Filtraciones.

Raymundo Riva Palacio.

La Fiscalía General, atrapada en el desaseo legal, va a investigar quién filtró la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el miércoles por la tarde. La secrecía explotó un documento para el conocimiento único de la autoridad, la defensa del inculpado y eventualmente de los imputados, convirtiéndose en material público al alcance del que quisiera. La filtración lo exhibió, pero sobre todo, afectó el debido proceso y viola la presunción de inocencia. La buena es que una gran pista está más cerca de lo que parece. Está en Palacio Nacional, y las pruebas las encontrará en las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer filtrador de la nación.

El Presidente siempre dice que su pecho no es una bodega y es cierto. No miente, aunque suele confundir lo que tiene que ser mantenido bajo el sigilo profesional, y lo que cree que debe ser difundido en menoscabo de la ley, y en beneficio –lo que es relativo– de la sociedad. Paradójicamente, este jueves le pidió al fiscal que actúe con apego de la ley, cuando sistemáticamente hace lo contrario.

López Obrador lleva toda la semana, de lunes a jueves, animando a todos, incluido a Gertz Manero, a que violen la ley y que difundan lo que es secreto, violentando el debido proceso y la presunción de inocencia. Todavía este jueves, en medio de la escandalera política, valoró lo que leyó en periódicos y vio y escuchó en la televisión y la radio –porque dijo que no terminó de leer la denuncia–, como algo “muy grave, muy escandalosa”.

Esta parcialidad sobre una investigación en curso y un juicio, que apenas comienza, borra la presunción de inocencia, pero no tiene que ver con las filtraciones del Presidente, sino con su imprudencia jurídica y política, a menos que sólo le importe esto último y que la ley sea irrelevante para sus fines. Pero cuidado.

En el caso de las filtraciones de cualquier investigación en curso por parte de un funcionario, se viola el artículo 225 del Código Penal Federal, en cuyo inciso XXVIII prohibe “dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales”.

Ese es nuestro Presidente, que ha incurrido en filtraciones de averiguaciones en curso de distintos temas. En el caso de Lozoya, ha dejado constancia de haber adelantado procedimientos legales, a partir del conocimiento que tenía –no se explican de otra forma sus afirmaciones–, del expediente en manos de la Fiscalía General, que no deja de decir que es autónoma, aunque cada vez queda más de manifiesto que la línea de independencia de Gertz Manero, se estira y achica en función de los intereses de Palacio Nacional.

Un botón de muestra: en la mañanera del 12 de agosto le preguntaron sobre las informaciones periodísticas que daban cuenta de la imputación de Lozoya del expresidente Enrique Peña Nieto y su exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. López Obrador afirmó que de acuerdo con las imputaciones de Lozoya, tendrían que declarar los dos, además del expresidente Felipe Calderón, que también había sido señalado por el exdirector de Pemex. Hasta ese momento nadie sabía que Calderón había sido imputado por Lozoya, puesto que la primera referencia de ello se publicó en este espacio el lunes pasado, lo que fue confirmado hasta el miércoles.

Esa es una filtración importante al venir del Presidente, y ensució el caso más importante que sobre corrupción tiene el gobierno de López Obrador. Pasó desapercibida la violación presidencial de la ley, por la polarización que genera el Presidente, y la convicción de muchos de que más importante que la justicia –aunque el discurso sea distinto–, lo esencial es la denuncia para lograr la inhibición moral. La moral, sin embargo, no resuelve la corrupción ni su factor determinante, la impunidad, pero la forma como el Presidente está manejando las cosas, con un énfasis en la política, el escarnio y la sanción pública, la impunidad no borrará la corrupción. Peor aún es que acabe López Obrador con un sistema corrupto –lo que sería muy bueno–, para instalar otro sistema corrupto –lo que sería muy lamentable.

La investigación de la Fiscalía General de la filtración de la denuncia de Lozoya no es la única donde se está tratando de determinar su origen.

El gobierno está investigando las filtraciones del gabinete de seguridad que han encontrado exposición pública en una columna de Héctor de Mauleón, de Raúl Rodríguez, de Salvador García Soto y en dos más de quien esto escribe. Hay otras filtraciones internas que se están investigando sobre asuntos intragabinete, pero el perfil de la filtración de la denuncia de Lozoya está en el contexto de la investigación sobre de dónde obtuvieron su información los columnistas.

Lo que estamos observando con estos casos es un absoluto caos en el manejo de la información confidencial del gobierno y las contradicciones y choques dentro de Palacio Nacional, donde dirimen asuntos de seguridad nacional en la prensa. En el caso de Lozoya, las filtraciones son más graves, porque se supone hay una lucha contra la corrupción, y lo que se pone en riesgo es la legalidad y la legitimidad judicial del mismo, agravado por el hecho de que el primer incitador y violador de la secrecía de las investigaciones es el presidente de la República.

Gertz Manero tendrá que investigar el origen de las filtraciones, pero primero debería persuadir a López Obrador de que si su pecho no es una bodega, ello no significa que por sus creencias y desconocimiento violente sistemáticamente la ley y afecte los objetivos de una procuración y administración de justicia imparcial. Eso es a lo que todos debemos aspirar, aún cuando se enoje el Presidente.