Por Jesusa
Cervantes.
“Esto no
va a parar aquí”, advirtió el gobernador Jaime Bonilla Valdez al Grupo Aeroportuario
del Pacífico (GAP), y pidió al gobierno federal que le cancele la concesión del
aeropuerto de Tijuana, porque mantiene insalubres las instalaciones y no paga
los impuestos correspondientes.
Luego del
incidente de ayer, que llevó a la dirección del GAP a cerrar por media hora la
terminal aérea, Bonilla Valdez –acompañado del delegado de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), David
Gutiérrez– destacó que, al momento de iniciar la revisión sanitaria en las
instalaciones, los empresarios se quejaron ante la Secretaría de Gobernación
por una supuesta injusticia.
Precisó
que después de varios días de solicitar permiso para entrar al aeropuerto,
finalmente el GAP autorizó por escrito el ingreso de verificadores de Cofepris,
por lo que ayer, acompañados de elementos del ayuntamiento de Tijuana, entraron
para inspeccionar restaurantes y establecimientos comerciales, pero durante
hora y media fueron impedidos de hacerlo.
Cuando por
fin lo lograron, según narró el delegado de Cofepris, los restaurantes
estaban vacíos, al igual que el resto de los locales, pero había señales de que
comensales habían estado ahí.
Al
investigar de dónde se surtían de agua esos establecimientos, personal del
aeropuerto dijo que tenían su propio pozo, y cuando los inspectores hacían la
revisión, les advirtieron que había zonas con focos de infección.
El
verificador pasó un arco y de inmediato fue detenido por personal de seguridad,
durante 12 horas. El GAP lo acusó de terrorismo e invasión de las vías
internacionales, mientras otros elementos de Cofepris clausuraban 10
establecimientos.
Cuando
ingresó a las bodegas y refrigeradores de la aerococina, el propio delegado de
Cofepris se percató que los alimentos no estaban a temperatura y ya habían
caducado. Y mostró que la comida que no se vende o les sobra en los
restaurantes, es arrojada a un basurero contiguo, a cielo abierto, lo que
–subrayó- se convierte en un foco de infección.
Bonilla y
el delegado mostraron fotos de un área de aproximadamente cinco por cinco
metros, lleno de basura, que se encuentra en el mismo perímetro del aeropuerto.
El
verificador de Cofepris finalmente fue liberado a las 4 de la madrugada, pero
el gobernador dijo que no frenará las medidas impulsadas para exigir el cobro
de impuestos al aeropuerto.
“Esto no
va a parar aquí, este no es un gobierno como los anteriores. Nosotros somos muy
resistentes a ese tipo de cosas, somos aves de tempestades, sabemos cómo lidiar
con estas gentes y tarde que temprano tienen que corregir esto o tiene el
gobierno federal que cancelarles su concesión”.
Añadió: “Yo
le pido al gobierno federal por este conducto que les cancele la concesión a
estas personas. No se merecen menos, han abusado de Baja California, han
infectado quién sabe a cuánta gente, esto se tiene que acabar. Tenemos que
seguir adelante con las inspecciones y no nos vamos a dejar amedrentar”.
Luego
volteó hacia el delegado de la Cofepris y le dijo que tiene todo el apoyo del
estado para seguir revisando.
De acuerdo
con el presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, el aeropuerto
debe 700 millones al municipio en diversas contribuciones como predial, agua y
licencias de venta de alcohol, entre otras.
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