Atzayaelh
Torres.
Hace casi un
año escribía en este espacio sobre los cambios que estrepitosamente emprendió
el gobierno de la #4T al sector de hidrocarburos y que concluyó en una revisión
completa del sector. Adelanté que seguía el sector eléctrico.
Hoy, a un
año y medio que comenzó el gobierno del presidente López Obrador, el segundo
gran pilar de la reforma energética del gobierno de Peña Nieto, el del sector
eléctrico, agoniza luego de una serie de modificaciones estratégicas
aprovechando las lagunas pantanosas de la legislación secundaria.
Así, el
primer signo del reordenamiento del sector eléctrico vino en febrero de 2019,
cuando la #4T anunció la cancelación de la cuarta subasta del mercado eléctrico
mayorista, una decisión que el sector privado leyó como un obstáculo directo a
las fuentes de generación de energía limpia, consentidas de los procesos
anteriores, donde cantaron haber logrado los precios más bajo de energía en el
mundo, a pesar de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se ha
cansado de acusar que ha sido a su costa.
El 13 de
marzo de 2019 vino la segunda estocada, con la propuesta de reestructuración
de la propia CFE que presentó la Secretaría de Energía ante la Comisión
Nacional de Mejora Regulatoria (cuando todavía la tomaba en cuenta) para
revertir el decreto de “Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de
Electricidad”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero
de 2016, argumentando un incremento considerable en los costos de operación, al
haber creado 6 subsidiarias de generación sin un aparente criterio técnico y
para fomentar la entrada de privados al mercado.
Posteriormente,
en los primeros días de octubre, la Sener envió a la Conamer otra propuesta,
en esta ocasión para modificar la forma en que son asignados los Certificados
de Energías Limpias (CELs), con la finalidad de permitir que plantas
geotérmicas e hidroeléctricas de la CFE pudieran acceder a dichos papeles, con
miras a alcanzar los objetivos de México establecidos en la Ley de Transición
Energética y en el Acuerdo de París en materia medioambiental.
Unas
semanas más tarde se dio la toma de control de la Comisión Reguladora de
Energía con el nombramiento de Leopoldo Melchi como presidente del organismo,
luego de la desbandada del anterior órgano de gobierno liderado por Guillermo
García Alcocer, y que desde principio de año paulatinamente se fueron
sustituyendo.
El tiro
de gracia tardaría algunos meses más, no era sencillo. El gobierno estaba
esperando el momento exacto para reclamar las líneas de transmisión, con lo que
detendría finalmente aquellos proyectos emanados de la reforma peñista a los
que tanta animadversión les tiene.
La pandemia propició
que viera la luz lo que se tenía listo desde diciembre; necesitaban poner en un
contexto un argumento técnico legítimo. Así, la nueva política de confiabilidad
del sistema eléctrico nacional le echó encima la primera palada de tierra a la
reforma eléctrica; la segunda vendría con las resoluciones de la CRE, que
modifican las condiciones bajo las que operan los polémicos contratos legados.
Ahora sí,
consumado está. Hay confrontación frontal. Tomó menos de dos años al gobierno
desbaratar la reforma, y como se pelea en juzgados la política de
confiabilidad, vendrán cambios al banqueo de energía. Atentos.
Ajustes en
refinación.
Ante el
contexto de inestabilidad en todo sentido (el caos económico, pues), en Palacio
Nacional ya se barajea la posibilidad de recortar el programa de rehabilitación
de las seis refinerías de Pemex; mismo que quedaría en tres, para cuando se
pueda y como se pueda, siempre y cuando no se lleve más del resto del sexenio.
Los detalles van a estar en el diablo para comunicarlo, ¿o cómo era? algo
así...
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