Peña en Guanajuato: historias de corrupción.

Arnoldo Cuellar.

La forma esencial de hacer política del PRI, que logró catequizar al PAN a su llegada al poder en gubernaturas y en la propia Presidencia de la República, fue la corrupción: repartirse los bienes públicos entre cuates, para que las redes de complicidad crearan una omertá, o ley del silencio, como en cualquier mafia que se respete.

Sin embargo, el modelo de corrupción priista, floreciente en la cerrada sociedad mexicana del siglo XX, no pudo sobrellevar a la oxigenada vida pública del nuevo milenio y los modos del peñanietismo, frívolo además de corrupto, terminaron por hacer crisis en el 2018, hundiendo las expectativas electorales de ese partido cuyo regreso al poder fue un epílogo patético para una historia que, de acuerdo al clásico, se repitió como comedia.

Ahora, de nuevo bajo el expediente de las filtraciones y no de los procesos legales, surge a la luz pública el detalle siniestro de la corrupción que como pantalla se proponía “Mover a México”.

¿Sorprende a alguien ver videos de maletas repletas de billetes, saber de regalos de ferraris, conocer que los votos de la oposición se pagan en metálico o con favores? Parece que no: la clase política no goza de buena fama desde hace mucho tiempo en México.

Guanajuato no se escapa al auge de inmoralidad que inundó el país de la mano del regreso priista en el año de 2012. ¿Nombres? Gerardo Sánchez García, Francisco Arroyo Vieyra, Bárbara Botello Santibáñez.

Los principales dirigentes de corrientes del PRI, los políticos más exitosos para conseguir candidaturas, también se convirtieron en magnates a lo largo de los seis años del sexenio peñanietista, mostrando que por la vena priista no corría otra motivación más que la corrupción.

Gerardo Sánchez, consentido por Luis Videgaray desde la coordinación de campaña y la Secretaría de Hacienda, obtuvo no solo posiciones políticas, sino también recursos públicos, mediante subsidios legislativos y fondos para programas sociales. Los cientos de millones de pesos que formalmente iban destinados a orquestas infantiles y ballets escolares, terminaron convertidos en invernaderos de la familia Sánchez y en casas señoriales en varios municipios del estado, incluyendo Guanajuato y San Miguel de Allende, donde el metro cuadrado de terreno se tasa en dólares.

Francisco Arroyo encontró la veta en el tráfico de influencias desde el Congreso de la Unión, lo que le dio para impulsar despachos fachada desde los cuales acumuló una serie de casonas emblemáticas de Guanajuato, hoy convertidas en hoteles, además de un millón de dólares en una cuenta bancaria en el paraíso fiscal de Andorra. No contento con eso, Arroyo logró obtener de Peña Nieto un retiro dorado como embajador en Uruguay, donde lo sorprendió la revelación de sus “ahorros” en el principado europeo, para desdoro de la diplomacia mexicana.

Sin embargo, el éxito económico del ex legislador guanajuatense le alcanza para paliar su declinación política al estar convertido en un influyente aliado del alcalde panista Alejandro Navarro, quien le endosó en propiedad el sistema municipal de agua potable a través de su protegido Juan Sebastián Ávila, un funcionario sin mayores dotes que prosperó en la política municipal de la mano de Arroyo Vieyra, ocupando cargo tras cargo pese a su carencia de perfil.

El político también capitaliza su boom inmobiliario al rentar espacios para oficinas municipales de otras de sus múltiples propiedades, cuyas adquisiciones no se explican ni acumulando todas las dietas de un cuarto de siglo en cargos de los congresos local y federal.

Bárbara Botello le entregó a Peña Nieto un triunfo en la capital del panismo guanajuatense, en el 2012, lo que le fue recompensado con un apoyo absoluto desde la Presidencia de la República. Además del gasto ordinario del municipio de León, la Alcaldesa priista recibió aportaciones directas del erario federal para realizar obras y proyectos que se perdieron políticamente entre escándalos de corrupción que la llevaron a pisar la cárcel, al igual que a su tesorero Roberto Pesquera Vargas. Con ello se perdió la posibilidad de que el PRI pudiese convertirse en alternativa política para Guanajuato.

Así, el impulso electoral del 2012 después de la reconquista de la Presidencia de la República, se perdió en un mar de corrupción a nivel local y federal, lo que condujo a la pérdida de la alcaldía de León en 2015 y la presidencia de la República en 2018. El PRI descendió al tercer lugar electoral y su bancada ya lo hace formar entre la chiquillada del congreso.

El PRI que logró una fugaz restauración, reconstruido a golpe de mercadotecnia, protección de las grandes televisoras y ambiciones pecuniarias desatadas, no tuvo combustible para gobernar y hacer política tras el fracaso de los 12 años de gobiernos panistas y su desastre en materia de seguridad.

El PRI, de los Peña, Videgaray, Lozoya, Osorio y Ruiz Esparza, a nivel nacional; y de los Sánchez, Arroyo, Botello y Pesquera, no tenía más motivación que el enriquecimiento y lo lograron con creces, al precio incluso de entregar el poder en las manos de su adversario histórico.

¿Tiene algo que hacer ese PRI en las próximas elecciones en Guanajuato? Hay quienes así lo consideran, como la intermitente presidenta estatal, la potosina Ruth Tiscareño, quien parece considerar un logro de alta diplomacia el tener un consejo político equilibrado de arroyistas y gerardistas.

Es el PRI, la corrupción para ellos no es defecto sino parte sustancial del ADN. Así vivieron, así desaparecerán.