Por Jesusa
Cervantes.
Con la ausencia del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), la oposición en Baja California acusó al gobernador Jaime
Bonilla Valdez de pretender instaurar un “maximato” en la entidad, con la
promoción de la llamada “segunda ley Bonilla” que recortaría el próximo periodo
de gobierno de seis a tres años.
Los partidos
Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento
Ciudadano (MC), Partido Baja California (PBC) y el aliado de Morena, Partido
Encuentro Social (PES), se aliaron para rechazar la citada iniciativa y
adelantaron que si es avalada por la Legislatura local interpondrán recursos
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Jaime
Martínez Veloz, representante nacional del PRD en la entidad, y Abraham Correa,
dirigente estatal de dicho partido, explicaron que en la resolución del
pasado 11 de mayo la SCJN estableció que el siguiente periodo de gobierno será
de noviembre de 2021 a agosto de 2027 (seis años) y que el actual pasará de
cinco a dos años únicamente: de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.
Con la
nueva reforma que plantea la gente del gobierno se viola un acuerdo, comentaron
los perredistas.
A su vez, Enrique
Méndez, dirigente estatal del PAN, destacó que aún no se da cumplimiento en su
totalidad a dicha resolución de la Corte y ahora pretenden violentarla. Por
ejemplo, dijo, la actual Legislatura debe modificar las constancias y el Bando
de gobierno expedido para Jaime Bonilla, para establecer que su periodo es de
dos años y no de cinco, como lo aprobó la pasada Legislatura.
Según
Martínez Veloz, los nuevos cambios que se proponen sólo reflejan “la
pretensión de establecer un maximato” por parte del gobernador Jaime Bonilla
Valdez.
Este fin
de semana circuló en redes sociales una iniciativa de reforma firmada por el
gobernador y el secretario general, Amador Rodríguez Lozano, para reducir de
seis a tres años la siguiente gubernatura.
Como se
recordará, el pasado 11 de mayo la SCJN echó abajo el cambio que aprobó la
XXII Legislatura para que la administración de Jaime Bonilla fuera de cinco y
no de dos años, como lo estableció la reforma constitucional federal en 2014.
Una vez que
Bonilla ganó la elección, en junio de 2019, los diputados que estaban por
concluir su mandato –incluidos los del PAN– ampliaron la administración
gubernamental de dos a cinco años. La oposición interpuso recursos que llegaron
hasta la Corte, dándoles la razón, por lo que la administración actual
concluirá en 2021, es decir, la regresaron a dos años y la siguiente elección
sería para una gubernatura de seis años: de 2021 a 2027.
A los 14
días de la resolución de la Suprema Corte, el gobierno de Bonilla propuso una
nueva modificación, y el secretario general rechazó ser el autor.
Esta mañana,
la diputada de Morena Montserrat Caballero envió una iniciativa en el mismo
sentido: reducir la siguiente gubernatura a tan sólo tres años, para que la
posterior sí sea de seis años.
Los
dirigentes partidistas consideraron que lo que busca Bonilla es “poner” a un
candidato incondicional por los siguientes tres años, así como en la gubernatura de seis años, “o
postularse nuevamente para estar seis años o imponer a otro candidato que pueda
manipular”.
Alcibíades
García, líder estatal de MC, aseguró que Bonilla y el Congreso local están
en desacato de la resolución de la Corte, ya que no han cumplido a cabalidad la
sentencia.
En su
oportunidad, Alfredo Ferreiro, del PES, acusó a Bonilla de violar nuevamente
la Constitución, y le reclamó por enfrentar a la sociedad y generar
“inestabilidad política”.
Con la
resolución de la Corte, abundó, lo que se hace es mantener los tiempos de la
reforma electoral federal de 2014, es decir, ya se empataron los tiempos de
elecciones federales y locales.
Mario
Favela, dirigente del PBC, calificó de indignante que la actual
administración esté pensando más en el poder y cómo mantenerse en él, que en
resolver los problemas de salud y la pandemia que azota a la entidad y al
mundo.
Los
diputados locales Rodrigo Otáñez, de PBC, la panista Eva María Vázquez y Elí
Topete, de MC, participaron en la denuncia de los dirigentes estatales, y serán
ellos quienes den la batalla en el Congreso local ante la llamada “segunda ley
bonilla”.
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