Por Verónica Espinosa.
De las 31 personas detenidas el sábado en Celaya, 26 fueron
liberadas ayer, entre ellas siete menores de edad.
Esas 26 personas eran señaladas de haber participado en los
incendios a negocios y vehículos, luego del arresto de familiares directos de
José Antonio Yépez, ‘El Marro’, específicamente la madre y una prima del líder
del cártel Santa Rosa de Lima.
La FGE informó que continúa integrando la carpeta de
investigación en contra de los liberados para presentar acusaciones ante un
juzgado penal.
Este martes, las familiares de ‘El Marro’ fueron
presentadas ante la jueza Paulina Iraís Medina Manzano, junto con otros tres
detenidos (dos mujeres y un hombre), en una audiencia de control en los
juzgados del sistema penal acusatorio ubicados al lado del Centro de Reinserción
de Puentecillas, en esta capital.
De acuerdo con lo informado ayer por el Gabinete de Seguridad
estatal, en el operativo del sábado 20, coordinado por el Ejército, Guardia
Nacional, FGE y Fuerzas de seguridad del estado, “fueron detenidas otras cinco
personas en la comunidad de San Isidro Elguera”, en Celaya, entre ellas María
Eva “N”, Juana “N” y Rosalba “N”.
El mismo día del operativo, las dos primeras fueron señaladas
por autoridades estatales como familiares directos de José Antonio Yépez y presuntas
operadoras financieras del cártel de Santa Rosa de Lima.
“En el lugar fueron asegurados recursos económicos –cerca de
2 millones de pesos–, droga sintética (metanfetamina) y vehículos de distintas
marcas”, se indicó en el comunicado del Gabinete de Seguridad.
Y precisó que, “derivado de actos vandálicos relacionados con
el cateo referido, fueron detenidas 26 personas”.
Sin embargo, este martes se confirmó su liberación, aunque
la FGE aclaró en varios mensajes en Twitter que siguen sujetos a investigación
y que la carpeta está en proceso de ser judicializada ante el Supremo Tribunal
de Justicia del estado.
También se conoció que siete de ellos eran menores de
edad, adolescentes de entre 15 y 17 años de edad, aproximadamente, quienes
fueron presentados ante la agencia del Ministerio Público especializado y
puestos en libertad mientras continúa la investigación.
“Se integró una carpeta de investigación con el resto de las
personas puestas a disposición por bloquear una vía de acceso, daños y otros
por entorpecer labores de la autoridad. Esta investigación, una vez terminada,
se judicializará”,
publicó la Fiscalía en otro tuit.
De igual manera, difundió que con el desarrollo de las
investigaciones “se ha identificado a personas que han participado en varios
eventos delictivos; esto se dará cuenta oportunamente”.
Este martes, en Elguera, una de las menores liberadas
habló con medios de comunicación y aseguró que agentes de las Fuerzas de
Seguridad del estado que llegaron a la comunidad los “pasearon” durante cinco o
seis horas en los vehículos en que fueron trasladados a Guanajuato.
“Llegaron y dijeron que se iban a llevar a toda la gente, que
iban de parte de Jalisco; en el camino a Guanajuato nos decían que nos iban a
echar 20 años de cárcel que porque apoyábamos a Yépez, que estábamos bien
pendejos”, afirmó la
adolescente.
María Eva y Rosalba –madre y prima de ‘El Marro’–, así como
Juana Erica, Marlene y Jesús Emmanuel, fueron acusados de delitos contra la
salud en su modalidad de posesión de drogas con fines de venta.
Los defensores de las cinco personas presentadas en el
Juzgado de la capital alegaron anomalías en los horarios y momentos del
cateo efectuado por las fuerzas federales y estatales, según la orden expedida
para el mismo, en aparente contradicción con la hora en que se registró la
incursión de las corporaciones en la comunidad de San Isidro de Elguera –vecina
a Santa Rosa de Lima– y las detenciones realizadas.
Además, señalaron, la droga y el dinero que las
autoridades aseguraron haberles incautado “les fue sembrado”, y ninguno de los
cinco detenidos, ni los familiares de ‘El Marro’, tienen relación con el cártel
Santa Rosa de Lima.
“Los llevaron primero con el Ministerio Público federal, el
domingo (21), y no los quiso consignar porque no había con qué”, destacaron los defensores.
La audiencia se realizaba desde esta mañana, mientras
elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Fuerzas del estado resguardaban
los accesos al penal y juzgados.
Inicialmente se desarrolló de manera pública –con acceso a
medios de comunicación–, pero cuando los abogados defensores de la madre y
la prima de José Antonio Yépez empezaron a cuestionar datos de prueba y la
falta de información legible de algunos peritajes en las copias de las carpetas
que les entregó la Fiscalía, el representante de esta instancia solicitó a la
jueza que la audiencia fuera privada y se excluyera a los medios.
Para ello, el fiscal argumentó que debía ser privada “por
motivos de seguridad”, pues la publicidad a través de los medios pondría en
peligro al personal del Juzgado y a todos los que se encontraban en la
audiencia.
Los abogados defensores de los detenidos rechazaron la
solicitud y exigieron que se permitiera la presencia de los medios. “Qué mejor
manera de garantizar la verdad, si los eventos en los que fueron detenidos
fueron públicos a nivel nacional e incluso internacional… es necesaria la
publicidad para evitar que la autoridad siga haciendo las cosas en lo
oscurito”, señalaron.
En ese momento el fiscal dijo a la juez que la noche del
domingo 21 recibieron la llamada anónima de un hombre que entre insultos
profirió diversas amenazas, y entre ellas dijo: “les voy a hacer un desmadre en
los juzgados”.
Entonces, pese al fuerte operativo y el resguardo que en
el exterior se desplegó por parte de las corporaciones, la jueza dio la razón a
la fiscal y declaró la audiencia privada. Tras un receso se reanudó después de
las seis de la tarde. Al cierre de esta nota no había concluido.
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