En más de 20 municipios poblanos se vende gasolina robada.

En pocos días, el negocio del huachicol –como se le denomina popularmente al combustible robado de los ductos de Pemex– amplió sus horizontes en Puebla y ahora se ejerce en más de una veintena de municipios.

Desde principios de mes, Paco, un joven desempleado de esta ciudad, comenzó a ofrecer gasolina a 12 pesos el litro a vecinos y amigos. Armó su micro-negocio invirtiendo sólo lo necesario: condujo su auto hacia la central de abasto de Huixcolotla y compró decenas de garrafas de 25 litros del llamado huachicol, que trasladó a su domicilio en varios viajes.

Hoy, él y su familia venden el combustible robado a los ductos de Pemex. Y les está yendo bien, pues en el estado el litro de Magna cuesta 16.59 pesos, mientras que el de Premiun se cotiza en 18.36. Paco y los “huachicoleros” o “chupaductos” la consiguen entre ocho y 10 pesos.

En 2016 Puebla fue la entidad con mayor incidencia de robo de combustible del país. Los directivos de Pemex detectaron más tomas clandestinas que en ninguna otra parte: hasta septiembre pasado sumaban mil 145; en 2010, antes de que arrancara el sexenio de Rafael Moreno Valle, sólo había 49 tomas.

El antiguo “triángulo rojo” ahora se conoce como “la franja del huachicol”. La actividad delictiva se extendió a más de 20 municipios, entre ellos Tepeaca, ­Acatzingo, Quecholac, Tecamachalco, Palmar de Bravo, Tlacotepec de Benito Juárez, Esperanza, Amozoc, ­Xoxtla, ­Tochtepec, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca y el sur de la capital poblana.

En esa zona, el combustible ilegal se puede conseguir en múltiples puntos de venta a lo largo de las carreteras, así como en improvisadas tienditas o casas.

En febrero de 2016, el titular de la Fiscalía General del Estado, Víctor Carrancá, dijo en una entrevista televisiva que Los Zetas operaban el robo de combustibles en Puebla.

La situación se agravó, pues, a decir de las autoridades federales y municipales, la comercialización a gran escala del combustible robado, así como la ordeña de ductos y la venta en tambos, involucran ya a comunidades enteras.

“Esto es un trabajo con el que damos de comer a nuestros hijos”, sostiene un huachicolero de Quecholac. Y acusa: “El petróleo es de todos. Lo que quiere el gobierno es dárselo a Estados Unidos. Lo que quieren los políticos es robar. Nosotros sólo sacamos para la familia”.

Hoy, dice a la reportera un alcalde que pide omitir su nombre, cualquier chamaco sabe por dónde pasan los ductos de Pemex y cómo se hace una perforación para extraer el combustible; actividad que no puede entenderse sin la complicidad de personal de Pemex.

Y se pregunta: “¿Cómo sabe esta gente por dónde pasan los ductos? ¿Quién les enseñó a hacer las perforaciones? ¿Cómo saben cuándo va a correr el combustible?”.

Pueblos huachicoleros.

Pablo Morales Ugalde es un empresario gasolinero, pero desde 2014 funge como alcalde de Palmar de Bravo. En febrero de 2016, durante su segundo informe, sorprendió a la comunidad al declarar que, gracias a los huachicoleros que operan en su municipio, los ciudadanos compran gasolina más barata.

En la región algunos pobladores también los defienden. Por esas fechas, habitantes de Palmarito Tochpan, municipio de Quecholac, corrieron a pedradas a elementos del Ejército que habían asegurado un vehículo cargado con combustible robado. En varias poblaciones incluso veneran al Santo Niño Huachicolero –una adaptación del Santo Niño de Atocha–, quien carga una garrafa de dísel y una manguera y está rodeado de tambos de combustible.

Para Isabel Allende, delegada de la Secretaría de Gobernación en Puebla, en numerosas comunidades de la entidad el robo a Pemex ya no es vista como un delito, sino como una “oportunidad” o “modo de vida”.

“Lo preocupante es que los niños de esa zona crecen con la visión de que el robo del combustible permite a sus padres sostener a la familia, o que en sus casas o tienditas las amas de casa estén al frente del negocio. Eso refuerza la percepción de que ser huachicolero es una actividad económica y no un delito”, dice la funcionaria.

Peor aún, algunos habitantes son cooptados con fiestas o regalos de electrodomésticos para que no delaten a los huachicoleros. “Hay complicidad, pero también hay miedo”, señala.

Pese a ello, la creciente ordeña de ductos disparó los índices de violencia en una zona. El gobierno federal ha tratado de impulsar campañas de concientización, pero no ha tenido resultados, pues la mayoría de los huachicoleros esconde en sus casas el hidrocarburo robado.

Violencia.

El año pasado hubo 21 enfrentamientos entre presuntos chupaductos con tropas del Ejército y policías que dejaron cuatro muertos: un menor y tres uniformados.

El 27 de diciembre último, sujetos armados balearon una gasolinera en la población de Tochtepec, cuya concesionaria es la exdiputada federal perredista Aída Ramírez Torres y actual presidenta estatal de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas).

Los sicarios dejaron una cartulina en su negocio: “Síguete metiendo, esto es una advertencia. Cierra la boca o te la cerramos”.

Ramírez Torres había denunciado que los concesionarios de los municipios que integran el llamado “triángulo rojo” han resentido una caída de sus ventas en más de 80% debido a la venta de combustibles robados a Pemex.

También declaró que muchas de las gasolineras de Acatzingo, Palmar de Bravo, Tecamachalco, Tepeaca, Quecholac y otros municipios están siendo vendidas por incosteables.

A principios de mes, un policía federal fue asesinado y tres militares resultaron heridos por presuntos huachicoleros. Además, se incrementaron los robos de autos y los asaltos.

En localidades como Palmar de Bravo, Palmarito Tochpan, San Bartolomé Hueyapan, la Magdalena Tetela, San Matías Tlalancaleca y Acatzingo grupos armados se disputan el territorio, según las autoridades.

La PGR admite que algunas gasolineras poblanas venden al público combustible robado; incluso los conductores de transporte de carga, camiones urbanos y taxis de la ciudad de Puebla lo compran para “bajar sus gastos”.

El PRI y el PAN aseguran que por lo menos cinco alcaldes, entre ellos los de Tochtepec de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Marcos Pérez Calderón y Francisco Palacios Lorenzo, respectivamente, han sido amenazados para que dejen operar a los huachicoleros.

A mediados de diciembre pasado, en San Miguel Xonacatepec, junta auxiliar de la ciudad de Puebla, un grupo delincuencial se llevó a dos policías estatales y pidió a las autoridades la liberación de una pipa decomisada con carburante robado y del chofer como intercambio.

Omisión o complicidad.

La diputada perredista Socorro Quezada Tiempo sostiene que el robo de combustibles es resultado de la complicidad de las autoridades de todos los niveles, en particular del gobierno de Moreno Valle.

“Por proyectos personales y sueños casi inalcanzables de lograr la candidatura presidencial, el gobierno de Moreno Valle descuidó el tema de la seguridad. Eso desató la delincuencia”, comenta la legisladora local.

Según ella, las autoridades “dejaron que esto creciera al grado de que ahora tendrán que enfrentarse a comunidades enteras para combatirla”.

Y pone un ejemplo de esa complicidad: a mediados de julio de 2015, cuando detuvieron al director general de la Policía Estatal en Puebla, Marco Antonio Estrada López, y el encargado del Grupo de Operaciones Especiales, Tomás Méndez Lozano, por custodiar vehículos con hidrocarburo robado, la administración de Moreno Valle no actuó.

El jefe directo de ambos los dos detenidos, Facundo Rosas, entonces secretario de Seguridad del estado, se retiró del cargo sin ningún señalamiento por parte del gobierno estatal.

A Roxana Luna, exdiputada federal y candidata a la gubernatura, le resulta sospechoso que los índices delictivos se dispararan durante la gestión de Moreno Valle.

En su edición del martes 10, el diario local El Popular publicó que de las 258 personas detenidas por el robo de hidrocarburos en Puebla de 2011 a noviembre de 2016, 204 fueron liberadas; sólo fueron procesadas 54, de las cuales la mitad obtuvieron libertad bajo caución.

Ciudadanos y alcaldes comentan a la corresponsal que las autoridades estatales son omisas cuando ellos presentan quejas o piden ayuda para atrapar a los chupaductos. Afirman que éstas siempre responden que no pueden actuar, pues se trata de un delito federal.