Por Gabriela
Hernández.
En el
decreto emitido por el gobierno estatal para asumir el control de la seguridad
pública del municipio de Puebla se asegura que en la capital poblana operan los
Zetas, la Familia Michoacana, los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG).
Al hacer
un análisis de la situación que priva en el municipio y justificar que existe
una “alteración grave del orden público”, el decreto firmado por el gobernador
Miguel Barbosa Huerta y publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) el
25 de marzo reconoce la presencia de las principales organizaciones criminales
del país en la entidad.
“Fuentes
de seguridad refieren que Los Zetas y Familia Michoacana, registran operaciones
sólidas en los últimos años en Puebla”, sostiene el decreto, “mientras que Los
Beltrán Leyva y Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), tiene algunas
células criminales ligadas a éstos en la entidad, en municipios como Palmar de
Bravo, Cañada Morelos, Ciudad de Puebla, San Andrés Cholula y San Martín
Texmelucan”.
Agrega
que Puebla capital representa “uno de los objetivos prioritarios” del CJNG en
el escenario de expansión y control territorial en la República Mexicana, ante
el atractivo de ganancias económicas que genera la extracción ilícita de
combustible o “huachicoleo”.
“…de
consolidarse esta pretensión, sería una fuerte amenaza a la seguridad pública,
al desarrollo económico y el turismo, al maximizarse la violencia, disputa de
“plazas”, cobro de extorsiones y vulnerabilidad institucional a nivel local”, sostiene el gobierno de Barbosa.
En el
escrito publicado en el POE, se advierte que en el ámbito de la seguridad
pública, el Ayuntamiento de Puebla requiere una estrategia real y contundente,
que contemple la depuración policial.
Añade que
más allá de la incidencia de delitos comunes, en el municipio se han registrado
ejecuciones, cuerpos abandonados, feminicidios, robos, “lo cual ha generado un
contexto de inseguridad, totalmente perceptible para la sociedad y desfavorable
a la acción institucional, lo que permite afirmar que la labor de prevención es
prácticamente nula”.
Este
decreto, se emite como parte de la confrontación que ha sostenido el gobernador
Barbosa y la alcaldesa Claudia Rivera por el control de la seguridad del
municipio.
La edil
morenista presentó una Controversia Constitucional en contra de la
determinación de Barbosa de nombrar a Carla Morales Aguilar como delegada de
Seguridad Municipal, a la que ubica como parte del equipo de Ardelio Vargas,
asesor del gobernador.
De
acuerdo a Barbosa este decreto será presentado ante la Corte para justificar
“la alteración grave del orden público” que se registra en Puebla capital y que
da paso a que el gobierno estatal tome el control de la seguridad.
Cabe
señalar que antes de este decreto, el gobernador Barbosa había asegurado en
diversas ocasiones que en Puebla no operaban los cárteles nacionales del crimen
organizado, sino bandas locales.
De acuerdo a
una revisión hemerográfica, el mandatario poblano insistió sobre esto en
declaraciones que hizo el 19 y 26 de septiembre, el 10 de octubre, el 17 y 24
de febrero.
El 26 de
septiembre, el mandatario explicó que la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado elaboró un mapa delincuencial de la entidad, en donde se identificó a
los grupos, sus cabecillas y las formas y ámbitos en los que operaban.
Así, sostuvo
que en Puebla había sólo grupos criminales locales cuyos líderes quieren
asumirse como parte de cárteles nacionales como “Los Rojos” o el CJNG, pero que
en realidad son “bandas pequeñas que intentan sembrar miedo”.
Igual, el
10 de octubre frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en
Puebla “no hay presencia de cárteles, tenemos solamente algunas bandas
locales”.
El 17 y 24
de febrero, Barbosa Huerta volvió a insistir: “aquí en Puebla no te puedo
decir que tengamos noticias de un cártel nacional, pero si te puedo decir que
los grupos delincuenciales son tan violentos como los cárteles nacionales”.
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