Julio Astillero.
No pudo
sostener Enrique Alfaro Ramírez el aire retador ni las decisiones rígidas que
había asumido en cuanto a las medidas sanitarias relativas al Covid-19 y a su
relación política con el Poder Ejecutivo federal.
Durante
semanas, Alfaro, ingeniero
civil con maestría en desarrollo urbano por El Colegio de México, pareció
convertirse en la figura más recia y creciente de la oposición institucional al
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mediante declaraciones tronantes
(entre otras, de manera directa contra el subsecretario de Salud, Hugo
López-Gatell), planteamientos controversiales (como la redefinición del pacto
fiscal nacional) y un activismo opositor al obradorismo que lo llevó a ser la
principal figura de una especie de sindicato de ocho gobernadores (a los siete
originales, cifra que incluye a Alfaro, se ha sumado el de Guanajuato, quien
asegura que representa el interés de otros mandatarios no morenistas del centro
del país, que pronto se integrarán a este frente).
Nacido en
Guadalajara y por cumplir 47 años el próximo domingo 20, Alfaro se tropezó
políticamente con un cubrebocas. Es decir, con un episodio de brutalidad
policiaca contra un albañil de 30 años de edad, Giovanni López, quien fue
detenido con violencia por policías de uno de los 125 municipios de Jalisco,
Ixtlahuacán de los Membrillos, ubicado a unos 45 minutos de Guadalajara y con
poco más de 55 mil habitantes.
Acusado
de no llevar cubrebocas, según las primeras declaraciones informales del caso y
conforme a un video, Giovanni López apareció muerto horas después de haber
quedado bajo control de los policías de un municipio constantemente señalado
por hechos delictivos atribuibles al crimen organizado y su dominio del aparato
de gobierno, en este caso a cargo del presidente municipal Eduardo Cervantes
Aguilar, un priísta con varias acusaciones densas en su contra.
A un mes de
los sucesos trágicos (del 4 de mayo al 4 de junio) y con la viva indignación
mundial debido al asesinato por policías del afroestadunidense George Floyd en
Minneapolis, Minnesota, el caso Giovanni fue mostrado como una consecuencia
de las políticas autoritarias que Alfaro desplegó de manera orgullosa para
diferenciarse de las practicadas por el gobierno federal: cárcel a quienes no usaran
cubrebocas en público, mano dura, implacable, presumía el político que ha
pasado por los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución
Democrática y, ahora, sin afiliación pero con absoluta inmersión y control,
Movimiento Ciudadano, desde el cual ha considerado posible intentar una
coalición de partidos que lo lance como candidato presidencial en 2024.
Alfaro, cuyo
padre fue rector de la UdeG, no pudo zafarse del rol de político duro que había
escogido para sí mismo. Frente a la primera protesta masiva, el jueves 4 fuera
de Palacio de Gobierno, llegó al arrebato nocturno de conminar al Presidente de
la República para que controlara a su gente y partido, Morena, en una virtual
acusación de responsabilidad de Palacio Nacional, o sus sótanos del poder,
respecto a los actos violentos que iniciaban. A la mañana siguiente, matizó sus
palabras y trató de zafar a AMLO del escenario.
El viernes 4
fue la noche triste de Alfaro. Policías de civil, con palos y bates,
amagaron, detuvieron, secuestraron y golpearon a decenas de jóvenes que
pretendían manifestarse afuera de la Fiscalía General del estado. Las escenas
fueron terribles, al estilo diazordacista o del halconazo de 1971. Todo ello
prendió en las redes sociales, motivó más marchas de protesta y generó
indignación nacional.
Al siguiente
día, un debilitado gobernador retiró las acusaciones contra todos los
encarcelados, para que salieran libres, aseguró que había comprobado que todos
los desaparecidos estaban en sus domicilios, se declaró apenado y avergonzado
por los hechos y aceptó que la acción policiaca represiva pudo haber obedecido
a instrucciones o intereses de otra índole, como el crimen organizado.
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