Por
Guadalupe Fuentes López.
Un documento de 63 páginas fechado el 11 de
agosto puso en jaque a la clase política de México y también a algunas
empresas. Se trata de la denuncia que Emilio Lozoya Austin, exdirector de
Petróleos Mexicanos (Pemex), interpuso ante la Fiscalía General de la República
(FGR) en la que describe presuntos actos de corrupción fraguados y ejecutados
por políticos y expresidentes en los dos últimos sexenios.
En la
demanda acusa directamente a 16 personas, entre ellas los expresidentes
Felipe Calderón Hinojosa (2006-20012), Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Carlos
Salinas de Gortari (1988-1994), quien ha tenido una fuerte presencia en la
política mexicana y ha sido señalado por el Presidente Andrés Manuel López
Obrador de ser “el padre de la desigualdad en México” y de estar detrás de
episodios cuestionables como fraudes electorales, reformas o contratos del
Gobierno.
Las 63
páginas de la denuncia de Lozoya -investigado por corrupción- baña de
suciedad a varias generaciones de políticos que participaron en sobornos para
avalar las reformas estructurales del sexenio de Peña Nieto y favorecer con
supuestos contratos ventajosos a empresas como Grupo Higa (de Juan Armando
Hinojosa Cantú), Braskem (filial de Odebrecht) y Altos Hornos de México
(AHMSA), esta última del empresario Alonso Ancira, quien goza de un amparo
contra la orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero.
La denuncia
de Lozoya, producto de un recurso legal para colaborar con el esclarecimiento
de los casos de corrupción en México, está dividida en 10 subtemas que
incluyen:
–Caso
Odebrecht y financiamiento de campañas del PRI.
–Planeación
para la aprobación y compra de votos de las reformas estructurales.
–Etileno
XXI-Etapa de Felipe Calderón.
–Etileno
XXI- Etapa de transición de Gobierno y comienzo de la Presidencia de Enrique
Peña.
–Recursos
adicionales para sobornar al PAN, diferentes a los de Odebrecht, pero con el
mismo propósito.
–Otros
hechos que reflejan el uso indebido del poder y tráfico de influencias.
–Pagos de
votos y favores vía empresas privadas.
–Gestión
de contratos por Carlos Salinas de Gortari y robo de combustible.
–Etileno
XXI: pacto transexenal.
–Caso
Agronitrogenados.
LOS 16
INVOLUCRADOS.
El nombre
del expresidente Carlos Salinas de Gortari (72 años) aparece en la página 42
de la demanda y es señalado de cabildear la Reforma Energética y de gestionar
contratos:
“En el marco
de un viaje a Cali, Colombia, entre el 20 y 24 de mayo de 2013 para participar
en un evento con otros jefes de Estado y un foto empresarial, el empresario
Federico Martínez Armenta, director general de Tradeco, se le acercó a Enrique
Peña Nieto y le dijo que ‘él y su socio Carlos Salinas de Gortari estaban
operando para sumar al PAN y conseguir votos para las reformas estructurales’,
por lo que Enrique Peña me pidió recibir a Federico Martínez y ayudarlo”.
Semanas
después y bajo el mismo periodo, refiere la demanda, “Carlos Salinas le
pidió a mi padre ayuda para que recibiera a su amigo Federico Martínez, pues
tenía problemas, y también le entregó tarjetas con proyectos que su (s) hijo
(s) Juan Cristóbal querían intermediar en Pemex”. Emilio Lozoya Thalmann, padre
de quien fuera director de Pemex (2012-2016) fue Secretario de Energía y
director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) en el sexenio de Carlos Salinas.
En otra
parte de la demanda Lozoya Austin detalla cómo Salinas de Gortari cabildeaba
a favor de los proyectos de su hijo, entre los cuales estaba pagarle a la
empresa TRESE más de 15 millones de dólares porque Pemex le había cancelado el
contrato de una plataforma marítima.
Hasta el
jueves 20 de agosto, Salinas no había hecho una declaración pública sobre estas
acusaciones.
El
expresidente Enrique Peña Nieto y su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray
Caso, son mencionados en prácticamente en todo el documento por encabezar la
operación de sobornos para financiar campañas y aprobar reformas.
En el
documento, el exjefe de Pemex aseguró que Peña Nieto y Luis Videgaray le instruyeron
reunirse con Luis Weyll, exrepresentante de Odebrecht en México, para pedirle 6
millones de dólares para la campaña presidencial de 2012.
“Le dije
a Luis Weyll que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique
Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganare. Él me dijo que
lo veía bien e incluso hablamos de que en cuanto ganara Peña Nieto iría a ver a
Marcelo Odebrecht personalmente”, afirmó.
Además, Lozoya
acusó a Peña Nieto y Luis Videgaray de pedirle usar parte del dinero para
comprar votos de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) a favor de la
Reforma Energética de 2013, que abrió el sector a la iniciativa privada.
En la
denuncia, Lozoya nombró a los entonces senadores Ernesto Cordero Arroyo,
Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega (presidente de la Comisión de Energía),
Francisco Domínguez (actual Gobernador de Querétaro) y Francisco García Cabeza
de Vaca (actual Gobernador de Tamaulipas).
También acusó
a Ricardo Anaya Cortés, exdiputado federal, exdirigente del PAN y excandidato
presidencial en 2018.
“Quiero
aclarar que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una
extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona con la finalidad de que
se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas
extranjeras”,
aseveró Lozoya.
El exjefe de
Pemex indicó que Videgaray le instruyó darle 6.8 millones de pesos a Anaya
para sus aspiraciones políticas en Querétaro.
En total,
afirmó Lozoya, el grupo de legisladores del PAN recibió 80 millones de pesos
entre 2013 y 2014 por medio de un asesor de nombre Rafael Caraveo Opengo, quien
apareció en un video filtrado esta semana junto con Guillermo Gutiérrez
recibiendo paquetes de dinero de un presunto colaborador de Pemex.
Además, acusó
al exsenador Miguel Barbosa, actual Gobernador de Puebla por el Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), de traficar influencias a favor de su hermano
que trabajaba en Pemex.
Lozoya agregó
que el operador en el tema de los presuntos sobornos fue el priista David
Penchyna, entonces presidente de la Comisión de Energía.
En el
documento Lozoya habla de la influencia que ejerció en México la
constructora brasileña Odebrecht, la cual inició en la presidencia de Felipe
Calderón Hinojosa con un contrato de la planta petroquímica Etileno XXI.
Según
Lozoya, José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Energía durante el
sexenio de Calderón, intervino, junto a José Antonio González Anaya, para que
se otorgaran condiciones fuera de lo normal en las ventas de etano que
Petróleos Mexicanos acordó con Braskem.
“El
negocio que hicieron los brasileños es que Pemex le vendiera a Braskem el
etano, ya que Pemex era el único proveedor, pero le hacían un descuento
inexplicable de 25 por ciento sobre el precio del mercado, lo que hacía super
desventajosa la posición de Pemex”, señaló Lozoya.
Lozoya aseguró
que los exdirectivos de Pemex José Antonio González Anaya y Carlos Treviño
Medina apoyaron el contrato de Etileno XXI.
“Quienes
ayudaron a operar dicho contrato en la administración panista fueron Carlos
Treviño Medina, José Antonio González Anaya y otros ejecutivos de Pemex y de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recuerdo escuchar que se le entregó
dinero tanto a Carlos Treviño Medina como Ernesto Cordero, a través de uno de
sus operadores al cual apodaban El conejo, sin tener conocimiento de a quién se
referían”, detalló.
NIEGAN
ACUSACIONES.
Sobre estas
acusaciones, Calderón Hinojosa respondió en Twitter que son “ridículas” y de
linchamiento. “Lozoya (con el chantaje de tener presa a su mamá) es utilizado
por López Obrador como un instrumento de venganza y persecución política”,
escribió la noche del miércoles. Por la mañana del jueves, cuestionó con ironía
en su red social “¿A quién acusas? ‘A quien usted diga, señor Presidente'”.
Respecto al
gabinete federal del peñismo, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso
rompió el largo silencio durante su retiro político en Estados Unidos, donde es
académico en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y se dijo listo para
atender el llamado de la autoridad para esclarecer la verdad porque no
permitirá que por “venganza política” se le difame.
“Las
acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las
consecuencias de sus propios actos”, escribió en una carta. “Es ampliamente
sabido que tuvimos una mala relación personal, resultado de su mal manejo
financiero de Pemex, de lo que él pretendía hacer con la Reforma Energética y
de su conducta como servidor público”..
Por su
parte, el exsecretario y candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña
tuiteó que las acusaciones de su excompañero de gabinete carecen de pruebas.
“Seré respetuoso de las investigaciones. Anticipé a la autoridad que estoy
formalmente localizable. No habré de abonar a escándalos mediáticos”, escribió
y dio retuit al mensaje del extitular de Pemex y del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), José Antonio González Anaya. “No participé en la
aprobación de la Reforma Energética, ni en la contratación de Etileno XXI, ni
en la compra de Agronitrogenados”, escribió el concuño del expresidente Salinas
de Gortari.
El otro
extitular de Pemex, Carlos Treviño Medina, tuiteó que nunca tuvo que ver con
las reformas estructurales. “Es una pena cómo Lozoya pretende usar el criterio
de oportunidad, sin embargo el acusado es él y los señalamientos se acompañan
con pruebas, como en su momento lo hicimos denunciando ilícitos en Pemex”,
escribió.
Respecto a
los panistas embarrados en la denuncia del extitular de Pemex, los gobernadores
de Querétaro y Tamaulipas, Francisco Domínguez Servién y Francisco Javier
Cabeza de Vaca, también se deslindaron.
El
Mandatario estatal Pancho Domínguez, horas antes de la filtración de la
denuncia, declaró en la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel
López Obrador que daba la cara porque no podía recibir dinero para votar una
reforma de la que estaba convencido personalmente. Cabeza de Vaca, por su
parte, aprovechó la reunión del Gobierno federal con los gobernadores para
asegurar que no permitirá que se construyan denuncias en la Fiscalía General de
la República cuyos propósitos sean meramente electorales.
El panista
Ricardo Anaya Cortés pasó de las palabras a los hechos y presentó una denuncia
contra Lozoya Austin por daño moral ya que, asegura, es falso que “Osiris
Hernández” recibió casi 7 millones de pesos en el estacionamiento de la Cámara
de Diputados en el marco de la aprobación de la Reforma Energética que abrió la
puerta a la inversión extranjera. “La verdad está de mi lado”, dijo en un tuit
acompañado de la copia de la denuncia.
En tanto,
los exlegisladores panistas también lo negaron. Ernesto Cordero Arroyo rechazó
haber recibido dinero a cambio de votar por la Reforma Energética. “Con
mentiras, busca que sea otro el que pague por los delitos que él cometió”,
aseguró. El blanquiazul Salvador Vega Casillas lo calificó de “una estupidez”,
porque votaron por su propuesta de Reforma y negaron a Lozoya modificaciones
“que pretendía, seguramente con fines corruptos”.
Su compañero
de bancada Jorge Luis Lavalle advirtió que está preparando su defensa porque,
dijo, “ningún delincuente confeso manchará mi nombre”, luego de que se le
relacionó con el video de entrega de sobornos porque salió su colaborador
Rafael Caraveo Opengo, quien no ha sido localizado. El Instituto Mexicano del
Seguro Social investiga los contratos dados a Comercializadora Integral
Rayfour, donde es accionista este exsecretario técnico del Senado.
El exsenador
priista David Penchyna Grub aseguró que Lozoya miente para “salvarse de la
cárcel” y negó beneficiarse de algún soborno.
LAS EMPRESAS
SEÑALADAS.
Las
compañías constructoras y especialistas en infraestructura Grupo Higa, Grupo
Tradeco, TRESE, AHMSA y Braskem-Idesa han sido involucradas por Emilio Lozoya
Austin en presuntos actos de corrupción, de acuerdo con declaraciones filtradas
del exdirector de Pemex ante la FGR.
Grupo
Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, además de cargar con el
costal de la “casa blanca” de Enrique Peña Nieto y la vivienda de Luis
Videgaray Caso en Malinalco, Estado de México, fue acusada por Emilio Lozoya
Austin de pagar sobornos y entregar dinero al expresidente de la República, así
como de “intermediar entre empresas de construcción, SCT y Pemex” para obtener
beneficios económicos.
La
intermediación de Grupo Higa, calificada de “extorsión” por Lozoya ante la
FGR, le generaba ingresos a la empresa de entre el cinco y el 10 por ciento del
valor de las obras de infraestructura contratadas por el Gobierno federal.
Dichos montos, indicó Lozoya, “eran entregados en efectivo a Juan Armando
Hinojosa y, éste, a su vez, los compartía, también en efectivo, con Enrique
Peña Nieto”.
El dueño
de Grupo Tradeco, Federico Martínez Armeneta, también fue señalado por Lozoya.
De acuerdo con el exfuncionario público, Martínez habría negociado con Lozoya
para beneficiar a Grupo Tradeco, ya fuera con contratos petroleros o con la
exoneración de penalidades por incumplimientos e irregularidades contractuales.
“Por
instrucciones de Enrique Peña Nieto recibí a Federico Martínez, quien tenía una
serie de peticiones sobre obras que tenían con Pemex, pero todas presentaban
quejas, retrasos e incumplimientos. […] Federico Martínez Armeneta me pidió
modificar los contratos y perdonar penalidades, ante lo que me negué”, declaró Lozoya a la dependencia
encabezada por Alejandro Gertz Manero.
En el caso
de la empresa TRESE del empresario Ricardo Silva Padilla, Lozoya indicó que
derivado de un cabildeo del expresidente Carlos Salinas de Gortari para obligar
a Pemex a darle contratos a su hijo Juan Cristóbal Salinas, ésta fue presionada
a través de sobornos por más de 15 millones de dólares. Sin embargo, se
desconoce si los pagos fueron realizados a la compañía.
Acerca de
AHMSA del empresario Alonso Ancira Elizondo, Lozoya mencionó que durante el
sexenio de Peña Nieto la compañía negoció contratos para la producción de
fertilizantes nitrogenados, además de concretar la venta de la planta chatarra
de Agro Nitrogenados que causó perjuicios a la Hacienda Pública Federal y a
Pemex.
Entre las
compañías implicadas en actos de corrupción por parte de Lozoya también está el
consorcio Braskem-Idesa, que ha sido vinculado con desfalcos y contratos
leoninos relacionados con el Proyecto Etileno XXI, negociado y modificado entre
las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Hasta la
fecha de esta publicación, los grupos Higa y Tradeco no han emitido
respuesta oficial a los señalamientos de Lozoya ante la FGR. Las empresas TRESE
y AHMSA tampoco se han manifestado al respecto, y en el caso de Braskem-Idesa,
en una misiva dirigida a SinEmbargo, la compañía refiere haber realizado
“exhaustivos procesos de investigación interna, con abogados independientes,
que concluyeron que no había actividad inapropiada o vínculo de éstas con
actos de la Constructora Odebrecht en México”.
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