Un caso gordo de corrupción para AMLO.

Darío Celis.

En casi dos años de gestión, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dejado claro que no se siente cómodo con las actividades empresariales de los particulares, aunque algunos de sus colaboradores han demostrado que prefieren hacer negocio con la política.

El caso más evidente es el del recién cesado subsecretario de Gobierno y ex administrador general de Aduanas, Ricardo Peralta, quien estableció en cada una de las oficinas que tuvo a su cargo una maquinaria para generar dinero, según abundantes denuncias, pruebas y testimonios.

Aquí narramos hace tiempo que a su paso por el sector aduanero, Peralta instaló una oficina privada en el número 530 de la avenida Prado Sur, en las Lomas de Chapultepec, en la que Arnoldo Martínez Rentería, entonces su segundo de a bordo, negociaba contratos con proveedores.

En aquel momento, por ejemplo, ese grupo buscaba ejercer 14 mil millones de pesos del fideicomiso aduanero, el casi desaparecido FACLA, para entregar proyectos de seguridad aduanera a empresas como Seguritech, de Ariel Picker, y de Kio Networks de Sergio Rosengaus.

A la par, Peralta puso en práctica la experiencia que adquirió en sus años como colaborador del Grupo Autofin, de Juan Antonio Hernández, y estableció una red de importación de autos a precios subvaluados, operada desde Mexicali por el exadministrador de la aduana Alejandro Miramontes.

Con el cambio a la Secretaría de Gobernación, en mayo de 2019, los negocios tuvieron que moverse de giro. De entrada, la estructura externa del nuevo subsecretario tuvo que mudarse a la avenida de Las Palmas, a una casona ubicada en el número 910.

Desde ahí, según sus propios excolaboradores, se operó a través del director de Juegos y Sorteos, Luis Calvo Reyes, el cobro de piso al sector de los casinos. Pero también se tejió una red de extorsiones y servicios especiales para empresas y políticos.

Ejemplo de ello fue el caso del paro de actividades en la mina El Peñasquito, en Zacatecas, en el que personal que participó en las negociaciones asegura que detrás de las compensaciones económicas solicitadas por los ejidatarios para permitir la operación de la mina, estaba Peralta.

Newmont Goldcorp señaló en diversas ocasiones esos intentos de extorsión.

Entre los servicios especiales a políticos, se destaca el que realizó al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, para aprehender por homicidio imprudencial al exdiputado Cipriano Charrez.

Se narra que el depuesto subsecretario convocó a reunión al político morenista y, al mismo tiempo, envió el mensaje a la PGJ hidalguense para que lo detuvieran en las mismas rejas de la Secretaría de Gobernación.

Actualmente, las puertas de la administración pública parecen ya haberse cerrado para un funcionario de este calibre, pero el deseo de continuar con los negocios se mantiene intacto y para ello dice tener ya estructurada una empresa de operación electoral.

Entre los posibles clientes que se tiene confirmado que se reunieron con Peralta para evaluar sus servicios, anote usted a aspirantes a gubernaturas como Víctor Castro en Baja California, Layda Sansores para Campeche, Indira Vizcaino para Colima, Cruz Pérez Cuéllar para Chihuahua, Félix Salgado para Guerrero, Cristóbal Arias para Michoacán, Miguel Ángel Navarro para Nayarit y Rubén Rocha para Sinaloa.

La mayoría de estos personajes acudieron a la casona de la avenida Las Palmas, incluso antes de la remoción del subsecretario de Gobierno, y algunos más, como Tatiana Clouthier de Nuevo León y David Monreal de Zacatecas, recibieron la visita de Peralta en sus propios estados.

Cabe destacar que, entre los expertos operadores electorales que vendió Peralta en sus servicios, estaban mencionados Omar Cervantes, director de Comunicación Social de la Segob, y Emilio Saldaña, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la dependencia, por lo que, a las irregularidades que pudieran encontrarse en todos estos hechos, se suma que se hizo uso indebido de la infraestructura y personal gubernamental.

LA UNIDAD DE Inteligencia Financiera, que capitanea Santiago Nieto, presentó querellas por lavado de dinero contra Softtek, la empresa regiomontana de Blanca Treviño. En paralelo, el SAT, que preside Raquel Buenrostro, empezó a citar a sus accionistas y principales directivos acusados de evadir el pago del Impuesto Sobre la Renta, a través de la figura de asimilados a salarios. Las autoridades tienen corroborado que con tal de disminuir su base gravable se recurrió a operaciones inexistentes vía factureras, con las que registraban deducciones altas y utilidades mínimas. Treviño se convirtió en el primer miembro del Consejo Mexicano de Negocios en ser señalado por lavado de dinero. Vaya dardo de la 4T.

BBVA ERA UNO de los 15 grandes contribuyentes a los que se había referido hace meses atrás Andrés Manuel López Obrador reacios a pagar lo que debían al SAT. Ahí estaban también FEMSA de José Antonio Fernández Carbajal, Wal-Mart que maneja Guilherme Loureiro, Alsea de Cosme Torrado, IBM que dirige Eduardo Gutiérrez y Grupo Modelo que comanda Cassiano de Stefano. El banco dirigido por Eduardo Osuna acordó ayer finalmente con los pupilos de Raquel Buenrostro liquidar 3 mil 200 millones de pesos, con lo que cierra este expediente. Corresponden a los ejercicios de 2006 a 2008 y de 2012 a 2015. La cifra fue sustancialmente menor a lo que le habíamos comentado aquí.

LA INDUSTRIA DE las telecomunicaciones, y particularmente las empresas de telefonía móvil, están en guardia. Y es que escondido en el Paquete Económico que presentó el martes el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la Ley de Derechos propone encarecer el espectro radioeléctrico. Y es que se pretende aumentar el cobro de los derechos de uso y explotación de las bandas celulares de 800 y 3.4 megahertz. Y lo que es peor: los genios financieros de la 4T quieren también subir los derechos para las redes de nueva generación, la 5G. Ya se imaginará la preocupación en América Móvil de Carlos Slim, AT&T que preside Mónica Aspe, Izzi que comanda Salvi Folch y Telefónica-Movistar que lidera Camilo Aya.

AYER LE DI cuenta que arrancó el proceso de mediación entre Prisa, que preside Javier Monzón, y Grupo Coral, de Miguel Alemán Magnani, para alcanzar un acuerdo sobre el control editorial y operativo de la cadena Radiópolis. Los hispanos ya designaron al exejecutivo de Grupo Caracol, el colombiano Ricardo Alarcón Gaviria. Pues bien, la contraparte también ya nombró a su mediador. Se trata ni más ni menos que el exministro de la Suprema Corte José Ramón Cossío. Se cree que con el acompañamiento de estos personajes pudiera encontrarse una salida al conflicto. Sobre este mismo asunto nos dicen que el abogado Juan Araujo todavía no llega a un arreglo con Prisa, respecto de los honorarios que pretende.