miércoles, 24 de junio de 2020

Miles de expedientes guardados de campañas colocan a Conapred como un organismo opaco.





Por Linaloe R. Flores.

 Una única campaña que benefició al empresario Ricardo Salinas Pliego y miles de expedientes bajo reserva que lo ponen entre los organismos públicos más opacos, integran el último tramo de la historia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), cuya funcionalidad quedó expuesta en la mesa de las discusiones en menos de una semana.

Por lo pronto, su presidencia se encuentra acéfala. Mónica Maccise Duayhe, quien fue nombrada en noviembre de 2019, presentó su renuncia el 18 de junio pasado.

En su gestión, el Conapred realizó la campaña “En México, los derechos humanos se ejercen. Versión Xenofobia”. Se le dio a Estudios Azteca, del empresario Ricardo Salinas Pliego. También, fue ratificada la reserva de ocho estudios y se clasificaron otros seis sobre grupos indígenas, trabajadores jornaleros, trabajadoras domésticas, población trans y el movimiento estudiantil de 1968 que se sumaron a los miles de documentos guardados por el organismo en su historia.

La revelación del contenido de estos expedientes resultaría clave ahora, cuando la opinión pública se cuestiona si ha sido útil mantener al organismo en la Administración Pública Federal; pero no serán abiertos hasta 2023 o 2024.

Lo anterior, de acuerdo con un zoom realizado por la Unidad de Datos de SinEmbargo para conocer qué había en la entraña del Consejo cuya desaparición fue planteada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esa es la foto del Conapred en 2020.

SALINAS PLIEGO, OTRA VEZ.

El contrato del Conapred con Estudios Azteca, subsidiaria de TV Azteca, que es filial de Grupo Salinas, fue por un millón 436 mil 315 pesos. Es una cantidad mínima en la facturación del consorcio -un gigante con brazos en varios sectores-, pero se trata de la erogación más alta que el Conapred hizo en 2019, cuando en total gastó 41 millones 54 mil 51 pesos. Además, representa 30.6 por ciento de la erogación total que generó esa campaña, que fue de cuatro millones 693 mil 677 pesos.

Así, el nombre del empresario que desde la llegada del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador brincó del quinto al segundo puesto entre los hombres más acaudalados del país, encabeza la lista de contrataciones del Conapred.

Los otros medios en los que se difundió esta campaña fueron la Red de Radios Comunitarios de México AC (891 mil 268 pesos), el Instituto Mexicano de la Radio (862 mil 64 pesos), ISA Corporativo (814 mil 373 pesos) y Caricaturas, Internet, Animaciones y Revistas (689 mil 655 pesos).

RICARDO SALINAS-CONTRATOS-CONAPRED.

Durante la pandemia COVID19, Grupo Salinas sobresalió por su desacato a la convocatoria del Gobierno federal de quedarse en casa. Elektra, su tienda de electrodomésticos, fue un microcosmos de cómo la pasaron -aún la pasan- los empleados del segundo hombre más acaudalado de México. En una escena evidente y visible, los trabajadores de limpieza acudieron a cumplir sin la menor protección, mientras la población estaba llamada a confinarse. El empresario, a través de varios mensajes públicos, insistió que en México “hacía falta trabajar” y que “sólo así”, era posible “salir adelante”.

De 2018 a 2020, otros gastos del Conapred fueron en seguridad para el personal para lo cual se contrató a la Policía Bancaria e Industrial, personas físicas que realizaron “servicios profesionales”, mensajería, así como mantenimiento del elevador de su edificio-sede.

Una de las erogaciones más grandes del Conapred en su historia, ha sido la renta del edificio de Dante 14, colonia Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, donde están sus oficinas. Según el registro en Compranet, le ha pagado por ese concepto a Impulsora Iris, más de 73 millones de pesos, de 2010 a 2018.

De los años de la 4T no hay contratos publicados al respecto.

Bajo las llaves de la reserva del Conapred se encuentra el diagnóstico sobre la incorporación del enfoque antidiscriminatorio en las reglas de operación de programas sociales y de desarrollo productivo hasta 2023 porque los resultados “no han sido publicados” y se encuentran en “un proceso deliberativo y de análisis de la información”.

Otro documento reservado es la agenda de investigación y conocimiento sobre racismo, xenofobia y formas conexas de discriminación porque el Conapred consideró que revelarla “traería como consecuencia un ambiente de inseguridad para la institución, así como una posible afectación a sus intereses jurídicos en juicios laborales”.

En la misma condición está el documento “Condiciones de vida, salud y experiencias de discriminación de las personas intersexuales en México” porque no está registrado en el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

Y así ocurre con el estudio “Condiciones de vida de las poblaciones trans en México” porque el comité de transparencia del Conapred estimó que la información contenida ahí es confidencial y su revelación “traería como consecuencia un ambiente de inseguridad para la institución”, lo que afectaría de forma directa su seguridad.

Tampoco puede conocerse el estudio “Estado del arte sobre la situación de las personas jornaleras agrícolas en Baja California y Baja California Sur”, ni “Movimientos y derechos a 50 años del 68 …” o “Voto Informado 2017-2018”.

Los estudios no son los únicos expedientes que en estos momentos mantiene guardados bajo la llave de la reserva el Conapred. Hasta la fecha, tiene CUATRO MIL 172 carpetas cuyo contenido no puede ser conocido, según el Índice de Expedientes clasificados como Reservados. En general, el organismo aparece en el sitio 79 de las 263 entidades públicas con expedientes bajo reserva.

Ese Índice fue creado en el 2004, en el Gobierno de Vicente Fox Quesada, y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ordena a todas las dependencias gubernamentales a publicar en él, los expedientes que pone bajo reserva. En estos momentos, hay 12 millones 331 mil 670 asuntos bajo el velo de la reserva.

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