Diego
Petersen Farah.
Desde
aquella inolvidable declaración auto incriminatoria sobre la mágica
purificación del dinero del narco en el cepo de las iglesias del entonces
obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez, quien dijo que “el dinero se puede
purificar cuando la persona tiene una buena intención… No porque el origen del
dinero sea malo hay que quemarlo; hay que transformarlo más bien, todo dinero
puede ser transformado, como una persona también que está corrompida se puede
transformar. Si una persona puede hacerlo, cuánto más lo material” (La Jornada,
19 de septiembre de 2005) quedó claro que había echar luz a las iglesias sobre
el origen de sus recursos y el posible lavado de dinero.
Esta semana,
una serie de reportajes coordinados en el que participaron varios periodistas
de América Latina, entre ellos Raúl Olmos de Mexicanos Contra la Corrupción y
la Impunidad, puso sobre la mesa el enriquecimiento de las iglesias y sus
líderes a partir de prácticas, digámoslo suavemente, poco ortodoxas cuando no
abiertamente delincuenciales dentro de las iglesias. Los reportajes –muy
recomendables– abordan casos específicos de diversas iglesias, lo cual no
quiere decir que sean la únicas, solo las más emblemáticas en su manejo
financiero. Cuando hay un líder visible, prácticamente un dueño, que se
enriquece tremendamente, como es el caso del brasileño Edir Macedo de la
Iglesia Universal del Reino de Dios (que en México conocemos como Pare de
sufrir), de Samuel Cassio Ferreira de Asamblea de Dios, también en Brasil, o la
familia Joaquín en La Luz del Mundo, en México resulta más evidente que en
iglesias más institucionalizadas y estructuralmente complejas, como la
católica, pero ello no significa que estén exentas de estas prácticas, como
quedó demostrado en la declaración de Godínez.
En cualquier
caso, lo que deja en evidencia este trabajo periodístico es la necesidad de que
el Estado tenga más control sobre el lado mundano de las iglesias. La Unidad de
Inteligencia Financiera ya dio los primeros pasos en marzo pasado al congelar
cuentas vinculadas con las acusaciones por las que se le sigue un juicio a
Naasón Joaquín, pero es solo uno de decenas de casos que se han denunciado en
los últimos años. No tengo duda que la mayoría de los sacerdotes, ministros,
pastores y líderes de las iglesias son gente de bien, por lo mismo hay que
evitar el abuso de esa minoría.
El corpus de
dogmas no es materia de fiscalización; la libertad de creencia está consagrada
en la Constitución. Lo que tiene que vigilar el Estado es que no se cometan
abusos contra los creyentes ni se encubran delitos en nombre de la libertad
religiosa. En lo personal me resulta particularmente desagradable que las
iglesias y sus pastores se enriquezcan de los más necesitados, que se explote
de esa manera la necesidad de creer, pero ahí no hay nada que hacer, es un
acuerdo libre de voluntades entre quien da y quien recibe. Pero, cuando quien
da lo que aporta es dinero producto del crimen organizado (lavado de dinero) y
cuando quien recibe usa los recursos para fines personales convirtiendo la
necesidad de creencia en un negocio personal o familiar (enriquecimiento
ilícito) el Estado debe echar luz para evitar que se cometan delitos en nombre
de dios.
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