Por Nadia
Sanders.
Las
investigaciones del caso Ayotzinapa seguirán líneas que fueron descartadas
durante la administración de Enrique Peña Nieto y que evidencian la
intervención de altas esferas del Ejército, la policía y la política.
Esmeralda
Arosemena, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), habló
en entrevista con +de 43 sobre la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) para colaborar en las investigaciones con la
Fiscalía General de la República (FGR) y la unidad especial sobre los hechos
ocurridos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
“La
situación fue de tal magnitud que lo que arroja es precisamente la intervención
de altas autoridades del Ejército, de la política, de la policía y que amerita
entonces retomar esas líneas de investigación que hoy ya están en la
reorganización de esta unidad de la fiscalía… Ahora hay una identificación de
que estas irregularidades tenían nombre y apellido, que fueron permitidas con
nombre y apellido reconocidos”, afirma la comisionada Arosemena, relatora de la CIDH para
Guatemala, México y Venezuela.
Señala
que tiene que desarrollarse “un nivel de una línea de investigación de
exactitud y precisión por parte de los expertos para lograr precisamente que el
silencio se rompa y que podamos saber la real verdad”.
La
comisionada indica que algunos integrantes del GIEI original y de la CIDH
tuvieron acercamientos con el gobierno mexicano para llevar a cabo la
reinstalación del GIEI, a solicitud de padres y madres de los normalistas, con
fundamento en la medida cautelar 09/14 dictada por la CIDH para la
determinación del paradero de los estudiantes y que continúa vigente.
Desde
entonces, explica Arosemena, se llegó a un plan de trabajo para entablar
comunicación con la FGR y se logró llegar al acuerdo anunciado los primeros
días de mayo.
Los
trabajos del GIEI durarán nueve meses, con posibilidad a extenderse, pero en
los primeros tres meses tendrán que emitir un informe de su plan de trabajo.
El primer
GIEI se creó por un acuerdo entre la CIDH, representantes de las víctimas de
Ayotzinapa y el Estado mexicano en noviembre de 2014, a fin de proporcionar
asistencia técnica para dar con el paradero de los 43 normalistas
desaparecidos, así como en las acciones para sancionar a los responsables.
Durante la
administración de Enrique Peña Nieto el GIEI emitió dos informes en los que se
desmintió la llamada “verdad histórica” ofrecida por la entonces Procuraduría
General de la República, que señalaba que los estudiantes habían sido llevados
a un basurero en el municipio de Cocula y fueron quemados. Un acto que nadie
vio y del que no hubo evidencia científica.
Señaló
irregularidades en la investigación, como la alteración de evidencias por parte
de Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación
Criminal, quien supuestamente encontró restos óseos de los normalistas en una
diligencia realizada en el río San Juan, en Cocula.
El gobierno
de Peña Nieto impidió a los integrantes del GIEI entrevistar a elementos del 27
Batallón de infantería del Ejército y que presenciaron los hechos.
Además,
fueron blanco de espionaje a través de la instalación del software Pegasus en
sus celulares, y el trabajo de los expertos fue desacreditado por funcionarios
federales.
Más de 77 de
las 142 personas detenidas por el caso Ayotzinapa han sido puestas en libertad,
debido a que sus declaraciones fueron obtenidas bajo tortura, o por falta de
evidencias o fallas en el debido proceso.
A casi
seis años de los hechos y con tales vicios en el proceso, Arosemena habla de la
importancia de reorganizar las investigaciones con objetivos más exactos para
llegar a la verdad.
Indica
que hay mucha información que puede conducir nuevamente a los investigadores a
desarrollar “una línea muy clara de a dónde, a quién y cómo hacer la
investigación que correspondiera para aclarar los hechos”, y que hay beneficios
de ley para lograr que hablen quienes saben lo que realmente ocurrió.
“Hay
muchas personas que tienen información, conocimiento de qué sucedió. Nosotros
siempre establecimos como un punto para la investigación esto de la justicia
premiada, que se le den algunos beneficios a personas implicadas que puedan dar
los datos exactos de los sucesos y que ayuden de una manera importante a
obtener la verdad. Eso es factible en los sistemas penales. En el derecho procesal
penal hay esta figura precisamente para asegurarle al investigador alguna
fórmula, algún camino de encontrar la verdad aun en circunstancias tan
complejas y tan difíciles como las del caso Ayotzinapa.”
El Ejército.
Uno de
los principales obstáculos en las investigaciones del GIEI durante el gobierno
de Peña Nieto fue el blindaje a elementos del Ejército, así como el bloqueo
para tener acceso a bitácoras, material de video y fotográfico del C-4 en manos
de sus elementos y saber cómo fue la toma de decisiones la noche del 26 al 27
de septiembre.
Arosemena confía
en que ahora será diferente a pesar del trato preferencial que ha dado el
actual gobierno al Ejército:
“Confiamos
que sea así y que… la fiscalía especial y los expertos identifiquen estas
diligencias que tendrán que irse desarrollando a través de estos meses de
trabajo. Y que, si bien sabemos que hay algunas limitaciones con este tema de
la pandemia, se puedan buscar algunas fórmulas para el desarrollo de este
trabajo. Y lo importante es que esté planificado para que se vaya desarrollando
a medida que esto sea factible. Y que de no ser factible podamos tener
inmediatamente la información de obstáculos que se pudieran dar en la
investigación”.
Se parte
de la premisa de que los padres de familia alcanzaron un acuerdo con el
presidente Andrés Manuel López Obrador, con la confianza de que el GIEI tiene
elementos muy bien identificados y que ahora hay una puerta abierta.
López
Obrador le ha dado al Ejército y la Marina un papel destacado en áreas de la
administración pública para las que no está diseñado. Para Arosemena, estas
medidas se comprenden en contextos de grandes crisis de tipo social, económica
o política, pero las medidas de seguridad que se tomen siempre deben ser
proporcionales a la finalidad que se persigue.
La relatora se
muestra optimista ante esta nueva etapa del GIEI y asegura que ahora se tienen
más ventajas, entre ellas que el sistema judicial mexicano ha reconocido las
irregularidades en la investigación y está dispuesto a continuar hasta conocer
la verdad.
“Por
supuesto, seis años después se hace muy compleja la situación, pero hoy existe
una fuerza, una voluntad y un compromiso. Este es un caso que no sólo
representa para México un reto. Representa para el sistema judicial de América
mostrar transparencia, confianza, credibilidad, porque la gente pone en las
manos de la justicia precisamente el reclamo de los derechos, y le corresponde
al país, le corresponde al sistema dar una respuesta”.
* +de 43 es
una alianza entre Altavoz Radio e Ibero 90.9, se transmite cada jueves en ambas
emisoras a las 14 horas y busca dar voz a los familiares y víctimas del caso
Ayotzinapa, así como fomentar el respeto de los derechos humanos.
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