En un juicio político
que se llevó a cabo la tarde de este domingo, el gobernador Rafael Moreno Valle
fue declarado culpable de traicionar a los poblanos, por lo que acordó tramitar
un juicio político en su contra ante el Congreso de la Unión.
Reunidas en el Zócalo
de Puebla, distintas organizaciones, políticos y ciudadanos que se asumen como
“agraviados” durante el actual sexenio, tomaron la palabra para acusar al
mandatario poblano de cometer una serie de abusos, ilegalidades y atropellos
que pueden configurar delitos.
El activista de derechos humanos Pablo Herrera, quien fue
nombrado juez fiscal en una asamblea previa, aseguró que con este ejercicio
ciudadano se busca revertir el endeudamiento ilegal, establecer una amnistía
para los presos y perseguidos políticos y fincar responsabilidades contra
Moreno Valle.
La Fiscalía Popular fue encabezada por Lucio Ramírez Luna,
abogado y académico de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quien encontró
al gobernador responsable penal,
política y administrativamente de la probable comisión de los delitos de uso
indebido de atribuciones, abuso de autoridad, asociación delictuosa y los que
resulten.
El veredicto emitido enumera
entre otros hechos la deuda superior a 75 mil millones de pesos, que
presuntamente dejará el mandatario“…cometiendo toda clase de irregularidades
administrativas en el manejo de recursos públicos con el claro objetivo de
financiar la promoción de su nombre e imagen para posicionarse rumbo al proceso
electoral federal de 2018”.
Entre esas
irregularidades menciona el hecho de haber constituido un fideicomiso privado
para el manejo del impuesto sobre nómina por un período de 50 años, a favor de
la empresa Evercore, propiedad de Pedro Aspe Armella.
Moreno Valle igual
fue declarado responsable de haber propuesto una ley para reprimir por medio
del uso de la fuerza pública, la llamada Ley Bala que aún sigue vigente, y la
cual costó la vida del niño de 13 años, José Luis Tehuatlie Tamayo, “dejando
una estela de agravios y dolor aún sin resarcir a la comunidad de
Chalchihuapan”.
También, se tomó en
cuenta la existencia de siete indagatorias por parte de la Procuraduría General
de la República en contra de Moreno Valle entre las que destaca una por el delito
grave de espionaje a funcionarios públicos, periodistas, líderes sociales y
políticos, como a ciudadanos y disidentes de sus políticas.
Otro expediente
abierto, que igual se menciona en el veredicto, es el iniciado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el caso de la firma Blue-Icon, por
el delito de lavado de dinero en el que se involucra a su administración.
“Por uso faccioso del
Poder Judicial para la fabricación de delitos a modo, violentando toda garantía
de legalidad y debido proceso en contra de más de 300 presos, perseguidos o
procesados que existen en la actualidad, quienes se atrevieron a disentir de
sus políticas públicas, de los cuales seis continúan en la cárcel”, agrega
la resolución.
Otra de las irregularidades que se mencionan en el juicio
ciudadano, es que en el último año, el
gobierno de Moreno Valle concretó la venta de 20 inmuebles desincorporados del
patrimonio estatal por 325 millones de pesos, sin que haya dado a conocer el
nombre de los compradores, ni precisado las ventas concretadas durante los
otros años de su sexenio.
También, se mencionó
la privatización del Servicio de Agua Potable por un lapso de 60 años a favor
de la empresa Concesiones Integrales (formado por Grupo Financiero Monex, la
empresa Eppcor, Agua de México y Ticsa) la cual se constituyó el 23 de
diciembre de 2013, de acuerdo a su Registro Federal de Contribuyentes, no
obstante ganó la licitación el 12 de diciembre de ese mismo año.
Otro de los puntos que se expuso durante el juicio fue que
instituciones como Observatorio Violencia Sexual y Género y el Instituto de
Derechos Humanos Ignacio Ellacuría documentaron
186 casos de feminicidios cometidos durante su sexenio.
“Por lo antes expuesto, Rafael Moreno Valle es penal,
política y administrativamente responsable de la probable comisión de los
delitos de uso indebido de atribuciones, abuso de autoridad, asociación
delictuosa y los que le resulten”,
precisa el veredicto emitido tras el juicio.
Para concluir, los participantes anunciaron que se integrará
un expediente con las constancias de los hechos que pudieron representar
delitos para que se le promueva un juicio político ante el Congreso de la Unión
en término de lo dispuesto por los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución
Política del país.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.