones contempladas en una emergencia sanitaria por fuerza mayor, como lo relacionado con reuniones de personas, que se redujo anoche de 100 a 50, o la eventualidad de establecer medidas específicas para aislar regiones amenazadas por el virus, que sería el equivalente a una suspensión de garantías acotada.

Por ahora, como señaló López-Gatell, lo que se ha dado es una exhortación a la población en territorio mexicano a cumplir con el resguardo domiciliario, mediante la “limitación voluntaria de movilidad”. Es difícil que estas acciones no crezcan, sobre todo después de ver el inventario de insumos y equipos que mostraron anoche mismo las Fuerzas Armadas, insuficientes para la elevación súbita de casos que se vienen. El gobierno perdió tiempo para comprar insumos y medicinas, y están contra reloj, por no haber planeado con tiempo lo que se sabía que vendría.

Las medidas van acelerándose hacia el confinamiento, y a regañadientes del Presidente, que parece estar convencido de que el coronavirus no tendrá un impacto en México como en otras naciones. Lo que sale altamente positivo de la proclama de anoche, es que se haya dado dentro de un marco jurídico, y no de la manera arbitraria como el Presidente quería instrumentar las acciones, mediante el uso discrecional de resoluciones individuales.