Por considerar que se
invaden sus facultades, Enrique Peña Nieto ordenó interponer una controversia
constitucional en contra del Congreso de la Unión y el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT). El motivo: reclama el ejercicio de regular el derecho
de las audiencias.
En conferencia de prensa, el consejero jurídico del
Ejecutivo federal, Humberto Castillejos Cervantes, anunció la acción por
considerar que el texto constitucional no faculta al IFT a regular los derechos
de las audiencias, en tanto, la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión autoriza al organismo la emisión de disposiciones generales,
siempre y cuando correspondan a las funciones del sector telecomunicaciones.
Por lo anterior, la decisión de controvertir se funda en
que, a juicio del presidente, el Congreso no legisló como correspondía y el IFT
emitió disposiciones que invaden el ámbito de acción del titular del Ejecutivo
federal.
“La Constitución no le otorga al IFT la atribución para
regular los derechos de las audiencias”, dijo en conferencia Humberto
Castillejo Cervantes, consejero jurídico del presidente.
El pasado 2 de diciembre, el IFT emitió los Lineamientos
Generales sobre la Defensa de las Audiencias, con el objetivo de garantizar los
derechos de los usuarios de radio, televisión y servicios restringidos, así
como de garantizar el derecho de acceso a la información, la libertad de
expresión y de recepción de contenidos.
Desde que el pleno
del IFT aprobó los lineamientos mencionados, especificó que eran parte de su
ámbito de competencia pero expuso, en un comunicado, que reconocía
“expresamente las facultades de otras autoridades en la materia”.
La controversia
explicada hoy por Castillejos Cervantes pretende que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación declare inválidos los ocho artículos de dichos
lineamientos “por tener un vicio de origen”, esto es, la invasión de una
competencia del Ejecutivo federal.
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