Por Armando
Guzmán.
Juan José
Martínez Pérez, exsubsubsecretario de Obras Públicas del gobierno perredista de
Arturo Núñez Jiménez y presuntamente implicado en la llamada “Estafa Maestra”,
fue detenido por los delitos de ejercicio indebido de atribuciones en agravio
del gobierno de Tabasco y del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
(ITSC), del que también fue director.
El
gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, confirmó que el arresto
ocurrió el viernes y fue por irregularidades detectadas en el manejo de los
recursos públicos asignados al ITSC y una denuncia presentada ante la Fiscalía
General del Estado (FGE) para deslindar responsabilidades.
En razón de
ello, se liberó una orden de aprehensión por ejercicio indebido de
atribuciones y funciones, en agravio del gobierno del Estado y del ITSC.
“No puedo
dar detalles de las investigaciones, sí confirmo que se dio una primera
detención el día de ayer, como también trasciende que el mismo sujeto es
investigado en el fuero federal”, informó el mandatario morenista.
“No
conozco las denuncias ni el estado que guardan estas averiguaciones, pero
parece que hay otros asuntos”, añadió.
Entre estos
asuntos se encuentra la investigación del gobierno federal contra Martínez
Pérez por la “estafa maestra” de más de 140 millones de pesos, a través de
convenios suscritos entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) y el ITSC.
Durante los
dos primeros años de gobierno de Arturo Núñez (2013- 2018), Martínez Pérez
fungió como subsecretario de Obras Públicas y, al mismo tiempo, ocupó la
presidencia del Consejo Político Estatal del PRD.
A finales de
diciembre de 2015 asumió la dirección del ITSC para el periodo 2016-2018.
En 2016,
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que la Sedatu hizo dos
transferencias bancarias al ITSC, una por 41 millones 942 mil pesos y otra por
100 millones 925 mil 740 pesos, relacionadas con los convenios SEDATU-
ITSC/DGOTAZR/33901-02/2016 y SEDATU/DGAIG-ITSC/33901-12/2016, respectivamente.
En el
primer caso el ITSC trianguló los 41 millones a las empresas Capacitadora Fema,
S.A. de C.V., Servicios Horsa de la Rivera de México, S.A. de C.V., Proactiva
Índigo de Puebla, S.A. de C.V., y Coratono, S.A. de C.V.
El ITSC no
realizó los trabajos convenidos con la Sedatu y no comprobó que estas empresas
subcontratadas realizaran los servicios, entre ellos un Diagnóstico de la
Situación Actual de la Vivienda en México y sus Alternativas, y el Desarrollo
y Aplicación de Mecanismos de Operación para Programas y Acciones de la
Propiedad Ejidal y Comunal.
Respecto
de los 100 millones, el ITSC tampoco realizó los servicios acordados con la
Sedatu, ni comprobó́ que se hubiera hecho, pese a que subcontrató a seis
empresas para la realización de los proyectos, a las que pagó el 100% de los
recursos.
Durante las
investigaciones, Juan José Martínez declaró a la ASF que su antecesor en la
dirección del ITSC, Carlos Mario Olán, le dijo en diciembre de 2015 que “tenía
pendiente” la firma de varios contratos con esa dependencia federal y no podía
firmarlos porque su periodo al frente del instituto concluía esa fecha, por lo
que cuando el personal de Sedatu llegara a Villahermosa, “me contactaría para
ver los nuevos contratos y la firma de los mismos”.
Así, en mayo
de 2016, según Martínez, dos funcionarios de la Sedatu se presentaron en el
ITSC, quienes, dijo, no se identificaron oficialmente y le entregaron convenios
ya firmados por un funcionario de la dependencia federal, a quien no conoció
ni tuvo contacto personal, y le hicieron firmar como director de la institución
educativa.
Sostuvo
que no conoció ni contrató de manera libre ni directa a ninguno de los
proveedores que supuestamente prestaron los servicios a la Sedatu, en virtud de
que fue una funcionaria de la dependencia federal quien le señaló nombres de
las empresas a contratar y montos a pagar.
Además, mencionó
que esta persona acudió varias veces al ITSC para entregar los contratos de los
proveedores para que los firmara, y aseguró que todos los pagos que se
hicieron, en cantidades y condiciones, fueron ordenados por dos funcionarios de
la Sedatu, ya que el sólo autorizaba las transferencias correspondientes.
En el
dictamen de la ASF, emitido el 8 de febrero de 2019, los dos funcionarios
fueron identificados como el director general adjunto de Prevención y
Atención de Desastres Naturales, y la directora general adjunta para la
Igualdad de Género de la Sedatu, quienes carecían de facultades legales para
contratar y ejercer atribuciones que no tenían.
En 2016,
los titulares de ambas dependencias eran Carlos Urbina Tanús y Marina Arvizu
Rivas.
La ASF concluyó
que el ITSC participó en la simulación de los convenios suscritos con la
Sedatu, y se benefició́ indebidamente al autorizar pagos a las empresas sin
cerciorarse del cumplimiento de los trabajos que se contrataron con ellas.
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