Por Sara
Pantoja.
Para
evitar la violencia policial en las manifestaciones, los uniformados deberán
llevar su número de identificación visible, en casco y chaleco, y en todas las
marchas deberá estar presente personal de la Dirección General de Asuntos
Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que solicitarán a los
manifestantes que entreguen los objetos que lleven –como martillos y palos–
para evitar daños.
Así lo
establece el “Acuerdo para la actuación policial en la prevención de violencias
y actos que transgreden el ejercicio de derechos durante la atención a
manifestaciones y reuniones de la CDMX”, presentado este lunes por el gobierno
capitalino y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
La
presentación ocurre dos meses después de que policías agredieron a la
adolescente Melani “N” en una manifestación en la zona de Polanco, el pasado 5
de junio, y luego de que el viernes 31 de julio un grupo de mujeres
encapuchadas se manifestó en favor del aborto legal en el país y protagonizó un
enfrentamiento con uniformadas en el Zócalo capitalino; seis oficiales mujeres
resultaron lesionadas.
De acuerdo
con el secretario de Gobierno, Jesús Alfonso Suárez del Real, dicho Acuerdo
se implementó en esta última manifestación que, reconoció, “se salió de
control” cuando el contingente llegó a la esquina de la avenida 20 de noviembre
y el circuito del Zócalo. Pero “ya sabemos lo que no tenemos que hacer… Se hizo
lo mejor que se pudo con la nueva forma de atender”, abundó.
Arturo
Medina, subsecretario de Gobierno, explicó que en este acuerdo se va a
privilegiar la comunicación, negociación y el diálogo para “reducir la tensión”
entre los manifestantes. En tanto, los policías usarán casco y escudo como
equipo de protección, “nunca armas letales”, y sólo deberán usar la fuerza
cuando el mando a cargo lo ordene y siempre con base en la perspectiva de
género, el principio de igualdad y no discriminación.
Para evitar
destrozos o daños a terceros, el funcionario local explicó que al detectar a
personas que lleven objetos –como palos, martillos, mazos, etcétera– los
llamarán para que hagan la entrega de éstos. Si no hay disposición, dijo, se
hará una evaluación entre el personal de las secretarías de Gobierno y de
Seguridad, y las organizaciones defensoras de derechos humanos. “Y si no es
eficaz este diálogo se podrá valorar, retener estos objetos o encauzar a
quienes los tienen, a efecto de que con pleno respeto a sus derechos humanos no
afecten la movilización”, agregó.
En este
punto, Suárez del Real aseguró que, si tras el diálogo los manifestantes no
ceden a entregar los instrumentos, la policía procederá al “encausamiento” de
su grupo para evitar que provoquen daños y así garantizar el derecho a la
manifestación a quienes vayan en una postura pacífica.
Sobre el
uso legítimo de la fuerza, reiteró que las autoridades harán el análisis y los
mandos “definirán en función de género y condiciones a efecto de no generar un
daño, sino de impedir que el resto de los participantes puedan verse dañados
físicamente”.
Pablo
Vázquez Camacho, subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del
Delito de la SSC, refrendó el compromiso de que el área de Asuntos Internos documentará
lo que sucede en las marchas mediante el programa de “testigos supervisores de
derechos humanos”, y elaborará informes puntuales de lo ocurrido.
En la
elaboración de este Acuerdo participó el Frente por la Libertad de Expresión y
la Protesta Social (FLEPS), además de que contó con la revisión de diputados
del Congreso local y de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos
Humanos de Naciones Unidas en su representación de la Ciudad de México.
Los derechos
de los policías.
Nashieli
Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
(CDHCM), explicó que el nuevo Acuerdo está armonizado con los derechos
humanos a la libertad de opinión y expresión, la reunión pacífica y la protesta
social.
Además, dijo,
cumple con los cinco principios que guían el uso legítimo y proporcional de la
fuerza: la absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y la
rendición de cuentas y verificación, así como con la Ley Nacional del Uso de la
Fuerza de mayo de 2019.
Destacó
que el nuevo acuerdo enfatiza en el derecho que tienen los policías de tener
acceso a los programas de asistencia médica, psicológica y jurídica
especializada, y “no podrá ser sancionado por negarse a cumplir con una orden
inconstitucional y notoriamente violatoria de derechos humanos”.
De igual
manera, reitera la “la tolerancia cero a cualquier acto de brutalidad policial”
y resalta la obligación de que los policías reciban la capacitación
correspondiente para intervenir en contexto de protesta social, así como en el
uso legítimo y proporcional de la fuerza, partiendo del enfoque diferenciado y
de género para la prevención del conflicto, y en la atención especial a grupos
vulnerables.
El nuevo
Acuerdo –agregó– complementa la regulación establecida en los otros tres
instrumentos normativos que tiene la Ciudad de México en torno a la protesta
social: el Protocolo de Actuación Policial de la SSC para la Protección de
Personas en el Contexto de Manifestaciones o Reuniones, el Protocolo de
Actuación de la Secretaría de Gobierno ante manifestaciones o reuniones y el
Acuerdo por el que se establecen mecanismos de coordinación entre las
autoridades que intervienen en la atención de bloqueos de vialidades primarias
como parte de la protesta social en la Ciudad de México, anunciado en noviembre
de 2019.
Nashieli
Ramírez aseguró que también considera el contenido de las Recomendaciones
7/2013, 9/2015, 10/2015, 11/2015, 16/2015 y 17/2015 y 11/2016 emitidas la
CDHCM.
La
ombudspearson enfatizó que con ese acuerdo se avanza en la comprensión de
que “cuando se habla de manifestaciones se habla del derecho a la protesta, el
derecho a la expresión y también se habla de los derechos de quienes no están
protestando para poder transitar y movilizarse en esta ciudad”.
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